14.02.10 - 01:33 -JULIÁN MOLLEJO / La Verdad
Una decena de alcaldes ha pedido auxilio al Gobierno regional para cambiar inversiones por ayudas para pagar las nóminas
Amenazas de corte de luz, demandas por el impago de deuda, retrasos en las nóminas... Los ayuntamientos capean a duras penas los estragos de la crisis económica
La compañía eléctrica primero recurre a los avisos, llega incluso a las amenazas más o menos veladas, como ha reconocido algún alcalde que las ha sufrido, y si todo eso no da resultado es cuando se produce el corte del suministro. El Ayuntamiento de San Javier se encuentra en la segunda fase. Si no paga antes del próximo 24 de febrero, Iberdrola, a la que el municipio marmenorense adeuda 350.000 euros, habrá apagón.
El pago de los empleados es otro de los asuntos que desvela por la noche a muchos regidores municipales. El alcalde de Moratalla, Juan Llorente, admite que el pasado mes de diciembre los funcionarios cobraron con retraso (la oposición asegura que hasta mediados de mes no ingresaron las nóminas), pero se excusa con que se trata de un mal general: «¿Qué ayuntamiento no está pagando cuando puede?», comenta el regidor.
Cómo y a quién se paga
En realidad todos. Pagan cuando pueden y lo que pueden, y con un claro orden de prioridad, puesto que no hay para todos: primero las nóminas de los funcionarios, luego los servicios básicos, y, entre éstos, primero los de carácter social, después los gastos corrientes que garantizan el funcionamiento diario de las dependencias municipales, por último a los proveedores. Entre las empresas proveedoras, antes se procura pagar a las más pequeñas que a las más grandes (como por ejemplo Iberdrola), las cuales, en teoría, tienen más capacidad de aguante. Según este orden tácito de prelación en los pagos municipales en tiempos de crisis, el primer síntoma de alarma es el retraso en el plazo de pago a los proveedores, y el último, el que avisa del colapso inminente, es cuando surgen dificultades para abonar el salario a los empleados públicos.
La consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, de la que dependen las competencias en administración local, afirma que «entre ocho y diez ayuntamientos ya se han dirigido este año al Gobierno regional porque dudan si podrán hacer frente al pago de las nóminas».
El Ejecutivo autónomo, también a petición de los ayuntamientos, duplicó en los presupuestos de este año, hasta alcanzar los 25 millones de euros y a costa de las inversiones locales, la partida destinada a financiar el gasto corriente de los municipios. Pero esta cantidad se ha quedado corta ya en el mes de enero, a juzgar por la llamada de auxilio de los alcaldes.
Esta decena de alcaldes que han lanzado el SOS al palacio de San Esteban han propuesto cambiar parte de las inversiones que tienen asignadas en el presupuesto de la Comunidad para 2010 por ayudas directas que les permitan pagar las nóminas y el gasto de funcionamiento de sus ayuntamientos.
La solución no es tan simple, según la consejera Reverte, dado que algunas de las partidas de inversión que los alcaldes consideran en la actualidad prescindibles están sujetas a programas o normativas nacionales. Para tratar de hallar una solución, se ha creado una comisión permanente entre municipios y Gobierno regional en el seno de la Federación de Municipios de la Región para ver, caso por caso, qué partidas pueden transformarse en salvavidas municipales.
Demandas judiciales
Los funcionarios municipales de Calasparra, de momento, no han tenido problemas para cobrar cada fin de mes, pero sí que se han visto obligados a posponer para 2011 los incrementos salariales que habían pactado con el Ayuntamiento para este año, y en Yecla, la prevista aplicación del plan de pensiones para los funcionarios ha quedado en suspenso.
Uno de los principales frentes de la batalla financiera de los ayuntamientos son las empresas proveedoras, problema que está originando un nuevo quebradero de cabeza dado que muchos empresarios han empezado a recurrir a los tribunales. En los últimos dos años, el plazo de pago de los municipios se ha extendido hasta los seis e incluso doce meses, según la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM).
Como respuesta, los empresarios, cada vez en mayor número, han optado por hacer uso del derecho que les reconoce la ley de Contratos para reclamar judicialmente la deuda con intereses de demora cuando el impago excede los cuatro meses.
El secretario general de la patronal murciana CROEM, Clemente García, defiende la reclamación judicial de la deuda por parte de los proveedores: «No tienen más remedio, porque la deuda de las administraciones públicas está asfixiando a las empresas, situando a algunas al borde de la supervivencia. Por la vía de retrasar el plazo de pago, las empresas son las que terminan financiando el gasto de las administraciones públicas».
Recortes en todo
La necesidad, que según el aforismo popular agudiza el ingenio, ha obligado a los alcaldes a aplicar recortes en casi todos los capítulos de gastos y a aplicar medidas singulares. En el Ayuntamiento de Beniel, por ejemplo, se ha dado orden de fotocopiar las hojas por las dos caras y sólo en blanco y negro; en Puerto Lumbreras la consigna es utilizar el correo electrónico en lugar del postal, y en San Pedro se ha decidido pagar las comidas de trabajo a escote.
De entre las medidas de ahorro, llama la atención el sistema de eficiencia energética en el alumbrado público que quiere instalar Calasparra, el cual gradúa automáticamente la potencia lumínica de las farolas en función de la intensidad de la luz natural.
Los gastos en protocolo, publicidad y fiestas son los primeros en sufrir el tijeretazo. Le siguen las horas extras de los funcionarios y las facturas telefónicas, que algún municipio, como La Unión, ha logrado reducir en un 50% gracias a renegociar las tarifas con una nueva compañía. La Unión es ejemplo de otra de las medidas habituales en estos tiempos: 18 trabajadores temporales acaban su contrato en junio y a ninguno se le renovará.
Casos excepcionales son los de Fuente Álamo y Alhama. El primero porque, a pesar del agobio financiero, este año ha incrementado los gastos en fiestas, protocolo y dietas de la corporación. El segundo porque no sabe lo que son los agobios financieros gracias a los 21 millones de euros ingresados por convenios urbanísticos.
Los ayuntamientos se dividen entre los que están mal y los que están fatal. Ninguno se salva. La crisis se ha cebado con la administración pública más débil, que se ha visto abocada a bordear la economía de guerra para salir adelante. Preguntarle hoy en día a un alcalde '¿cómo van las cosas?' supone arriesgarse a oír una retahíla de lamentos y penurias difícil de resumir en un par de páginas. Cortes de luz por el impago de la factura eléctrica, retrasos en el abono de las nóminas a los funcionarios, demandas judiciales de proveedores para exigir el cobro de los intereses de demora, inversiones aplazadas, trabajadores eventuales que es imposible renovar... Lo peor de todo, según cuentan los regidores, es que tan odiosas medidas suelen afectar directamente a tus vecinos, amigos y hasta familiares.
Las consecuencias más llamativas de la indigencia en que se encuentran muchos de los ayuntamientos de la Región han sido los cortes de suministro eléctrico por impago, como le ocurrió al Centro Cultural de Lorca el mes pasado. Iberdrola prefiere no dar datos ni nombres, pero los recibos de la luz sin pagar de los ayuntamientos se han multiplicado en los dos últimos años.
El pago de los empleados es otro de los asuntos que desvela por la noche a muchos regidores municipales. El alcalde de Moratalla, Juan Llorente, admite que el pasado mes de diciembre los funcionarios cobraron con retraso (la oposición asegura que hasta mediados de mes no ingresaron las nóminas), pero se excusa con que se trata de un mal general: «¿Qué ayuntamiento no está pagando cuando puede?», comenta el regidor.
Cómo y a quién se paga
En realidad todos. Pagan cuando pueden y lo que pueden, y con un claro orden de prioridad, puesto que no hay para todos: primero las nóminas de los funcionarios, luego los servicios básicos, y, entre éstos, primero los de carácter social, después los gastos corrientes que garantizan el funcionamiento diario de las dependencias municipales, por último a los proveedores. Entre las empresas proveedoras, antes se procura pagar a las más pequeñas que a las más grandes (como por ejemplo Iberdrola), las cuales, en teoría, tienen más capacidad de aguante. Según este orden tácito de prelación en los pagos municipales en tiempos de crisis, el primer síntoma de alarma es el retraso en el plazo de pago a los proveedores, y el último, el que avisa del colapso inminente, es cuando surgen dificultades para abonar el salario a los empleados públicos.
La consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, de la que dependen las competencias en administración local, afirma que «entre ocho y diez ayuntamientos ya se han dirigido este año al Gobierno regional porque dudan si podrán hacer frente al pago de las nóminas».
El Ejecutivo autónomo, también a petición de los ayuntamientos, duplicó en los presupuestos de este año, hasta alcanzar los 25 millones de euros y a costa de las inversiones locales, la partida destinada a financiar el gasto corriente de los municipios. Pero esta cantidad se ha quedado corta ya en el mes de enero, a juzgar por la llamada de auxilio de los alcaldes.
Esta decena de alcaldes que han lanzado el SOS al palacio de San Esteban han propuesto cambiar parte de las inversiones que tienen asignadas en el presupuesto de la Comunidad para 2010 por ayudas directas que les permitan pagar las nóminas y el gasto de funcionamiento de sus ayuntamientos.
La solución no es tan simple, según la consejera Reverte, dado que algunas de las partidas de inversión que los alcaldes consideran en la actualidad prescindibles están sujetas a programas o normativas nacionales. Para tratar de hallar una solución, se ha creado una comisión permanente entre municipios y Gobierno regional en el seno de la Federación de Municipios de la Región para ver, caso por caso, qué partidas pueden transformarse en salvavidas municipales.
Demandas judiciales
Los funcionarios municipales de Calasparra, de momento, no han tenido problemas para cobrar cada fin de mes, pero sí que se han visto obligados a posponer para 2011 los incrementos salariales que habían pactado con el Ayuntamiento para este año, y en Yecla, la prevista aplicación del plan de pensiones para los funcionarios ha quedado en suspenso.
Uno de los principales frentes de la batalla financiera de los ayuntamientos son las empresas proveedoras, problema que está originando un nuevo quebradero de cabeza dado que muchos empresarios han empezado a recurrir a los tribunales. En los últimos dos años, el plazo de pago de los municipios se ha extendido hasta los seis e incluso doce meses, según la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM).
Como respuesta, los empresarios, cada vez en mayor número, han optado por hacer uso del derecho que les reconoce la ley de Contratos para reclamar judicialmente la deuda con intereses de demora cuando el impago excede los cuatro meses.
El secretario general de la patronal murciana CROEM, Clemente García, defiende la reclamación judicial de la deuda por parte de los proveedores: «No tienen más remedio, porque la deuda de las administraciones públicas está asfixiando a las empresas, situando a algunas al borde de la supervivencia. Por la vía de retrasar el plazo de pago, las empresas son las que terminan financiando el gasto de las administraciones públicas».
Recortes en todo
La necesidad, que según el aforismo popular agudiza el ingenio, ha obligado a los alcaldes a aplicar recortes en casi todos los capítulos de gastos y a aplicar medidas singulares. En el Ayuntamiento de Beniel, por ejemplo, se ha dado orden de fotocopiar las hojas por las dos caras y sólo en blanco y negro; en Puerto Lumbreras la consigna es utilizar el correo electrónico en lugar del postal, y en San Pedro se ha decidido pagar las comidas de trabajo a escote.
De entre las medidas de ahorro, llama la atención el sistema de eficiencia energética en el alumbrado público que quiere instalar Calasparra, el cual gradúa automáticamente la potencia lumínica de las farolas en función de la intensidad de la luz natural.
Los gastos en protocolo, publicidad y fiestas son los primeros en sufrir el tijeretazo. Le siguen las horas extras de los funcionarios y las facturas telefónicas, que algún municipio, como La Unión, ha logrado reducir en un 50% gracias a renegociar las tarifas con una nueva compañía. La Unión es ejemplo de otra de las medidas habituales en estos tiempos: 18 trabajadores temporales acaban su contrato en junio y a ninguno se le renovará.
Casos excepcionales son los de Fuente Álamo y Alhama. El primero porque, a pesar del agobio financiero, este año ha incrementado los gastos en fiestas, protocolo y dietas de la corporación. El segundo porque no sabe lo que son los agobios financieros gracias a los 21 millones de euros ingresados por convenios urbanísticos.
Los ayuntamientos se dividen entre los que están mal y los que están fatal. Ninguno se salva. La crisis se ha cebado con la administración pública más débil, que se ha visto abocada a bordear la economía de guerra para salir adelante. Preguntarle hoy en día a un alcalde '¿cómo van las cosas?' supone arriesgarse a oír una retahíla de lamentos y penurias difícil de resumir en un par de páginas. Cortes de luz por el impago de la factura eléctrica, retrasos en el abono de las nóminas a los funcionarios, demandas judiciales de proveedores para exigir el cobro de los intereses de demora, inversiones aplazadas, trabajadores eventuales que es imposible renovar... Lo peor de todo, según cuentan los regidores, es que tan odiosas medidas suelen afectar directamente a tus vecinos, amigos y hasta familiares.
Las consecuencias más llamativas de la indigencia en que se encuentran muchos de los ayuntamientos de la Región han sido los cortes de suministro eléctrico por impago, como le ocurrió al Centro Cultural de Lorca el mes pasado. Iberdrola prefiere no dar datos ni nombres, pero los recibos de la luz sin pagar de los ayuntamientos se han multiplicado en los dos últimos años.
RECETARIO LOCAL CONTRA LA CRISIS
1. Congelar el sueldo de los concejales y las asignaciones a los grupos municipales.
2. Reducción al máximo de las horas extras a realizar por los funcionarios.
3. Reducción de gastos de protocolo y publicidad lo máximo posible. También la partida destinada a fiestas.
4. Congelación de la plantilla de empleados públicos y no renovación de los contratos temporales.
5. Renegociación del contrato telefónico con otra compañía para reducir la facturación.
6. Renovación de la iluminación pública con lámparas de bajo consumo.
7. Recortes en el material de oficina (fotocopias a doble cara para reducir el consumo de papel y limitar las impresiones a color).
8. Instalar dispositivos para reducir el consumo de agua y reducir el riego de los jardines.
1. Congelar el sueldo de los concejales y las asignaciones a los grupos municipales.
2. Reducción al máximo de las horas extras a realizar por los funcionarios.
3. Reducción de gastos de protocolo y publicidad lo máximo posible. También la partida destinada a fiestas.
4. Congelación de la plantilla de empleados públicos y no renovación de los contratos temporales.
5. Renegociación del contrato telefónico con otra compañía para reducir la facturación.
6. Renovación de la iluminación pública con lámparas de bajo consumo.
7. Recortes en el material de oficina (fotocopias a doble cara para reducir el consumo de papel y limitar las impresiones a color).
8. Instalar dispositivos para reducir el consumo de agua y reducir el riego de los jardines.
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