El consejero Campos admite que éste no es el momento. El presidente del TSJ pide prudencia y coincide con que el traspaso no es una prioridad en la Región
19.07.11 - 00:56 - 
El consejero Campos admite que éste no es el momento. El presidente del TSJ pide prudencia y coincide con que el traspaso no es una prioridad en la Región Las transferencias de Justicia tendrán que esperar. Y mucho, por lo que se aprecia. Ni forma parte de las prioridades del Gobierno regional ni es el momento oportuno -procesal, dirían algunos- para hacerse cargo de unas competencias que le pueden traer más de un quebradero a la Administración regional sobrecargando el déficit. La inconveniencia tiene un doble origen: la crisis económica y presupuestaria por un lado, y el deterioro político que conduce a unas elecciones anticipadas, por el otro.
La intención que albergaba el Ejecutivo de Valcárcel de cerrar este mes la negociación de las transferencias -pendientes de un pago único de 5,5 millones de euros- se quedará de momento en el cajón. El consejero de Presidencia e Interior, Manuel Campos, considera poco previsible que se puedan asumir las competencias en estos momentos. Julio era la fecha de referencia. Campos dijo ayer que los principales escollos están en esos 5,5 millones pendientes para mejorar las infraestructuras y en la Oficina Judicial, que está recibiendo más críticas que parabienes dentro de un complicado proceso de ajuste. Según Campos, representantes de CCOO le presentaron recientemente un pliego con más de mil firmas contrarias a esta oficina, pidiendo además que se detenga su implantación en otros partidos judiciales.
El consejero espera reunirse en los próximos días con el jefe del equipo de transferencias del Ministerio para analizar la situación, pero ve improbable que se puede hacer el traspaso, apunta a este diario. La conclusión es que las transferencias se quedan sin fecha.
El TSJ pide prudencia
El mundo de la judicatura también considera inoportuna la cesión de competencias y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Martínez Moya, destaca la «prudente decisión» que tomó Ramón Luis Valcárcel de paralizar el proceso en diciembre, unos días antes de que se firmara la cesión.
Las transferencias son un bocado importante: 1.600 funcionarios y 149 plazas judiciales. Hay un tanto a favor del Gobierno de Rodríguez Zapatero, ya que el Ministerio de Justicia ha realizado en los últimos seis años una inversión muy potente en la Región de Murcia, creando 49 órganos judiciales y contratando a 400 nuevos funcionarios. La estructura y los servicios han crecido en un 30%, algo espectacular considerando el precario punto de partida. Asimismo, ha construido la primera fase de la Ciudad de la Justicia y está pendiente la ejecución de la segunda, que la convierte en la obra más importante que está realizando ahora el Ministerio en toda España.
El coste económico
Este paquete es el que debe asumir el Gobierno regional. La pregunta que muchos se hacen es si será capaz de hacerlo con garantías y sin que se produzca un agujero presupuestario a la vuelta de la esquina. El coste de las transferencias se ha cifrado en 70 millones de euros, más los 5,5 millones del pago único, pero ni con eso hay garantías. La transferencia no equivale ahora a escalar una posición más ventajosa tanto para los funcionarios como para los ciudadanos. El ejemplo en el que se mira es la Comunidad Valenciana, que no ha sido capaz de crear 15 nuevos juzgados pese a tener cedidas las competencias desde hace tiempo.
Existe además una especie de 'test de estrés' sobre el funcionamiento de la Justicia en Murcia, de la mano de la Oficina Judicial, que está en pleno proceso de implantación. Juan Martínez Moya señala que desde la Región «estamos trabajando para el resto de España». «Nos encontramos en primera línea y estamos fabricando el molde de la Oficina Jucicial», añade para pedir a la vez comprensión.
Asimismo, detalla que la Oficina Judicial no se entiende sin los expedientes electrónicos que se tienen que poner en marcha casi en paralelo; así como con la ley del Registro Civil que 'desjudicializa' este servicio. Como se aprecia, hay abiertos varios procesos para la modernización de la Justicia que representan un desafío añadido al trámite político del traspaso de competencias. «Los esfuerzos que ahora tenemos en marcha son fundamentales para saber si se pueden asumir las transferencias», apostilla el presidente del TSJ, quien reclama prudencia en estos momentos.
Una visión de Estado
Juan Martínez Moya opina que no forma parte de las prioridades de la Comunidad Autónoma, a la vez que defiende una «visión de Estado» para optimizar la Administración de Justicia precisamente en unos momentos de racionalización del gasto. El máximo representante de la magistratura en la Región se declara abiertamente partidario de la «cercanía» y de las transferencias porque, recalca, «el mapa español debe ser simétrico». Al mismo tiempo, cree que hay que abrir un periodo de análisis para comprobar si han cambiado las circunstancias sobrevenidas por la crisis económica. Es decir, ver cómo estaba la situación cuando se inició el proceso de transferencias y cómo está ahora. No cree que las circunstancias hayan cambiado y por lo tanto considera que no conviene acelerar el traspaso.
El presidente del TSJ plasmará estas reflexiones a finales de mes, en la presentación de la Memoria, desde el máximo respeto a la Administración regional, puntualiza.
