15.03.12 - 01:03 -
El sistema de pagos regional será complementario del nacional, que se instrumentará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de un consorcio de bancos. Unos 1.200 millones en facturas se cobrarán a través de la línea abierta por el Ministerio de Hacienda, y otros 200 millones de deuda no comercial los tramitará la Consejería, de acuerdo con la proposición de ley impulsada por el PP y aprobada ayer. La deuda actual alcanza los 1.440 millones de euros, como adelantó este diario.
Los acreedores que se acogerán al plan regional son los ayuntamientos que no recibieron el dinero para costear obras y servicios (una parte corresponde a transferencias corrientes y de capital no satisfechas durante los últimos años), organismos autónomos que dependen del presupuesto regional, receptores de subvenciones y facturas posteriores al 31 de diciembre.
Bernal explica que los ayuntamientos con los que se ha reunido están a favor de esta fórmula en la que las entidades de crédito anticiparán los pagos. Estos acreedores obtendrán todo su dinero directamente de los bancos, una vez que se cumplimenten los trámites y se comprueben los expedientes de deuda. La Comunidad no pagará los intereses de demora, si no los que se generen posteriormente con la devolución a los bancos de las cantidades adelantadas. Por esta vía, Bernal considera que en cinco años habrán saldado esta parte de la deuda. El plazo para atender las obligaciones de los otros 1.200 millones, por la vía del ICO, será de diez años. El vicepresidente puntualiza que la obligación que contraiga la Comunidad Autónoma con los bancos no serán préstamos, sino cesiones irrevocables.
Tanto Juan Bernal como el diputado del PP Domingo Segado -defensor de la proposición de ley- subrayaron que no habrá quita y que existe un compromiso de las entidades financieras para respaldar esta operación. De esta forma trataron de despejar las numerosas dudas planteadas por el PSOE e IU-Verdes en el Pleno de la Asamblea: ¿de dónde saldrá el dinero y quiénes tendrán prioridad para cobrar?
Segado manifestó que los impagos de la Comunidad «son un problema de primer orden para cientos de empresas públicas y privadas» que necesitan resolver su futuro, y reclamó el respaldo de los partidos de la oposición. El socialista Alfonso Navarro ofreció el voto de confianza de su grupo, no sin antes lanzar una andanada de reproches al Gobierno regional por no haber arbitrado antes un plan de pagos con seguridad jurídica y transparencia, tal y como había reclamado el PSOE. Los impagos de la Comunidad, dijo, «han sido la muerte anunciada para miles empresas y autónomos». «El gran pecado de muchas de estas empresas es haberse topado con una Administración morosa, que en los últimos años ha estado malgastando el presupuesto como si estuviéramos en un mundo feliz».
Criterios de prioridad
Para Navarro, el Gobierno regional ha actuado desde una posición «obscena y dominante» ante cientos de proveedores a los que no pagaba, queriéndoles imponer además condiciones para que pudieran cobrar. Opinó que la proposición de ley del PP no explicita los criterios de prioridad para pagar, ni tampoco las anualidades ni la procedencia de los recursos financieros, aspectos que Juan Bernal aclaró posteriormente en los pasillos de la Asamblea: no habrá quita, no se pagarán intereses de demora, los bancos adelantarán el dinero a los acreedores en su totalidad y la Comunidad devolverán esos préstamos en cinco años por la vía regional y en diez por la del ICO.
José Antonio Pujante consideró que, pese a ser insuficiente la herramienta de pago, «menos es nada». Se abstuvo en la votación porque a su juicio existe urgencia para que los proveedores puedan cobrar. Al igual que los socialistas, teme que aumente la carga financiera de la Comunidad.
Los tres grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en una cosa: el desplome de los ingresos de las comunidades autónomas debido a la crisis. Este año ha comenzado con el mismo mal pie con el que terminó 2011 y no se aprecia ningún síntoma favorable en la Región de Murcia. El dinero que llega es principalmente del cheque mensual que envía el Estado para cubrir los gastos corrientes. En el caso de Murcia, el problema financiero no obedece solo a la merma de ingresos, sino al fuerte crecimiento de los gastos, que en una legislatura pasó de 3.000 a 5.000 millones de euros.
Juan Bernal opina que esta cabalgada presupuestaria, que mantenía la misma dinámica cuando la crisis ya había asomado, obedeció a un comportamiento general de todas las comunidades autónomas. Sobre el plan de reajuste que está ultimando su equipo, no lo dará a conocer hasta mediado o finales de abril, dijo, una vez que se pongan sobre la mesa los presupuestos generales del Estado. El vicepresidente indicó que no existe una medida concreta y que todas las cifras que se barajan están sujetas a cambios, en función del dinero que llegue este año del Estado y de las nuevas políticas de ingresos. «El proceso está muy abierto. Cuando presentemos el plan de reequilibrio, se hará de forma compacta».
Sobre el alcance del recorte, el vicepresidente señala que rondará los 500 millones de euros, que es la estimación sobre la cual trabaja su departamento. Le gustaría que fuera menos, unos 350, pero opina que al final estará más cerca de los 500, según los cálculos actuales. Bernal se niega a traducir el reajuste en términos de pérdida de empleo.
