El Tribunal Supremo ordena que se realice otro peritaje del lucro cesante, que puede superar los 9 millones de euros
28.12.09 - 00:35 -
M. BUITRAGO MURCIA. / La Verdad
28.12.09 - 00:35 -
M. BUITRAGO MURCIA. / La Verdad
Una de las mayores indemnizaciones por no disponer de agua del Tajo para regar podría ir a parar al propietario de una finca de la Vega Baja de Alicante, a quien el Tribunal Supremo ha dado la razón para que sea compensado con más dinero por el lucro cesante generado en los últimos años. El afectado, Ernesto Valdés Albistur, reclama más de 9 millones de euros por los perjuicios económicos que sufrió entre los años 1982 y 1990, cuando no se le concedió al parecer agua del pantano de La Pedrera para regar su explotación de unas 70 hectáreas situada en Torremendo. Este embalse regula los caudales procedentes de la cabecera del Tajo, y que riegan toda la margen izquierda y la Vega Baja de Alicante.
El perito propuesto por el tribunal también hizo su valoración y ha calculado una indemnización de 9,7 millones de euros, con la cual está en desacuerdo la Confederación Hidrográfica del Segura. Los técnicos de la Comisaría de Aguas han realizado estos días su informe de tasación sobre la base de las hectáreas no regadas en su día y la dotación de agua que les correspondería. De entrada, el organismo de cuenca discrepa sobre la asignación de caudal por hectárea, ya que el perito indica que cada unidad debe recibir una media de 7.700 metros cúbicos por año. El comisario de la cuenca, Manuel Aldeguer, ha comentado a esta Redacción que esta dotación no se corresponde con el reparto de agua en el embalse de La Pedrera y ni tan siquiera con la asignación media de la cuenca, que en periodos de sequía oscila entre los 2.000 y 3.000 metros cúbicos, según las zonas y tipos de cultivo.
El propietario de la explotación, vecino de Murcia, comentó ayer que el litigio aún no está resuelto y que lleva más de 23 años peleando por este asunto. La guerra judicial viene de muy atrás, cuando la finca de Ernesto Valdés Albistur no recibió la dotación de agua del Tajo del embalse de La Pedrera entre los años 1982 y 1990 porque no tenía concesión, según la Confederación. Éste actuó contra el Ministerio y ganó la causa en al Audiencia Nacional en el año 1993, que exigió que fuera indemnizado por el lucro cesante de esos años y por las inversiones que había realizado en la finca. El propietario recibió más de 90 millones de pesetas, pero recurrió al estimar que la compensación era baja.
Ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha decidido que se vuelva atrás porque estima que la valoración de los daños no era adecuada. Ninguna de las partes discute que Ernesto Valdés Albistur -hermano del conocido abogado murciano Francisco Valdés- tuviera derecho al agua del Trasvase, sino la cuantía de la indemnización, que sería una de las más altas concedidas a un empresario agrícola por no disponer de agua.
Esta sentencia abre un debate jurídico y social sobre las asignaciones de la cabecera del Tajo. Oficialmente, aún no están reconocidas las concesiones de estos caudales trasvasados para las comunidades de regantes del Sindicato Central. Este proceso se encuentra en trámite administrativo y depende de las prisas que se dé el Ministerio de Medio Ambiente, que cuenta con el rechazo frontal del Gobierno de Castilla-La Mancha. Si las sentencias de la Audiencia Nacional y del Supremo reconocen el derecho a esas aguas, eso podría ir en favor del resto de regantes.
El perito propuesto por el tribunal también hizo su valoración y ha calculado una indemnización de 9,7 millones de euros, con la cual está en desacuerdo la Confederación Hidrográfica del Segura. Los técnicos de la Comisaría de Aguas han realizado estos días su informe de tasación sobre la base de las hectáreas no regadas en su día y la dotación de agua que les correspondería. De entrada, el organismo de cuenca discrepa sobre la asignación de caudal por hectárea, ya que el perito indica que cada unidad debe recibir una media de 7.700 metros cúbicos por año. El comisario de la cuenca, Manuel Aldeguer, ha comentado a esta Redacción que esta dotación no se corresponde con el reparto de agua en el embalse de La Pedrera y ni tan siquiera con la asignación media de la cuenca, que en periodos de sequía oscila entre los 2.000 y 3.000 metros cúbicos, según las zonas y tipos de cultivo.
El propietario de la explotación, vecino de Murcia, comentó ayer que el litigio aún no está resuelto y que lleva más de 23 años peleando por este asunto. La guerra judicial viene de muy atrás, cuando la finca de Ernesto Valdés Albistur no recibió la dotación de agua del Tajo del embalse de La Pedrera entre los años 1982 y 1990 porque no tenía concesión, según la Confederación. Éste actuó contra el Ministerio y ganó la causa en al Audiencia Nacional en el año 1993, que exigió que fuera indemnizado por el lucro cesante de esos años y por las inversiones que había realizado en la finca. El propietario recibió más de 90 millones de pesetas, pero recurrió al estimar que la compensación era baja.
Ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha decidido que se vuelva atrás porque estima que la valoración de los daños no era adecuada. Ninguna de las partes discute que Ernesto Valdés Albistur -hermano del conocido abogado murciano Francisco Valdés- tuviera derecho al agua del Trasvase, sino la cuantía de la indemnización, que sería una de las más altas concedidas a un empresario agrícola por no disponer de agua.
Esta sentencia abre un debate jurídico y social sobre las asignaciones de la cabecera del Tajo. Oficialmente, aún no están reconocidas las concesiones de estos caudales trasvasados para las comunidades de regantes del Sindicato Central. Este proceso se encuentra en trámite administrativo y depende de las prisas que se dé el Ministerio de Medio Ambiente, que cuenta con el rechazo frontal del Gobierno de Castilla-La Mancha. Si las sentencias de la Audiencia Nacional y del Supremo reconocen el derecho a esas aguas, eso podría ir en favor del resto de regantes.
