Bancos y cajas ponen a disposición de los desahuciados 5.891 viviendas en toda España; solo cubrirán al 39% de afectados
18.01.13 - 00:58 -
AMPARO ESTRADA | MURCIA./ La Verdad
El Fondo Social de Viviendas para familias desahuciadas ha echado a andar con 5.891 viviendas en toda España que aportan 33 entidades financieras para ser alquiladas a precios moderados (entre 150 y 400 euros mensuales). En la Región, BMN, SabadellCAM y Cajamar aportan 120 inmuebles (40 por entidad).
Las 5.891 viviendas del fondo social en el conjunto de España alcanzarán a menos de la mitad (el 39%) de las familias desahuciadas durante la crisis si nos atenemos al cálculo aproximado del Ministerio de Economía, que cuantifica entre 4.000 y 15.000 las ejecuciones de embargos de primera vivienda desde 2008. Estas cifras todavía no están respaldadas por estadística oficial alguna. Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y uno de los mayores expertos en el sector, que ha asesorado al PSOE en este ámbito, cifra en 50.000 el número de desahucios de vivienda habitual durante la crisis.
La estadística del Consejo General del Poder Judicial recoge más de 300.000 desahucios desde 2008, pero incluyen segundas residencias y locales comerciales. En todo caso, la cifra inicial del fondo social no llega a cubrir a la totalidad, aunque podrá ser ampliada por las entidades financieras que quieran aportar más viviendas.
Las familias que hayan sido desalojadas de su casa por impago de la hipoteca y quieran solicitar uno de estos alquileres sociales tendrán que acudir a la entidad financiera que les embargó. Esta aprobará o no el alquiler tras un informe de los servicios sociales de los ayuntamientos y diputaciones que valorarán la situación y el riesgo social de los solicitantes de cara a priorizar adjudicaciones.
Las condiciones
Para poder beneficiarse de esta medida tiene que haber sido desahuciado a partir del 1 de enero de 2008, que los ingresos mensuales de la unidad familiar no superen tres veces el IPREM, lo que en la actualidad serían 1.597 euros; que ningún miembro de la familia posea otra vivienda; y que estén en situación de especial vulnerabilidad.
Se considerará especialmente vulnerable a las familias numerosas, las monoparentales con dos o más hijos, familias con hijos menores de tres años, cuando alguno de sus miembros tenga una discapacidad superior al 33% o enfermedad que le incapacite de forma permanente para trabajar, si el deudor está en paro y ha agotado las prestaciones por desempleo, o si es víctima de violencia de género.
El contrato de alquiler será de dos años, prorrogable un año si sigue cumpliendo las condiciones, y el precio no superará el 30% de la renta neta familiar. El convenio fue firmado por los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad y Servicios Sociales, el Banco de España, 33 entidades financieras, la Federación de Municipios y la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales). Llega después de producirse varios suicidios de personas que iban a ser desalojadas de su hogar y de otras medidas adoptadas por el Gobierno, como el Código de Buenas Prácticas, que no han impedido que siga habiendo lanzamientos.
Discurso sentimental
En la firma del convenio para para el Fondo Social de viviendas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que no quería ponerse sentimental e hizo todo lo contrario durante su discurso. La insistencia de Sáen de Santamaría en «ponerse en la piel» de los desahuciados la llevó a decir que el desahucio «nos puede pasar a cualquiera» -lo que provocó ciertas risas- y que «todas las mañanas» piensa en lo «triste» de la situación.
