Roberto López Abad y Daniel Gil transfirieron fondos a una sociedad participada por dos empresarios alicantinos y una filial de la entidad
Caja Mediterráneo (CAM) ha acusado a su ex director general, Roberto López Abad, y al exresponsable de proyectos inmobiliarios, Daniel Gil, de «obtener un lucro personal» con cinco operaciones realizadas con una de las participadas de la entidad, la sociedad Valfensal.
En una querella presentada en la Audiencia Nacional, la entidad alicantina asegura que se utilizó la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como «pantalla» para una «transferencia de fondos no justificada» desde CAM hacia Valfensal.
Valfensal está participada en un 70% por dos empresarios alicantinos y en un 30% por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por Roberto López Abad y Daniel Gil como «una zona opaca de gestión al margen de los mecanismos habituales de CAM».
Así lo sostiene la querella firmada por el abogado Carlos Gómez-Jara, designado por el FROB para representar a la entidad alicantina, que ha motivado la apertura de una pieza separada dentro de la investigación encabezada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez contra los exdirectivos de CAM.
En esa pieza separada, que ha dejado de ser secreta, se han practicado registros de las oficinas de Valfensal y en los domicilios de sus propietarios en Benidorm y Altea. La querella afirma que López Abad y Gil gestionaron directamente las transacciones con Valfensal hasta tal punto que «dejaron al margen a los responsables en TI y en CAM, que desconocen operaciones que deberían ingresar en su ámbito de competencia». Además, sostiene que silenciaron o neutralizaron las dudas que surgieron gracias a «la invocación de la autoridad del director general de CAM».
La implicación de López Abad y Gil fue tal, según esta querella, que llegaron a presionar a los auditores de TI para que no formularan salvedad alguna cuando plantearon la falta de transparencia fiscal de Valfensal, que tenía sociedades en diversos paraísos fiscales. De hecho, la denuncia se hace eco de un correo enviado por Gil a López Abad en el que sostiene que uno de los propietarios mayoritarios de Valfensal, Juan Vicente Ferri Guardiola, afirmaba que «consolidar Valfensal le podría llevar a prisión».
En función del informe pericial realizado por Deloitte, una de las operaciones criticada es la financiación para la compra del hotel Caracol en la mexicana Riviera Maya cuando TI todavía no estaba autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero.
Otra operación es la compra de una parcela en Bávaro (República Dominicana) en la que parte de la financiación servía para pagar una comisión de intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas. Y una tercera operación es la financiación para la compra del Hotel Gala en México, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los responsables de CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también intervinieron sociedades en paraísos fiscales.