Anpier celebró ayer una asamblea en Murcia para informar del futuro de las renovables
22.11.12 - 02:33 -
En el sector fotovoltaico hubo dos momentos clave, y ambos estuvieron marcados por la misma persona: José Luis Rodríguez Zapatero. Bajo su gestión se alumbró en 2007 el famoso 'decreto verde', que favoreció que en la Región se invirtiesen 1.886 millones de euros en instalaciones fotovoltaicas. Pero tras las reformas de efectos retroactivos que propiciaron sendos decretos del Ejecutivo de Zapatero (14/2010 y 1565/2010) para corregir el déficit de tarifa, la inversión en el sector ha caído un 95% en cuatro años.
Éstos fueron algunos de los datos que ayer dio a conocer el presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), el murciano Miguel Ángel Martínez-Aroca, durante la asamblea que se celebró en el hotel NH Amistad de la capital murciana. A pesar de que la Región es la quinta comunidad española con mayor potencia fotovoltaica, tras la aprobación de los decretos retroactivos y la reducción del 35% de las primas comprometidas se han destruido un 70% de los empleos del sector.
En concreto, se ha pasado de 7.626 puestos de trabajo en 2008 a 2.288 en 2012, lo que supone la pérdida de 5.338 empleos en la Región. Por todo ello, horas antes de la asamblea, el presidente de Anpier también se reunió con el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, para pedirle «apoyo en el Comité de las Regiones para denunciar el poder de las grandes empresas eléctricas».
Durante la asamblea, Martínez-Aroca informó de que el tipo impositivo del 6% fijado para las productoras de energía por el Ministerio de Industria «podría elevarse al 7% a partir de enero de 2013». De ahí que recordase las medidas que Anpier esta desarrollando para devolver la seguridad jurídica al sector. «Estamos conformes con la fiscalidad que fija el ministro Soria porque afecta a todo el sector por igual. Pero el PP debe ser consecuente con su discurso cuando era oposición y derogar los decretos insolidarios de Zapatero». Algo que Anpier también exige a través del Tribunal Supremo, donde ya ha reclamado «la responsabilidad patrimonial del Estado por las pérdidas que ha causado al sector tras los cambios normativos».
