La mujer y dos hijas de uno de los investigados eran sus testaferros en una consultora beneficiada por decenas de contratos públicosRICARDO FERNÁNDEZ MURCIA / La Verdad
Los infectos lodos de la balsa Yenny no parece que vayan a salpicar a algún alto cargo de la Comunidad Autónoma. Sí han puesto de fango hasta el cuello, al menos por el momento, a dos funcionarios de la Comunidad Autónoma de Murcia, a quienes la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha denunciado por presuntos delitos de tráfico de influencias, en conexión o concurso con los delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude, falsedad en documento oficial y eventual prevaricación.
La denuncia es consecuencia de una investigación iniciada en el 2006 que apuntaba mucho más alto: la Fiscalía Anticorrupción trataba de encontrar pruebas de que el Gobierno regional había favorecido a la empresa Portmán Golf, propietaria de la balsa Yenny, al asumir junto al Ejecutivo central el coste derivado de su regeneración, que ascendió a unos 5,1 millones de euros. Los fiscales consideraban que eso vulneraba el principio básico del derecho medioambiental, que sostiene que «quien contamina, paga». Más aún cuando la empresa Portmán Golf acabó encima cobrando por permitir que los estériles procedentes de esa balsa, cedida a la Comunidad Autónoma, fueran depositados en una corta minera de su propiedad.
Las sospechas de trato de favor a Portmán Golf, que constituían el grueso de la investigación y por las que tuvieron que testificar en Madrid el consejero de Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá; el ex consejero de Economía Juan Bernal, el interventor general de la Comunidad Autónoma y uno de los ex propietarios de la balsa, el empresario Mariano Roca, no parecen haberse confirmado finalmente.
Sin embargo, por el camino, y casi por casualidad, el fiscal anticorrupción ha acabado llevándose por delante a dos funcionarios -uno de la Consejería de Agricultura y el otro, un ex integrante de ese departamento, actualmente en el servicio de Minas de la Consejería de Industria-, a quienes imputa haber montado una trama, junto a una consultora ambiental privada, para enriquecerse a cuenta del dinero público.
UNIDOS POR UN PASADO COMÚN
Todo se inició en el año 2000. Un grupo de amigos, entre ellos el biólogo Antonio R.M. y el delineante Jesús Z.P., que habían trabajado en una empresa de investigaciones geológicas junto a los también imputados Aurelio A.C. (ingeniero técnico de minas y actual funcionario) y el geólogo Francisco Javier R.G., «decidieron, en connivencia con otras personas y en ejecución de un plan conjunto -según estima el fiscal-, procurarse lucro económico con cargo a la Comunidad Autónoma de Murcia».
Con ese presunto fin, los citados Antonio R.M. y Jesús Z.P. constituyeron la empresa Thader Consultoría Ambiental S.L., «y con el auxilio de un significado funcionario infiel con la administración pública regional y de otras personas, lograron obtener de manera sucesiva contratos y retribuciones procedentes de ésta».
El «funcionario infiel» al que se refiere el fiscal es Antonio Domingo J.H., geólogo, quien ingresó como funcionario en la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en 1988, llegando a desempeñar durante largo tiempo la jefatura de sección de Prevención y Control Técnico Ambiental.
Este empleado público colocó en la consultoría Thader a su esposa, Guillermina R.M., y a sus hijas Guillermina y María Patrocinio J.S., quienes recibían contraprestaciones económicas de la citada empresa. De esta forma, Antonio Domingo G.H.se dedicaba supuestamente desde su cargo a impulsar la contratación de Thader por parte de la Consejería de Agricultura, propiciando así presuntamente un enriquecimiento ilícito de sus socios y, a la vez, de su esposa y de sus dos hijas.
Dicho en otras palabras del fiscal, el «funcionario infiel» podía así «ejercer de facto actividades privadas -usando como testaferros a sus familiares directos- que guardan una relación directa con aquéllas que se desarrollan en la Administración a la que presta sus servicios».
Y es que Antonio Domingo J.H. formaba parte, según la denuncia, «del reducido grupo de funcionarios que determinaba a qué empresas concretas procedía solicitar un presupuesto». Además, para agilizar los contratos y evitar la convocatoria de concursos, el presupuesto rara vez pasaba de los 12.000 euros. Al tratarse de Contratación Menor, las gestiones se realizaban de manera «muy informal y posibilitaban el intercambio de información determinante».
En resumen, el fiscal estima que Antonio Domingo, «en ejecución del plan o acción común mencionados, ha venido cautivando a sus superiores, desde el año 2000 hasta la actualidad, y éstos, por carecer de criterio técnicamente crítico o por confianza en aquél, se han rendido a sus sugerencias». Todo ello con la consecuencia final de propiciar, sin ser consciente de ello los altos cargos de la Consejería, «el beneficio económico para el grupo mencionado». En más de 30 ocasiones, todas ellas por importes inferiores a 12.000 euros, aunque en la mayor parte rozando ese límite, contrató la Dirección General de Calidad Ambiental, de la que dependía Antonio Domingo J.H., a la firma Thader. Y seis de esos contratos se referían a la regeneración de la balsa Yenny.
La investigación se apoya, además, en los informes aportados por los inspectores de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), que confirman que Thader cobró grandes cantidades de dinero de la administración regional.
BENEFICIOS PARA UNOS Y OTROS
Los datos fiscales revelan que Thader percibió 20.392,34 euros en el 2001; 108.427,06 en el 2002; 77.470 en el 2003; 32.250 euros en el 2004; 102.200 euros en el 2005, y 59.040 euros en el 2006. En total, la consultoría percibió 401.779,4 euros (casi 67 millones de pesetas) en seis años.
A su vez, el funcionario Antonio Domingo J.H. se garantizaba el retorno personal de parte de esos beneficios gracias a que su mujer y dos de sus hijas cobraban de Thader. De esta forma, su esposa, Guillermina R.M. percibió en concepto de salarios casi 32.000 euros en cinco años, mientras que las hijas, Guillermina y María Patrocinio J.R., pese a que no tenían «intervención técnica o laboral alguna en la empresa», cobraron un total de 36.376 euros en dos años.
Además, la agencia tributaria tiene constancia de que, en sólo tres años, la esposa de Antonio Domingo realizó adquisiciones o pagos «incompatibles con sus ingresos» por importe de 100.492 euros. Un asunto del que también tendrá que ofrecer explicaciones.
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción le ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, que ya ha iniciado su tramitación. El magistrado ha tomado ya declaración a los principales sospechosos y a varios testigos. La investigación determinará hasta dónde llegan los infectos lodos de la balsa Yenny.
La denuncia es consecuencia de una investigación iniciada en el 2006 que apuntaba mucho más alto: la Fiscalía Anticorrupción trataba de encontrar pruebas de que el Gobierno regional había favorecido a la empresa Portmán Golf, propietaria de la balsa Yenny, al asumir junto al Ejecutivo central el coste derivado de su regeneración, que ascendió a unos 5,1 millones de euros. Los fiscales consideraban que eso vulneraba el principio básico del derecho medioambiental, que sostiene que «quien contamina, paga». Más aún cuando la empresa Portmán Golf acabó encima cobrando por permitir que los estériles procedentes de esa balsa, cedida a la Comunidad Autónoma, fueran depositados en una corta minera de su propiedad.
Las sospechas de trato de favor a Portmán Golf, que constituían el grueso de la investigación y por las que tuvieron que testificar en Madrid el consejero de Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá; el ex consejero de Economía Juan Bernal, el interventor general de la Comunidad Autónoma y uno de los ex propietarios de la balsa, el empresario Mariano Roca, no parecen haberse confirmado finalmente.
Sin embargo, por el camino, y casi por casualidad, el fiscal anticorrupción ha acabado llevándose por delante a dos funcionarios -uno de la Consejería de Agricultura y el otro, un ex integrante de ese departamento, actualmente en el servicio de Minas de la Consejería de Industria-, a quienes imputa haber montado una trama, junto a una consultora ambiental privada, para enriquecerse a cuenta del dinero público.
UNIDOS POR UN PASADO COMÚN
Todo se inició en el año 2000. Un grupo de amigos, entre ellos el biólogo Antonio R.M. y el delineante Jesús Z.P., que habían trabajado en una empresa de investigaciones geológicas junto a los también imputados Aurelio A.C. (ingeniero técnico de minas y actual funcionario) y el geólogo Francisco Javier R.G., «decidieron, en connivencia con otras personas y en ejecución de un plan conjunto -según estima el fiscal-, procurarse lucro económico con cargo a la Comunidad Autónoma de Murcia».
Con ese presunto fin, los citados Antonio R.M. y Jesús Z.P. constituyeron la empresa Thader Consultoría Ambiental S.L., «y con el auxilio de un significado funcionario infiel con la administración pública regional y de otras personas, lograron obtener de manera sucesiva contratos y retribuciones procedentes de ésta».
El «funcionario infiel» al que se refiere el fiscal es Antonio Domingo J.H., geólogo, quien ingresó como funcionario en la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en 1988, llegando a desempeñar durante largo tiempo la jefatura de sección de Prevención y Control Técnico Ambiental.
Este empleado público colocó en la consultoría Thader a su esposa, Guillermina R.M., y a sus hijas Guillermina y María Patrocinio J.S., quienes recibían contraprestaciones económicas de la citada empresa. De esta forma, Antonio Domingo G.H.se dedicaba supuestamente desde su cargo a impulsar la contratación de Thader por parte de la Consejería de Agricultura, propiciando así presuntamente un enriquecimiento ilícito de sus socios y, a la vez, de su esposa y de sus dos hijas.
Dicho en otras palabras del fiscal, el «funcionario infiel» podía así «ejercer de facto actividades privadas -usando como testaferros a sus familiares directos- que guardan una relación directa con aquéllas que se desarrollan en la Administración a la que presta sus servicios».
Y es que Antonio Domingo J.H. formaba parte, según la denuncia, «del reducido grupo de funcionarios que determinaba a qué empresas concretas procedía solicitar un presupuesto». Además, para agilizar los contratos y evitar la convocatoria de concursos, el presupuesto rara vez pasaba de los 12.000 euros. Al tratarse de Contratación Menor, las gestiones se realizaban de manera «muy informal y posibilitaban el intercambio de información determinante».
En resumen, el fiscal estima que Antonio Domingo, «en ejecución del plan o acción común mencionados, ha venido cautivando a sus superiores, desde el año 2000 hasta la actualidad, y éstos, por carecer de criterio técnicamente crítico o por confianza en aquél, se han rendido a sus sugerencias». Todo ello con la consecuencia final de propiciar, sin ser consciente de ello los altos cargos de la Consejería, «el beneficio económico para el grupo mencionado». En más de 30 ocasiones, todas ellas por importes inferiores a 12.000 euros, aunque en la mayor parte rozando ese límite, contrató la Dirección General de Calidad Ambiental, de la que dependía Antonio Domingo J.H., a la firma Thader. Y seis de esos contratos se referían a la regeneración de la balsa Yenny.
La investigación se apoya, además, en los informes aportados por los inspectores de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), que confirman que Thader cobró grandes cantidades de dinero de la administración regional.
BENEFICIOS PARA UNOS Y OTROS
Los datos fiscales revelan que Thader percibió 20.392,34 euros en el 2001; 108.427,06 en el 2002; 77.470 en el 2003; 32.250 euros en el 2004; 102.200 euros en el 2005, y 59.040 euros en el 2006. En total, la consultoría percibió 401.779,4 euros (casi 67 millones de pesetas) en seis años.
A su vez, el funcionario Antonio Domingo J.H. se garantizaba el retorno personal de parte de esos beneficios gracias a que su mujer y dos de sus hijas cobraban de Thader. De esta forma, su esposa, Guillermina R.M. percibió en concepto de salarios casi 32.000 euros en cinco años, mientras que las hijas, Guillermina y María Patrocinio J.R., pese a que no tenían «intervención técnica o laboral alguna en la empresa», cobraron un total de 36.376 euros en dos años.
Además, la agencia tributaria tiene constancia de que, en sólo tres años, la esposa de Antonio Domingo realizó adquisiciones o pagos «incompatibles con sus ingresos» por importe de 100.492 euros. Un asunto del que también tendrá que ofrecer explicaciones.
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción le ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, que ya ha iniciado su tramitación. El magistrado ha tomado ya declaración a los principales sospechosos y a varios testigos. La investigación determinará hasta dónde llegan los infectos lodos de la balsa Yenny.
TODOS LOS IMPUTADOS
Antonio Domingo J.H.: Principal sospechoso. Geólogo. Funcionario de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Jefe de Sección de Prevención y Control Técnico Ambiental.
Guillermina R.M.: Esposa del anterior. Supuestamente hacía de testaferro de su marido en la consultoría medioambiental Thader.
Guillermina J.R.: Hija de Antonio Domingo y supuesta testaferro de éste en Thader.
María Patrocinio J.R.: Hija de Antonio Domingo y supuesta testaferro de éste en Thader.
Aurelio A.C.: Funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y, desde el 2003, del servicio de Minas de la Consejería de Industria. Ingeniero Técnico de Minas.
Antonio R.M.: Biólogo y socio fundador de la consultoría Thader.
Jesús Z.P.: Delineante y socio fundador de la consultoría Thader.
Fco. Javier R.G: Asesor ambiental.
Antonio Domingo J.H.: Principal sospechoso. Geólogo. Funcionario de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Jefe de Sección de Prevención y Control Técnico Ambiental.
Guillermina R.M.: Esposa del anterior. Supuestamente hacía de testaferro de su marido en la consultoría medioambiental Thader.
Guillermina J.R.: Hija de Antonio Domingo y supuesta testaferro de éste en Thader.
María Patrocinio J.R.: Hija de Antonio Domingo y supuesta testaferro de éste en Thader.
Aurelio A.C.: Funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y, desde el 2003, del servicio de Minas de la Consejería de Industria. Ingeniero Técnico de Minas.
Antonio R.M.: Biólogo y socio fundador de la consultoría Thader.
Jesús Z.P.: Delineante y socio fundador de la consultoría Thader.
Fco. Javier R.G: Asesor ambiental.
