MURCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El responsable de Vivienda de Izquierda Unida en la Región de Murcia (IURM), Sergio Ramos, dijo hoy que el Plan de Vivienda del Gobierno regional ha propiciado "el regalo del suelo público a manos privadas" al reducir el tiempo límite para la venta del inmueble de 10 a 5 años desde su adquisición.
Ramos señaló que el citado plan incluye la venta de viviendas de precio limitado, que constituyen una figura de "dudosa utilidad" para resolver el problema del acceso a la vivienda de los jóvenes, frente a la apuesta por la vivienda de promoción y gestión públicas.
"El único objetivo de las políticas adoptadas por el Partido Popular en la Región de Murcia en materia de vivienda parece ser el de ayudar a los constructores privados abandonando cualquier intento de intervención pública en la gestión de viviendas", apostilló.
A su juicio, el Ejecutivo murciano debe fijarse en las políticas de vivienda adoptadas en comunidades como el País Vasco, donde se ha implantado el programa 'Bizigune', con el que desde 2001 se han construido más de 30.000 inmuebles con algún tipo de protección pública, informaron en un comunicado fuentes de IURM.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de emprender una política "activa" de vivienda pública como "único instrumento para asegurar de forma efectiva que la vivienda sea un derecho, y no un negocio".
El responsable de Vivienda de Izquierda Unida en la Región de Murcia (IURM), Sergio Ramos, dijo hoy que el Plan de Vivienda del Gobierno regional ha propiciado "el regalo del suelo público a manos privadas" al reducir el tiempo límite para la venta del inmueble de 10 a 5 años desde su adquisición.
Ramos señaló que el citado plan incluye la venta de viviendas de precio limitado, que constituyen una figura de "dudosa utilidad" para resolver el problema del acceso a la vivienda de los jóvenes, frente a la apuesta por la vivienda de promoción y gestión públicas.
"El único objetivo de las políticas adoptadas por el Partido Popular en la Región de Murcia en materia de vivienda parece ser el de ayudar a los constructores privados abandonando cualquier intento de intervención pública en la gestión de viviendas", apostilló.
A su juicio, el Ejecutivo murciano debe fijarse en las políticas de vivienda adoptadas en comunidades como el País Vasco, donde se ha implantado el programa 'Bizigune', con el que desde 2001 se han construido más de 30.000 inmuebles con algún tipo de protección pública, informaron en un comunicado fuentes de IURM.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de emprender una política "activa" de vivienda pública como "único instrumento para asegurar de forma efectiva que la vivienda sea un derecho, y no un negocio".
