Una asociación de perjudicados se reúne este domingo para debatir si asumen las riendas del proyecto y construyen el resort
02.02.10 - 01:05 -
GUILLERMO HERMIDA MURCIA. / la Verdad
02.02.10 - 01:05 -
GUILLERMO HERMIDA MURCIA. / la Verdad
Ven muy difícil recuperar su dinero, así que van a apostar por tener sus casas, aquellas que les prometieron que disfrutarían este mismo año. Un cada vez más numeroso grupo de afectados por la suspensión de pagos del Grupo Trampolín quiere constituir una cooperativa para quedarse con la sociedad, ahora administrada por el juzgado, y levantar por sí mismos las viviendas del complejo de Campos del Río, en el que estaba previsto construir casi 2.500 casas.
El primer paso será su constitución como asociación, en una asamblea que tienen previsto celebrar el próximo domingo en un lugar aún por determinar. Según Francisco Ibarra, uno de los promotores «aún a nivel particular» de esta opción, la deuda del grupo podría pagarse con los terrenos, que están libres de cargas, y con el propio proyecto, tras lo que buscarían financiación para comenzar las obras y una constructora que se hiciera cargo de las mismas.
«Sabemos que no todos van a estar de acuerdo», señalaba Ibarra, «pero es factible y no sería complicado, siempre y cuando las administraciones públicas, que en su momento miraron para otro lado, se impliquen en un problema que afecta a mucha gente y está dando una pobre imagen de la Región».
El plan se activará incluso antes de la anunciada reunión del día 7, concretamente este jueves. Para entonces tienen prevista una reunión con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región, a la que van a explicar su idea y a pedir asesoramiento. De paso, dejarán sobre la mesa su propuesta para la compañía que quiera hacerse cargo de la obra.
«De los 2.000 afectados suponemos que la mitad van a implicarse en el proyecto para ver cumplido su sueño de tener casa», explica Ibarra; «la cuestión sería que las otras 1.500 viviendas podrían constituir el pago para la misma». De ahí también habría que conseguir el dinero para compensar a aquéllos que compraron más de una casa y sólo quiere ahora una; o para terminar de pagar otros gastos derivados de la suspensión de pagos.
Para hacer incluso más atractivo el proyecto, los afectados señalan que tanto el proyecto urbanístico como los propios diseños de las casas entrarían en la compensación por los 53 millones de euros que adelantaron, en concepto de dinero a cuenta, a Trampolín Hills.
«Las casas -explica- saldrían casi a precio de coste, pero además queremos que tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento hagan más atractivo el proyecto, aplicando exenciones o quitas en los impuestos que se cobrarían, incluyendo las licencias de obra o el IBI». Para comenzar este camino, ya han pedido oficialmente tanto al presidente Valcárcel como al líder de los socialistas, Pedro Saura, sendas entrevistas para hacerles ver las «ventajas» de la salida de este túnel: «Se crearía riqueza y empleo en la zona, y nosotros tendríamos nuestras casas al fin», señala.
Sobre el resto de las viviendas, que comercializaría la promotora, piensa que hay «muchas posibilidades» de que se vendieran, máxime teniendo en cuenta que sólo la instalación del nuevo penal de Campos del Río atraerá a la zona a al menos medio millar de nuevos residentes, entre funcionarios de prisiones y agentes de la Guardia Civil.
Menos les preocupa el campo de golf que iba a presidir el resort de Campos del Río. Los afectados explican que «si no es viable, que no se haga», pero pedirían una infraestructura «compensatoria» o que las viviendas dispusieran de la máxima eficiencia energética, «algo que daría otro impulso a un sector que sufre mucho la crisis inmobiliaria».
Además de la posible constitución de una cooperativa, existen otras dos salidas al conflicto, ambas impulsadas por los promotores de Trampolín Hills. Una de ellas, poco viable, pasa por conseguir financiación externa para comenzar a construir viviendas. «Pero si ahora nadie se arriesga a financiar proyectos urbanísticos, menos lo va a hacer con una promotora intervenida judicialmente», admiten fuentes próximas a la compañía.
La otra es vender todo el proyecto a una constructora. Ésta es bastante más factible, sobre todo por el hecho de que los terrenos están libres de cargas -una auditoría reciente fija su valor en 87 millones de euros- y además recalificados.
El primer paso será su constitución como asociación, en una asamblea que tienen previsto celebrar el próximo domingo en un lugar aún por determinar. Según Francisco Ibarra, uno de los promotores «aún a nivel particular» de esta opción, la deuda del grupo podría pagarse con los terrenos, que están libres de cargas, y con el propio proyecto, tras lo que buscarían financiación para comenzar las obras y una constructora que se hiciera cargo de las mismas.
«Sabemos que no todos van a estar de acuerdo», señalaba Ibarra, «pero es factible y no sería complicado, siempre y cuando las administraciones públicas, que en su momento miraron para otro lado, se impliquen en un problema que afecta a mucha gente y está dando una pobre imagen de la Región».
El plan se activará incluso antes de la anunciada reunión del día 7, concretamente este jueves. Para entonces tienen prevista una reunión con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región, a la que van a explicar su idea y a pedir asesoramiento. De paso, dejarán sobre la mesa su propuesta para la compañía que quiera hacerse cargo de la obra.
«De los 2.000 afectados suponemos que la mitad van a implicarse en el proyecto para ver cumplido su sueño de tener casa», explica Ibarra; «la cuestión sería que las otras 1.500 viviendas podrían constituir el pago para la misma». De ahí también habría que conseguir el dinero para compensar a aquéllos que compraron más de una casa y sólo quiere ahora una; o para terminar de pagar otros gastos derivados de la suspensión de pagos.
Para hacer incluso más atractivo el proyecto, los afectados señalan que tanto el proyecto urbanístico como los propios diseños de las casas entrarían en la compensación por los 53 millones de euros que adelantaron, en concepto de dinero a cuenta, a Trampolín Hills.
«Las casas -explica- saldrían casi a precio de coste, pero además queremos que tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento hagan más atractivo el proyecto, aplicando exenciones o quitas en los impuestos que se cobrarían, incluyendo las licencias de obra o el IBI». Para comenzar este camino, ya han pedido oficialmente tanto al presidente Valcárcel como al líder de los socialistas, Pedro Saura, sendas entrevistas para hacerles ver las «ventajas» de la salida de este túnel: «Se crearía riqueza y empleo en la zona, y nosotros tendríamos nuestras casas al fin», señala.
Sobre el resto de las viviendas, que comercializaría la promotora, piensa que hay «muchas posibilidades» de que se vendieran, máxime teniendo en cuenta que sólo la instalación del nuevo penal de Campos del Río atraerá a la zona a al menos medio millar de nuevos residentes, entre funcionarios de prisiones y agentes de la Guardia Civil.
Menos les preocupa el campo de golf que iba a presidir el resort de Campos del Río. Los afectados explican que «si no es viable, que no se haga», pero pedirían una infraestructura «compensatoria» o que las viviendas dispusieran de la máxima eficiencia energética, «algo que daría otro impulso a un sector que sufre mucho la crisis inmobiliaria».
Además de la posible constitución de una cooperativa, existen otras dos salidas al conflicto, ambas impulsadas por los promotores de Trampolín Hills. Una de ellas, poco viable, pasa por conseguir financiación externa para comenzar a construir viviendas. «Pero si ahora nadie se arriesga a financiar proyectos urbanísticos, menos lo va a hacer con una promotora intervenida judicialmente», admiten fuentes próximas a la compañía.
La otra es vender todo el proyecto a una constructora. Ésta es bastante más factible, sobre todo por el hecho de que los terrenos están libres de cargas -una auditoría reciente fija su valor en 87 millones de euros- y además recalificados.
