El fiscal quiere que Morales cumpla los dos años de cárcel, pero todo apunta a que no será así
21.02.12 - 00:53 -
El 'caso Tótem' ya tiene sentencia firme, pero en las cárceles no van a tener noticias de ello, como no sea por la prensa. De los trece acusados que finalmente llegaron a la vista oral por el que fue el primero y uno de los más graves casos de corrupción descubiertos en la Región, dos han quedado totalmente libres de cargos; otros diez han recibido condenas inferiores a un año de cárcel, sustituibles en todos los casos por una simple multa, y el principal responsable de la trama de corrupción, el exalcalde popular y exdiputado de la Asamblea Regional Juan Morales Cánovas, solo ha recibido una pena de dos años de cárcel, que previsiblemente no cumplirá al no tener antecedentes penales. Además ha sido penado con otros dos años y medio de prisión, que podrá reemplazar por sanciones económicas, y una multa de ocho millones de euros que, eso sí, le supondrá la pérdida de todo el patrimonio que tiene y de todo el que pudiera llegar a tener algún día.
Existía la posibilidad de que no hubiera que celebrar juicio y finalmente así ocurrió. Las negociaciones con los abogados defensores por parte del fiscal especialista en delitos contra el medio ambiente, José Luis Díez Manzanera, que ya estaban muy avanzadas, fueron fructificando ayer a lo largo de una maratoniana jornada de conversaciones, lo que permitió -hacia las siete de la tarde- que todos los imputados hubieran alcanzado un acuerdo. Y si en el 'debe' de la Fiscalía hay que apuntar el hecho de que, casi con total seguridad, ni siquiera Morales ingresará en prisión por estos hechos, en el 'haber' puede anotarse el hecho de que once de los acusados tuvieron que reconocer sus delitos. Una admisión de cargos que, en el caso de Juan Morales, le supuso nada menos que confesar que había tratado de enriquecerse desde su cargo de primer edil de Totana, pidiendo comisiones de hasta 15,5 millones de euros por impulsar proyectos urbanísticos -un delito continuado de cohecho-, a lo que hay que sumar la admisión de otros cuatro cargos: blanqueo de capitales, falsedad documental, malversación continuada de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos.
Un día teñido de surrealismo
La jornada, además de intensa y, en algunos momentos, hasta dramática, estuvo teñida de surrealismo de principio a fin. Empezó ya extraña cuando un ciudadano rumano, con signos evidentes de llevar horas macerándose en alcohol, vio llegar a Morales rodeado de periodistas y, después de que alguien le indicara que era un político al que iban a juzgar, se le pegó como una rémora y empezó a reprocharle el alcance de la reforma laboral. Durante largos instantes, con una forzada sonrisa, el acusado se vio obligado a soportar las invectivas y el aliento etílico del inmigrante hasta que éste, al intentar seguirlo hasta el interior del Palacio de Justicia, fue expulsado sin contemplaciones por un guardia civil.
No fue, con todo, el peor trago por el que tuvo que pasar el exalcalde. Aunque el acuerdo con la Fiscalía parecía poco menos que imposible, las gestiones de su abogado, José María Caballero Salinas, acabaron fructificando y el fiscal se avino a rebajar su petición de condenas lo suficiente como para que pudiera eludir la prisión. A cambio de la confesión de los cinco delitos que cometió, se llevaría una pena máxima de dos años de cárcel, que previsiblemente no cumplirá por no tener antecedentes, y sanciones económicas por un importe total de más de 8,2 millones de euros.
Por el momento, y para empezar a saldar esa deuda, el tribunal ya le ha anunciado el comiso de su vehículo BMW, de un piso en la calle Juan Pablo II de Murcia y de los 55.800 euros en metálico que guardaba en su casa cuando ésta fue registrada con motivo de la 'Operación Tótem'.
Además, el fiscal pedirá al tribunal que no suspenda la pena de dos años de cárcel y que Morales vaya a prisión, aunque todo apunta a que no será así por no tener antecedentes.
Respecto del resto de los imputados no hubo mayores problemas para alcanzar un acuerdo -el fiscal retiró los cargos contra la compañera sentimental de Morales, la brasileña Vaneide Freita, y el gerente de la empresa pública de Totana Proinvitosa, José Miguel Martínez Soler-, excepción hecha del promotor gallego Manuel Núñez Arias, con quien la negociación se convirtió en un suplicio.
Aunque éste llevaba días asegurando que era inocente y que no admitiría su culpa a cambio de una rebaja de penas, hasta en dos ocasiones retrasó el tribunal el arranque de la vista con el fin de dar la oportunidad al fiscal de tratar de alcanzar un acuerdo con el constructor. Hacia la una de la tarde, en presencia de dos abogados, Núñez Arias expresó algo muy parecido a una aceptación de la oferta, pero seguidamente volvió a insistir en rechazarla.
Pasaban las seis de la tarde sin que se hubiera cerrado el acuerdo con el promotor cuando se produjo otro contratiempo, que cerca estuvo de dar al traste con las conformidades ya cerradas. El Fiscal Anticorrupción de Madrid, alertado por las noticias en los medios de comunicación acerca de las conversaciones entre los acusados y Díaz Manzanera, telefoneó a este fiscal y le ordenó que, antes de sellar los acuerdos, se los hiciera llegar para visarlos.
Durante largos minutos se temió que todas las conformidades ya alcanzadas fueran anuladas desde la Fiscalía Anticorrupción. «Ya solo falta que María Pascual -una de las letradas, encinta de seis meses- se ponga de parto en el pasillo», señaló alguien, mientras la abogada asentía, divertida por el comentario.
Pasaban las siete de la tarde cuando, ya con el visto bueno de Madrid, el fiscal pudo dar lectura en la sala de vistas a las diferentes ofertas para cada uno de los acusados. Todos asumieron las condenas propuestas, después de confesar sus culpas. No así Núñez Arias, que seguía en sus trece. La sorpresa llegó cuando éste, al quedarse como único imputado que finalmente iba a ser juzgado, pidió al tribunal permiso para intervenir y, después de un rato de titubeo, acabó asumiendo también su condena.
El 'caso Tótem' quedaba así visto para sentencia y eso es lo que hizo el presidente del TSJ, Juan Martínez Moya: dictar 'in voce' el fallo por el que once acusados eran condenados.
Oficialmente, y para la posteridad, queda probado que Juan Morales, que fue alcalde del PP en Totana durante 8 años, lideraba una trama de corrupción y trató de enriquecerse con las comisiones millonarias que solicitaba por impulsar proyectos urbanísticos. Junto a él han sido condenados promotores, intermediarios y testaferros. Ninguno de ellos, eso sí, parece que pisará la cárcel.
