04.02.11 - 01:49 - JULIÁN MOLLEJO | MURCIA./ La Verdad
Reuniones sobre el 'tijeretazo' 4, Resultados 0. El proceso de negociación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenbilidad de las Finanzas Públicas atraviesa una fase que o bien empieza a dar frutos o amenza seriamente con marchitarse La reunión de ayer, la cuarta desde que el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, dio el pistoletazo de salida con su encuentro con los sindicatos el 25 de enero, concluyó sin avances y con un malestar evidente entre los representantes de los trabajadores.
El secretario regional de UGT, Antonio Jiménez, reprochó a los representantes del Ejecutivo «no hacer los deberes», tanto por no presentar la cuantificación económica de los recortes, que les solicitaron en la reunión del lunes pasado los sindicatos, como por plantear verbalmente y no por escrito las contrapropuestas a los seis primeros artículos de la ley.
Las modificaciones ofrecidas por el Gobierno tampoco contentaron a los representantes sindicales. «Son muy limitadas», explicó el líder regional de CC OO, Daniel Bueno.
Con estos mimbres era previsible que la reunión de ayer, celebrada en la sede de la Dirección de Función Pública, en el antiguo edificio de Hefame, fuera la más corta de todas.
Se inició sobre las 11.30 horas y algo más de dos horas después los tres consejeros presentes, el de Educación, Constantino Sotoca; de Presidencia, María Pedro Reverte, y de Sanidad, María Ángeles Palacios, abandonaban la sala. Sotoca manifestó a la salida que sobre algunas de las propuestas del Ejecutivo sí que había acuerdo con los sindicatos, lo que era desmentido después por éstos.
Martes, próxima reunión
En lo que sí coincidieron todas las partes, y que constituye el único elemento positivo de la sesión de ayer, es en cambiar la dinámica de la negociación, que hasta ahora se realizaba artículo por artículo. «Con nueve organizaciones en frente, negociar artículo por artículo es poco ágil y muy complejo», admitía el titular de Educación.
El acuerdo alcanzado consiste en que en la próxima reunión, prevista para el martes de la que semana que viene, el Ejecutivo presente en su totalidad la contrapropuesta al articulado del título primero de la ley, que incluye todas las medidas sobre empleo público.
Sotoca insistió, como ha hecho en cada una de las reuniones previas, en que «el objetivo básico y esencial de esta ley es garantizar la capacidad de endeudamiento de la Administración regional, para así continuar garantizando la prestación de los servicios públicos».
La otra novedad del encuentro de ayer fue la incorporación a la negociación del Sindicato Médico, que hasta ahora había preferido autoexcluirse del comité de crisis constituido por los otros ocho sindicatos de funcionarios y negociar en solitario con el Gobierno.
Todos los sindicatos coinciden en señalar como trascendental la reunión del próximo martes para calibrar si el Ejecutivo «intenta marear la perdiz o ver si tiene verdadero interés en la negociación», precisó Óscar Urralburu, del Sterm-Intersindical.
Posible huelga general
El secretario regional de CC OO advirtió al Gobierno regional que si no da un giro considerable en sus posiciones en el texto alternativo que les presentará en la próxima reunión «se continuará con las movilizaciones y las presiones hasta que se consiga un escenario distinto, incluyendo la posibilidad de una huelga general».
La decepción de los sindicatos se fundamenta en el inmovilismo mostrado por los consejeros en el artículo que regula el aumento de la jornada laboral de los funcionarios de 35 a 37,5 horas semanales, un aspecto que para los representantes de los trabajadores es «fundamental corregir», según el presidente autonómico de CSIF, Ventura Martínez.
Martínez sí que admitió acercamientos en otras cuestiones, como la incapacidad transitoria y la oferta de empleo público, aunque «manifiestamente insuficientes».
Para el líder de CSIF, «la Adminnistración se ha dado cuenta de que no vamos a comprometernos en pequeñas modificaciones si no vemos en el conjunto de la ley cómo quedan los elementos vitales», enter los que figuran la jornada laboral y los recortes salariales.
El Gobierno ha aceptado corregir algunos aspectos, como que una parte de las horas dedicadas a formación puedan seguir computándose como horario laboral, y también planteó reconsiderar la suspensión de la oferta de empleo público, aunque con limitaciones.
Sin embargo, la propuesta de mitigar la reducción salarial en caso de incapacidad temporal del funcionario a cambio de introducir un sistema de control de las bajas a cargo de las mutuas fue rechazado por todos. «Es incluso peor de lo aprobado», comentó Antonio Jiménez. Por ello, el CSIF ha pedido al resto de sindicatos «no bajar la guardia y que el calendario de movilizaciones continúe, de forma que se confirme y se lleve a cabo la manifestación del 10 de febrero.
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