La mayoría de entes que van a desaparecer ya fueron suprimidos el año pasado. Se quieren ahorrar 25 millones, pero la lista no se conoce
18.02.11 - 03:16 -
La reorganización de la Administración autonómica anunciada por el Gobierno regional dio ayer otro paso con la decisión de suprimir 51 de los 98 entes y organismos públicos, con los cuales se piensan ahorrar 25 millones de euros. Las funciones de estas sociedades, consorcios y fundaciones las desempeñarán un directivo de la consejería competente. El anuncio lo hizo la portavoz María Pedro Reverte tras el Consejo de Gobierno que en contra de lo habitual se celebró ayer, como publicó este diario, porque el presidente Valcárcel debe asistir hoy a una reunión en Bruselas del Comité de las Regiones.
El Ejecutivo no ofreció la lista de los 51 entes que desaparecen, argumentando que debe conocerla antes la Asamblea Regional. Sí ofreció un avance de algunos de los organismos que se eliminan, parte de los cuales ya se suprimieron, aparentemente, el año pasado, tal y como publicó 'La Verdad' en julio, como la Fundación Contentpolis, el Centro de Cualificación Turística, Hidronostrum, la desaladora de Escombreras y la Fundación Murcia Ciudad del Deporte. En aquella fecha el Ejecutivo regional se propuso eliminar 25 organismos, entre los que también estaban diecisiete consorcios -los más numerosos- y las sociedades mercantiles Cartagena Puerto de Culturas y Lorca Taller del Tiempo.
Fuentes de la Comunidad admitieron ayer que entre los 51 entes que desaparecen se incluyen los 25 cuya extinción se propuso el año pasado. Los recortes decididos obedecen al desarrollo de la Ley de Medidas Extraordinarias -'el tijeretazo'-que pone de plazo hasta final de mes para la reestructuración de la Administración regional.
Entre los que se eliminan hay discrepancias en torno a la entidad regional de saneamiento y depuración de aguas residuales, ya que el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, puntualizó que Esamur no desaparece. Explicó que este organismo se autofinancia. María Pedro reverte señaló que 13 entidades se consideran parte de la Administración regional, y otras son consorcios con diversos ministerios, como Murcia Alta Velocidad y Cartagena Alta Velocidad, que trabajan para la construcción de las nuevas estaciones de ferrocarril de ambas ciudades. Por tanto, los 51 organismos se han eliminado de los 83 restantes. El Gobierno regional no descarta prescindir de otros 7.
El Ejecutivo recordó que en los tres últimos años ha suprimido tres consejerías, 23 direcciones y subdirecciones generales y secretarías autonómicas. Entre éstas se encuentra la Consejería de Política Social, donde se refundieron dos direcciones generales. La de Sanidad están analizando la supresión de órganos intermedios del Servicio Murciano de Salud. La semana que viene, las consejerías de Economía y Hacienda y de Presidencia refundirán dos de sus direcciones generales. A preguntas de esta Redacción, el Ejecutivo no ofreció ayer detalles de las mismas. Reverte añadió que, dentro de los sucesivos planes de austeridad, los altos cargos han cobrado las mismas retribuciones entre 2008 y junio de 2010, cuando se redujeron un 15% para el presidente, un 10% para los consejeros y un 8% para el resto de directivos.
Sobre las asistencias técnicas, la consejera portavoz reiteró que se han eliminado 200 en la Consejería de Agricultura, como se ha venido publicando, y otros 60 en la de Obras Públicas. Además, Reverte dijo que casi está definida la «lista de inmuebles» que se podrán enajenar y que se conocerá próximamente, como muy tarde la semana que viene.
Sin retroactividad
Por otro lado, Reverte también añadió que, en relación a las medidas de retribución, cuyo ajuste se contempla en la Ley de Medidas Extraordinarias, «y que han sido las que se le han descontado a los empleados públicos, difícilmente se les puede dar retroactividad una vez que ya se han producido los descuentos correspondientes en sus nóminas. La portavoz aseguró que aquellos empleados públicos que en la nómina de febrero ya se les haya descontado el 25% no lo podrán recuperar, sí pudiéndolo hacer aquellos que estén de baja a partir de esa fecha».
Críticas de Retegui
La candidata del PSOE a la presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, pone en duda la eficacia del recorte decidido ayer y espera conocer la lista real para comprobar qué ahorro se produce. Señala que se han eliminado organismos que ya estaban desaparecidos en el Presupuesto, como los institutos de la Juventud y de la Mujer, o la Fundación Contentpolis. Añade que Hidronostrum y la desaladora de Escombreras tampoco tenían consignación, al igual que el Cluster del Mar Menor. «El problema no es el número, sino lo que realmente se pretende ahorrar. La mayoría de los que se han puesto sobre la mesa ya dijeron que los habían eliminado el año pasado, y además no cuestan nada. Hay otros que no se han mencionado en los que sí se puede ahorrar eliminando alquileres, estructura, cargos directivos y trabajadores». Retegui concluyó con que el PSOE pidió hace un año crear una corporación tecnológica para agrupar diversas sociedades y fundaciones.
Por su parte, el secretario de Coordinación del PSRM, Francisco Javier Oñate, afirmó que las medidas «tienen una credibilidad nula, por lo que conocemos». «Escuchamos decir que van a suprimir algún organismo o ente que hace seis meses». En opinión de Oñate, «lo que debería hacer Valcárcel, si quiere que analicemos con seriedad su propuesta, es dar el número de entes y las plantillas que se eliminan, la reducción de costes económicos, y quién asume las competencias, porque todo esto puede ser sencillamente una 'larga cambiada más' de corte absolutamente publicitario».
A su vez, el responsable de Economía y Empleo de IU-Verdes en la Región, Cayetano Jaime Moltó, echó en falta la supresión de la Consejería de Justicia ya que, en su opinión, «es inadmisible mantener un departamento sin cartera ni competencias» en el actual contexto. .
Recurso de CC OO y UGT
Por otra parte, CCOO y UGT han presentado un recurso contencioso administrativo especial «para la protección de derechos fundamentales» ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Murcia, al considerar que el acuerdo del Consejo de Gobierno, de 21 de enero de 2011, «atenta directamente contra el derecho constitucional que consagra la libertad sindical». Según el recurso, «dicho acuerdo, sobre retribuciones para el personal al servicio de la Comunidad, establece unas retribuciones que no se atienen a los acuerdos suscritos por las organizaciones sindicales más representativas y la Administración Regional, atentando contra el derecho a la libertad sindical, proclamada en el art. 28.1 de la Constitución Española, que tiene entre sus manifestaciones el derecho a la negociación colectiva, toda vez que se anula unilateralmente el contenido de tales acuerdos, de forma perjudicial para los empleados públicos».
