El aval que facilita el Gobierno regional permite cerrar un acuerdo con cuatro entidades financieras, lideradas por La Caixa
02.12.09 - 01:19 -
M. BUITRAGO / J. MOLLEJO MURCIA/ La Verdad
02.12.09 - 01:19 -
M. BUITRAGO / J. MOLLEJO MURCIA/ La Verdad
La sociedad que construye de aeropuerto internacional de la Región de Murcia podrá disponer de los 200 millones de euros necesarios para terminar las obras. La intervención personal del presidente Ramón Luis Valcárcel ha permitido que se cerrara el acuerdo entre un grupo de bancos y la concesionaria. Se trata de un préstamo sindicado liderado por La Caixa y en el que participan también el banco portugués Espírito Santo, Dexia (Holanda) y el Instituto de Crédito Oficial, según ha podido saber 'La Verdad' de fuentes del Gobierno regional. Estas entidades han accedido a otorgar el dinero siempre y cuando estuviera respaldado por el aval de la Comunidad Autónoma.
Como publicó este diario el pasado viernes, el Ejecutivo regional analizó varias opciones para evitar que se paralizaran definitivamente las obras, y optó por avalar el préstamo necesario para seguir con los trabajos y ofrecer así la máxima garantía de pago. Para ello, el Grupo Parlamentario Popular añadió una disposición adicional a la ley de los presupuestos regionales.
Según el acuerdo alcanzado, la sociedad concesionaria empezaría a devolver el préstamo una vez que se inicie la explotación del nuevo aeropuerto que se construye en la pedanía murciana de Corvera. La sociedad está liderada por la constructora Sacyr-Vallehermoso, propiedad del murciano Luis del Rivero, que posee el 65% de la participación. Está acompañada por Cajamurcia, CAM y el Grupo Fuertes, entre otros.
El Gobierno regional ha decidido intervenir debido a la ralentización que han sufrido las obras por falta de liquidez, toda vez que debido a la actual crisis económica y financiera la concesionaria tenía dificultades para conseguir un préstamo que se cifró, de entrada, en 160 millones de euros. Fuentes autorizadas explicaron ayer a 'La Verdad' que se mantiene el objetivo de que las instalaciones estén terminadas a finales del año próximo, ya que las obras están muy avanzadas.
La vigencia del aval durará hasta tres meses después de la conclusión de las obras y será ejecutable «a primer requerimiento» por las entidades financieras si la concesionaria no devuelve el préstamo en la fecha final concertada o bien en el vencimiento anticipado que se pacte. La sociedad concesionaria ha invertido hasta ahora 80 millones de euros de sus propios fondos. En el supuesto de que no pudiera hacer frente a la devolución del préstamo, toda la infraestructura aeroportuaria pasaría a manos del Gobierno regional, que podría acto seguido sacarla a concurso para que otra sociedad lo explotara.
Rentabilidad asegurada
Fuentes del Gobierno regional estiman, a preguntas de esta Redacción, que esta operación es ventajosa porque contaría con un aeropuerto internacional de titularidad pública por la mitad de lo que ha costado construirlo. Este escenario, no obstante, no se contempla, ya que el futuro aeropuerto «mantiene totalmente su rentabilidad», subrayan. «Es cierto que el tráfico de pasajeros ha bajado, pero esta instalación es rentable a partir de los dos millones de viajeros. Los estudios señalan que el aeropuerto puede abrir con tres millones de usuarios, por lo que su viabilidad económica está asegurada», concluyeron.
El Gobierno murciano no es la única institución pública que está avalando obras a empresas concesionarias. El Ministerio de Fomento ha articulado un préstamo participativo de 200 millones de euros para construir varias autopistas radiales de Madrid, a través de una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado.
Como publicó este diario el pasado viernes, el Ejecutivo regional analizó varias opciones para evitar que se paralizaran definitivamente las obras, y optó por avalar el préstamo necesario para seguir con los trabajos y ofrecer así la máxima garantía de pago. Para ello, el Grupo Parlamentario Popular añadió una disposición adicional a la ley de los presupuestos regionales.
Según el acuerdo alcanzado, la sociedad concesionaria empezaría a devolver el préstamo una vez que se inicie la explotación del nuevo aeropuerto que se construye en la pedanía murciana de Corvera. La sociedad está liderada por la constructora Sacyr-Vallehermoso, propiedad del murciano Luis del Rivero, que posee el 65% de la participación. Está acompañada por Cajamurcia, CAM y el Grupo Fuertes, entre otros.
El Gobierno regional ha decidido intervenir debido a la ralentización que han sufrido las obras por falta de liquidez, toda vez que debido a la actual crisis económica y financiera la concesionaria tenía dificultades para conseguir un préstamo que se cifró, de entrada, en 160 millones de euros. Fuentes autorizadas explicaron ayer a 'La Verdad' que se mantiene el objetivo de que las instalaciones estén terminadas a finales del año próximo, ya que las obras están muy avanzadas.
La vigencia del aval durará hasta tres meses después de la conclusión de las obras y será ejecutable «a primer requerimiento» por las entidades financieras si la concesionaria no devuelve el préstamo en la fecha final concertada o bien en el vencimiento anticipado que se pacte. La sociedad concesionaria ha invertido hasta ahora 80 millones de euros de sus propios fondos. En el supuesto de que no pudiera hacer frente a la devolución del préstamo, toda la infraestructura aeroportuaria pasaría a manos del Gobierno regional, que podría acto seguido sacarla a concurso para que otra sociedad lo explotara.
Rentabilidad asegurada
Fuentes del Gobierno regional estiman, a preguntas de esta Redacción, que esta operación es ventajosa porque contaría con un aeropuerto internacional de titularidad pública por la mitad de lo que ha costado construirlo. Este escenario, no obstante, no se contempla, ya que el futuro aeropuerto «mantiene totalmente su rentabilidad», subrayan. «Es cierto que el tráfico de pasajeros ha bajado, pero esta instalación es rentable a partir de los dos millones de viajeros. Los estudios señalan que el aeropuerto puede abrir con tres millones de usuarios, por lo que su viabilidad económica está asegurada», concluyeron.
El Gobierno murciano no es la única institución pública que está avalando obras a empresas concesionarias. El Ministerio de Fomento ha articulado un préstamo participativo de 200 millones de euros para construir varias autopistas radiales de Madrid, a través de una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado.
