El Gobierno destaca que la cifra cayó un 6% en 2012, pero la oposición asegura que se debe a los cambios de baremos y a los fallecimientos
07.01.13 - 00:50 -
DAVID VALERA | MADRID./ La Verdad
El 30 de noviembre de 2006 el Congreso de los Diputados aprobó la ley de Dependencia, bautizada como el «cuarto pilar» del Estado de bienestar tras la sanidad, la educación y las pensiones. Sin embargo, seis años después las expectativas generadas chocan con una dura realidad: miles de personas en lista de espera para recibir su prestación y recortes debidos a la crisis económica. Según datos del Imserso (organismo que gestiona las aportaciones de la dependencia), 230.209 personas están aguardando recibir la ayuda, es decir, el 23% de los dependientes permanece en lista de espera. Esta cifra se ha reducido en el último año un 6%. El Gobierno considera un éxito de su política esa disminución en tan solo un año y lo achaca a las medidas aprobadas en esta materia, que, en su opinión, han agilizado las ayudas entre los grandes dependientes. Sin embargo, colectivos de solicitantes aseguran que la reducción se debe a la expulsión de los beneficiarios más moderados del sistema por los cambios de baremos y al fallecimientos de otros muchos durante la espera.
«La ley de Dependencia en estos seis años ha tenido un desarrollo un poco deslavazado», explica el director del Imserso, César Antón. «Tuvo una puesta en marcha precipitada con normativa cambiante, con efectos muy dispares entre comunidades. Había que poner orden, dar más transparencia y simplificar», asegura. En España, a 1 de diciembre de 2012, solicitaron una ayuda a la dependencia 1.639.990 personas, de las que se valoraron el 93,82%. En total fueron designadas como beneficiarias con derecho a prestación 1.272.846 personas. Sin embargo, un 17% de ellas tiene un nivel de dependencia moderada cuya ayuda se retrasa hasta 2015, según marca la ley. Por tanto, hay 1.001.152 beneficiarios con derecho a prestación en la actualidad. De ellos reciben la ayuda 770.949 (el 77%), lo que supone un aumento respecto al 71% de 2011. Por tanto, la lista de espera se ha reducido de un 29% a un 23%.
Sin embargo, la situación es bastante dispar según las regiones de España, ya que la gestión y gran parte de la financiación depende de las comunidades autónomas. Por ejemplo, Castilla y León, La Rioja, Cantabria o el País Vasco están por debajo de la media española, mientras que Canarias o la Comunidad Valenciana ocupan los últimos puestos.
Para Antón, la reducción de las listas de espera se debe a una serie de mejoras enfocadas en la simplificación de los trámites y la ordenación de la normativa. «Las medidas empezaron a tener efectos en agosto. Pero hay ciertos indicadores que señalan que vamos en la senda correcta», asevera. Entre las medidas para agilizar la concesión de las ayudas a los beneficiarios, Antón destaca haberse centrado en los grandes dependientes, los denominados como grado III, que representan el 45,69% de los beneficiarios con ayudas. Los dependientes de grado II suponen el 48,26% y los dependientes moderados, de grado I, son el 6,05%. «Si se hubiese seguido en la senda de los años anteriores, la ley de Dependencia habría sido insostenible», concluye.
«Falacias»
Pero no todos comparten ese optimismo. El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, considera «falaces» los datos del Ministerio. «Los dependientes moderados estaban en la lista de espera pero han sido expulsados», afirma. Y es que bajo el objetivo de simplificar, el Ejecutivo eliminó algunas subdivisiones en los grados de dependencia. Desde las asociaciones en defensa de la dependencia denuncian que con ese cambio muchos casos pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, retrasadas las ayudas hasta 2015.
También recuerda que el 54% de los grandes dependientes son mayores de 80 años, por lo que en muchos casos fallecen en el proceso de espera para recibir la prestación, que puede prolongarse hasta dos años. Y es que en el Real Decreto 20/2012 aprobado por el Gobierno de Rajoy en julio se establece que el derecho de acceso a las prestaciones se generará «desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado resolución expresa». Sin embargo, contempla una excepción cuando el beneficiario esté siendo atendido por un cuidador familiar, donde la ejecución de las ayudas se podrá prorrogar hasta dos años. «Es la medida más desalmada», asegura Ramírez. Y es que un 44% de los dependientes son atendidos por familiares. Una situación agravada después de que fuesen precisamente las ayudas a los cuidadores familiares las que se redujeron un 15%. Este recorte afectó a 450.000 de estos cuidadores.
El decreto de julio supuso la «demolición controlada de la propia ley», explica Ramírez, que pone como ejemplo el pago de las cuotas a la seguridad social de los cuidadores familiares. El Ministerio se encargaba de abonar esas cotizaciones, pero con el decreto dejó de hacerlo. De esta forma se ha dejado sin cotización a la Seguridad Social en el convenio especial a 146.000 cuidadores. El Gobierno alega que la ley solo protege los derechos de los dependientes y no de sus cuidadores. Además, insiste en que la legislación contemplaba esa opción como excepcional. Sin embargo, otros ven detrás una intencionalidad política.
«No es que no haya dinero. No hay voluntad política. No hay intención de consolidar el sistema», asegura Ana Sánchez, secretaria de políticas sociales de UGT. «El Gobierno ha convertido la dependencia en beneficencia», asegura Sánchez. La oposición también ha criticado en reiteradas ocasiones la política del PP. «Desde la llegada de Rajoy a la Moncloa, se ha producido el desmantelamiento total de la ley de Dependencia», ha denunciado la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez.
