El peso del sector en los presupuestos locales ha caído ya un 74% y se sitúa por debajo incluso de los niveles de 2002
06.02.12 - 00:39 -
La monumental 'Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano' de Edward Gibbon ocupó en 1788 siete volúmenes. La del 'ladrillo' y el urbanismo desbocado en la Región es probable que no llegue a tan magna extensión, pero sigue añadiendo capítulos a una posible compilación futura. El que ha desvelado un grupo de profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de Murcia más recientemente se refiere al peso e influencia que los ingresos urbanísticos tienen en los presupuestos municipales y vuelve -como no podía ser de otra forma- a evitar un final feliz.
En 2005, el dinero entraba a espuertas en las arcas municipales. Licencias urbanísticas, cuotas de urbanización, aprovechamientos, enajenación de terrenos, convenios, plusvalías e incluso expropiaciones conformaban una fuerza arrolladora, que llegó a suponer el 130% de los gastos de capital -principalmente, las inversiones- de los 45 ayuntamientos de la Región. Incluso dejando solamente la parte que se recaudaba a través de impuestos y tasas (IBI, ICIO, plusvalía del terreno), los consistorios murcianos tenían suficiente dinero para cubrir el 60% de sus inversiones. Y cumplieron.
Fueron los años de los auditorios en pueblos de menos de 3.000 habitantes, de las piscinas climatizadas, los campos de fútbol de césped artificial, las remodelaciones de las plazas y vías más emblemáticas... Había que gastar y se gastó, pero casi nadie amortizó una deuda que suponía 400 euros para cada uno de los vecinos de media. A ello contribuyó también que tanto 2003 como 2007 fueron años electorales en los municipios. Los cortes de cinta se multiplicaban. No había problema: el dinero fluía, muchas veces a través de una financiación, cuando menos, arriesgada.
Pero cuando el grifo se cerró y la crisis comenzó a mostrar su cara, la situación dio un vuelco. Tanto que en 2010 -último año del que el Ministerio de Economía tiene datos contrastados- el recorte ha sido del 90%. Así, de aquel 60% de las inversiones se ha bajado a un paupérrimo 6%, y de los auditorios se ha pasado, en muchos casos, a la inversión cero. El peso en las cuentas municipales de los ingresos por actividades relacionadas con el urbanismo ha caído un 90%, un 74% excluyendo la parte fiscal. Solo queda uno de los cuatro euros que en 2005 se recaudaban por la actividad ligada a la construcción.
El problema es que las inversiones de capital -por ejemplo, un auditorio- dejan ahora un reguero de gastos en capítulos como Gasto Corriente y Personal -luz, agua, teléfono y el conserje del auditorio, por no hablar de la programación que debería llenarlo- que se ven huérfanos de financiación. Y toca apretarse el cinturón.
«La ley establece que los ingresos provenientes del urbanismo -excepto los impuestos-, se inviertan fundamentalmente en capital. Lo que han hecho los ayuntamientos es dedicarlos a la construcción de infraestructuras que luego hay que mantener, con el consiguiente aumento del gasto corriente. Si ello no se acompaña, al menos, del mantenimiento de los ingresos corrientes, pues sucede lo de los últimos años: déficit y más déficit». El profesor de la Universidad de Murcia Bernardino Benito y su equipo han radiografiado la situación actual del urbanismo en las cuentas locales, encontrándose un panorama bastante desolador.
En opinión del panel de expertos del departamento de Economía Financiera de la UMU, la situación requeriría de una «reforma en profundidad del modelo local de financiación» y una apuesta por la recaudación a través de la «vía transparente de la hacienda fiscal, frente a la basada en la especulación y el rendimiento patrimonial». Además de sanear balances, se evitarían, en su opinión, «tentaciones no recomendables y punibles» que de vez en cuando saltan a la vida judicial y acaban con alcaldes, concejales y funcionarios en los banquillos.
La ley de estabilidad aprobada en 2001 ya establecía una limitación de equilibrio presupuestario -no gastar más de lo que se recauda-, pero la 'contabilidad creativa' y unas previsiones de ingresos que nunca se adaptaban a la realidad económica acababan produciendo más déficit, que los consistorios cargaban con operaciones de crédito a lo largo del ejercicio. En algunos casos flagrantes, incluso una semana después de aprobar los presupuestos. Pero solo se engañaban a ellos mismos. El nuevo Gobierno del PP quiere reactivar esa ley y establecer un mayor control, amagando incluso con responsabilidades pecuniarias y penales para los alcaldes y ediles 'creativos'.
Mientras, la construcción y el urbanismo aguardan el cambio de ciclo para echar una mano en la salida de la crisis. Aquí les esperamos.
