Se plantea recortar altos cargos y organismos, así como recuperar el Impuesto de Patrimonio, «para que los empleados públicos no sean los únicos sacrificados» 
08.02.12 - 00:40 -
M. BUITRAGO | MURCIA./ la Verdad
No hubo sorpresas. La nueva reunión de la Mesa General de la Función Pública terminó ayer sin acuerdo sobre la ampliación de la jornada semanal de 37,5 horas para los funcionarios y empleados públicos. El Gobierno regional seguirá adelante con su propuesta para conseguir un ahorro de 111 millones de euros, cuyo impacto en el empleo se conocerá una vez que las mesas sectoriales analicen cómo se distribuye el nuevo horario en cada servicio de la sanidad, la educación y el resto de la Administración autonómica. UGT y CCOO estiman que tendrá un coste de entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo de interinos y eventuales, tomando como referencia la minoración de la plantilla total. El consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, apunta que el Ejecutivo seguirá adelante con la ampliación de jornada, y considera que es muy pronto para calcular qué impacto tendrá en los trabajadores. A su juicio, «nadie puede decir ahora cómo va a afectar en número de empleos». La Comunidad Autónoma prevé más de 1.000 jubilaciones este año que no se van a cubrir.
El consejero pidió en la reunión de ayer tarde «la comprensión» de los sindicatos para aplicar esta medida que considera «obligada por la situación económica», al tiempo reiteró que el plan de reequilibrio financiero que está elaborando «va a repartir los sacrificios entre todos los sectores», como adelantó el pasado domingo a este diario. «Los empleados públicos no van a ser los únicos que soporten el coste de esta crisis», reiteró a este diario.
Para el Gobierno regional, todo está bajo revisión, hasta el punto de que ese reparto del sacrificio puede afectar también a los empresarios y a la estructura de la Administración regional. En este sentido, no se descarta que se reduzca más el número de altos cargos, las subvenciones nominativas y el número de empresas públicas. Todos los organismos autónomos , fundaciones y entes están en estos momentos bajo la lupa. En el otro platillo de la balanza están las fórmulas para conseguir mayores ingresos. Una vía será la lucha contra la economía sumergida, con la que se pretende que aflore esta actividad irregular, para lo cual se elaborará un plan en los próximos seis meses con la participación de los sindicatos. Sobre la petición de éstos de gravar las rentas más altas, el Gobierno regional podría analizar la recuperación del Impuesto de Patrimonio. El consejero matiza al respecto que no hay ninguna medida tomada, y que la decisión debe corresponder al Consejo de Gobierno, una vez que se ultime el plan de reequilibrio.
Conflictividad social
Bernal considera que ahora toca recortar las condiciones de los funcionarios después de que en el periodo 2007-2010, cuando las arcas autonómicas no estaban muy boyantes, se aumentó el empleo público y se mejoraron los ingresos con los acuerdos de homologación y de pagas extra. Con este argumento reclamó la «comprensión» hacia la jornada de 37,5 horas que los dirigente sindicales no aceptan. Tanto UGT como CCOO dan por cerrada la vía negociadora en esta medida, si bien siguen abiertas las conversaciones sobre la reforma de la ley de la Función Pública, el absentismo laboral y la redistribución de efectivos.
Antonio Francisco Ferrández, secretario general de FETE-UGT, cifra en más de 2.500 los empleos que se van a destruir ampliando la jornada y apunta que esta línea está cerrada tras la decisión del Ejecutivo de legislar sobre las 37,5 horas en las próximas semanas. Precisa que el impacto laboral se conocerá con exactitud cuando se reúnan las mesas sectoriales.
Pedro Manuel Vicente, coordinador del área de la función pública de CCOO, declara que los sindicatos han puesto sobre la mesa un paquete de medidas sobre los cuales puede actuar la Comunidad sin tener que destruir puestos de trabajo. Éste valora la «autocrítica» que ha realizado el consejero Juan Bernal sobre la situación financiera a la que ha llegado la Comunidad Autónoma, pero rechaza de plano la ampliación de jornada.
Daniel Bueno, secretario general de CC OO, censura la estrategia de destruir empleo y anuncia que habrá conflictividad jurídica porque a su juicio «no hay amparo legal» para las 37,5 horas, toda vez que se acordó volver a las 36,5 horas si no había acuerdo entre las partes». Recalcó que los despidos acarrearán la pérdida de calidad de los servicios e influirán en la dinámica de la economía regional al reducirse el consumo. Sobre la posibilidad de que el rechazo se exprese en manifestaciones, Bueno comentó que «es indudable que habrá conflictividad social», aunque cree que es pronto para tomar una decisión al respecto. «Llevamos dos presupuestos de la Comunidad Autónoma enmendados nada más ser aprobados por la Asamblea Regional. Ocurrió en 2011 y ahora en 2012. Es una mala dinámica», apostilló.
Tras la fracasada reunión que tuvo lugar ayer tarde en la antigua sede de Hefame, en la que además de Juan Bernal participaron los consejeros de Sanidad y Empleo y Formación, María Ángeles Palacios y Constantino Sotoca, las delegaciones de CCOO y UGT lanzaron un comunicado sobre el documento que la Comunidad les puso la semana pasada encima de la mesa, que consideran una continuación de la 'ley del tijeretazo'.
Continuidad del 'tijeretazo'
Destacan que la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas «no está amparada legalmente ni por la ley de Presupuestos, que disponía que en caso de desacuerdo se mantendrían las 36,5 horas de la Ley de Medidas Extraordinarias, ni por el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes aprobado por el Gobierno de España el pasado 30 de diciembre».
Para ambos sindicatos, este aumento de la jornada de trabajo semanal supondrá, de llevarse a cabo, «destruir empleo público, aumentar la escandalosa cantidad de desempleados en nuestra Región y deteriorar gravemente la calidad de los servicios públicos», apostillan los sindicatos. Sostienen que el Gobierno regional «equivoca el camino al insistir en la vía de las políticas de ajuste y en la intención de cargar el peso y la responsabilidad de la crisis sobre los empleados públicos». «Mejor haría el Gobierno en procurar nuevas fuentes de ingresos, garantizar la recaudación fiscal y perseguir el rampante fraude social y laboral que supone la economía sumergida».
Y en el concreto ámbito de la administración regional, concluyen, «revertir las privatizaciones, que resultan ruinosas y antieconómicas, proscribir el ingente número de horas extraordinarias que en la actualidad se realizan y suprimir las asistencias técnicas».
