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sábado, 19 de enero de 2013

Ballesta: «Lo de Bárcenas es indecente»


El portavoz de la Comunidad sostiene que, «si toda la sociedad está indignada, imagínense nosotros» 

19.01.13 - 01:07 - 


«Es absolutamente intolerable e indecente». De esa manera respondió ayer el portavoz del Gobierno Regional, José Ballesta, al ser interpelado por el extesorero del PP, Luis Bárcenas y el supuesto hecho de que alguien haya podido enriquecerse mediante los mecanismos que están apareciendo publicados sobre este asunto. Para reforzar sus valoraciones, Ballesta reclamó un castigo «ejemplar».

miércoles, 17 de octubre de 2012

La trama china llegó a blanquear 1.200 millones en cuatro años


Uno de los dirigentes de la organización fue arrestado ayer en un hotel de Murcia, donde llevaba una semana alojado 

17.10.12 - 01:27 - 


No se trataba del mismísimo 'Emperador', pero sí de uno de sus lugartenientes. Un ciudadano chino, cuya identidad no ha trascendido y de quien solo se conoce que tiene 40 años de edad, fue detenido ayer en un hotel de Murcia por tratarse de uno de los supuestos líderes de la mayor trama de blanqueo de capitales desmantelada nunca en España: la presuntamente liderada por el chino Gao, que habría 'lavado' entre 800 y 1.200 millones de euros en cuatro años.

viernes, 27 de noviembre de 2009

CASO ZERRICHERA/ El juez investiga si Trinitario Casanova pagó un soborno de 600.000 euros por la recalificación

Sospechan que tres empresas elaboraron facturas falsas para que el empresario pudiera justificar desembolsos de grandes cantidades
27.11.09 - 03:05 -
RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA./ la Verdad
Los sabuesos de la Policía siguen, excitados, el pestilente hedor del dinero sucio. Y creen haber encontrado un rastro fiable. Otra historia es que acabe permitiéndoles atrapar alguna pieza. La sospechas de la Fiscalía y de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEV-BLA), pertenecientes a la Comisaría General de Policía Judicial con sede en Madrid, trabajan desde hace meses con la convicción de que el empresario Trinitario Casanova hubo de pagar algún soborno a cargos públicos para conseguir que la finca La Zerrichera fuera recalificada. Estos terrenos, de 156 hectáreas, estaban especialmente protegidos por la legislación medioambiental, lo cual no impidió que el plan parcial para construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y varios campos de golf fuera superando una etapa tras otra, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad Autónoma.
Las investigaciones de los policías judiciales, dirigidas y supervisadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, se orientan a determinar si realmente se produjeron pagos a funcionarios públicos; esto es, si se incurrió en un delito de cohecho. En un intento de encontrar la hebra desde la que desenredar la madeja, los especialistas policiales llevan meses cruzando datos de cuentas bancarias de todos los posibles implicados con las fechas clave en las que la Administración permitió que el proyecto urbanístico superara algún escollo.
La orden de detención contra Trinitario Casanova, dictada este martes por el juez Alcázar, quien luego la dejó sin efecto al comprobar que el empresario estaba de viaje por Estados Unidos -'La Verdad' adelantó ayer esta información en exclusiva-, se basa en la supuesta existencia de un grupo de facturas, emitidas por importes multimillonarios, de las que se sospecha que pueden ser falsas.
Estos documentos, uno por importe de 9 millones de euros, otro de 5 millones y un tercero de 2,9 millones, podrían haber servido a Casanova para justificar la salida de sus cuentas de grandes cantidades de dinero, que los agentes sospechan que pudieron acabar en manos de políticos. Además, le habrían servido igualmente para desgravar en sus declaraciones al fisco. De ahí que las imputaciones por las que fue cursada la orden de detención del promotor urbanístico sean, entre otras, las de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento y delito contra la Hacienda Pública.
Su primo y administrador
Menos suerte que Trinitario Casanova tuvo este miércoles su primo y administrador de sus empresas, Joaquín O., quien fue arrestado en su domicilio de la pedanía oriolana de La Campaneta, por su presunta relación con estos hechos.
Fuentes próximas al caso explicaron que Joaquín O. fue interrogado ayer por la mañana en dependencias de la Comisaría de Murcia y que las preguntas se centraron en si esas facturas eran o no falsas. El administrador de Casanova garantizó que los documentos eran reales y respondían a pagos efectuados a esas empresas. Igualmente aclaró que esos desembolsos, por un importe global de 16,9 millones de euros (unos 2.800 millones de pesetas), respondían a comisiones cobradas por empresas que mediaron en la venta de los terrenos de La Zerrichera. Ciertamente, Casanova vendió la finca a Inverlur, sociedad promotora de la caja vasca de ahorros Kutxa, por unos 130 millones de euros.
Los policías, según las mismas fuentes, creen que, aunque realmente se pagaran elevadas comisiones por la intermediación, al menos parte de las facturas pueden ser falsas y habrían servido para esconder las salidas de dinero destinado a cargos públicos. Con el fin de comprobar si su teoría se corresponde con la realidad, el miércoles fueron detenidos en Madrid tres de los supuestos intermediarios en la transacción de la finca. Éstos fueron interrogados sobre las facturas que libraron, aunque el sentido de sus declaraciones no ha trascendido.
Los tres arrestados, al igual que Joaquín O., fueron puestos en libertad después de ofrecer su testimonio a los agentes anticorrupción, aunque permanecen imputados.
Una de las circunstancias más significativas de la investigación se centra en el hecho de que una de esas facturas de dudosa fiabilidad, por importe de 600.000 euros (cien millones de pesetas), fue librada a finales de octubre del 2007, coincidiendo con la aprobación del plan parcial La Zerrichera por parte del Pleno del Ayuntamiento de Águilas. Probar que ambos hechos están relacionados constituye el quid de la cuestión.

jueves, 15 de octubre de 2009

REGIÓN/ La Guardia Civil sostiene que Morales no puede justificar 647.592 euros y que es dueño de la vivienda de Iguazú

El informe indica que el ex alcalde de Totana envió 347.592 euros a Brasil en dos años «utilizando» a su novia y a otra amiga
15.10.09 -
M. BUITRAGO / A. NEGRE MURCIA / La Verdad

La Guardia Civil sostiene que el diputado regional y ex alcalde de Totana, Juan Morales, «no puede justificar la procedencia» de 647.592 euros, parte de los cuales fueron transferidos a Brasil. Asimismo, asegura que es «el verdadero propietario» de la vivienda y del local comercial construidos en Foz de Iguazú, donde el político tenía previsto retirarse con su novia brasileña, Vaneide Freita. Así se recoge en el informe patrimonial ordenado por el Tribunal Superior de Justicia y realizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al cual ha tenido acceso La Verdad.
Después de prestar declaración ante el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado que instruye la causa por posibles delitos de cohecho, malversación y blanqueo de dinero a raíz de la Operación Totem, el ex alcalde de Totana manifestó ayer que la Guardia Civil había elaborado «un informe falso» que habla de cantidades en las que él no tiene nada que ver. Dicho informe está basado en las declaraciiones efectuadas en Brasil a nueve testigos, entre ellos la madre y el hermano de Vaneide Freita; así como al director y al gerente del Banco de Bradesco y del Banco de Brasil, respectivamente.
Los investigadores concluyen que Morales envió a Brasil un total de 347.592 euros, y que para ello «utilizó a Vaneide Freita y a Claudia Rodrigues», esta última amiga del diputado murciano antes de conocer a su novia actual. De esta cantidad, 288.159 euros fueron enviados a una cuenta del Banco de Brasil de las que son titulares Vaneide Freita y su madre Nair Dos Santos. Otros 47.933 euros se transfieron a otra cuenta del Banco de Bradesco a nombre de Vanilson Dos Santos y su madre Nair Dos Santos. Por su parte, Claudia Rodrígues recibió 11.500 euros de Juan Morales.
Nueve testigos en Brasil
En relación a la vivienda construida en Foz de Iguazú, la Unidad Central Operativa sostiene que Morales «es el verdadero propietario». Explica que según el ingeniero civil que realizó el proyecto de construcción, el inmueble sstá valorado en 250.000 reales brasileños (unos 86.565 euros) y que la propietaria nominal es Vaneide Freita. En el balance patrimonial, el informe señala que Morales no puede justificar la procedencia de las remesas enviadas a Brasil ni otros 300.000 euros detectados en el curso de las diligencias.
En las declaraciones realizadas en Brasil, la UCO señala que la madre y el hermano de Vaneide no pudieron justificar cómo la vivienda fue sufragada por la familia. Asimismo, un corredor de inmuebles brasileño, Jilson José Pereira, manifestó que fue Morales quien dirigió la negociación para alquilar el bajo comercial del inmueble. Explicó que el ex alcalde «daba órdenes a los empleados sobre la mejor manera de colocar ciertas reformas, cristales y pasamanos».

lunes, 31 de agosto de 2009

La Fiscalía denuncia por tráfico de influencias a dos funcionarios de la Comunidad en el 'caso Yenny'

La mujer y dos hijas de uno de los investigados eran sus testaferros en una consultora beneficiada por decenas de contratos públicos
RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA / La Verdad
Los infectos lodos de la balsa Yenny no parece que vayan a salpicar a algún alto cargo de la Comunidad Autónoma. Sí han puesto de fango hasta el cuello, al menos por el momento, a dos funcionarios de la Comunidad Autónoma de Murcia, a quienes la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha denunciado por presuntos delitos de tráfico de influencias, en conexión o concurso con los delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude, falsedad en documento oficial y eventual prevaricación.
La denuncia es consecuencia de una investigación iniciada en el 2006 que apuntaba mucho más alto: la Fiscalía Anticorrupción trataba de encontrar pruebas de que el Gobierno regional había favorecido a la empresa Portmán Golf, propietaria de la balsa Yenny, al asumir junto al Ejecutivo central el coste derivado de su regeneración, que ascendió a unos 5,1 millones de euros. Los fiscales consideraban que eso vulneraba el principio básico del derecho medioambiental, que sostiene que «quien contamina, paga». Más aún cuando la empresa Portmán Golf acabó encima cobrando por permitir que los estériles procedentes de esa balsa, cedida a la Comunidad Autónoma, fueran depositados en una corta minera de su propiedad.
Las sospechas de trato de favor a Portmán Golf, que constituían el grueso de la investigación y por las que tuvieron que testificar en Madrid el consejero de Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá; el ex consejero de Economía Juan Bernal, el interventor general de la Comunidad Autónoma y uno de los ex propietarios de la balsa, el empresario Mariano Roca, no parecen haberse confirmado finalmente.
Sin embargo, por el camino, y casi por casualidad, el fiscal anticorrupción ha acabado llevándose por delante a dos funcionarios -uno de la Consejería de Agricultura y el otro, un ex integrante de ese departamento, actualmente en el servicio de Minas de la Consejería de Industria-, a quienes imputa haber montado una trama, junto a una consultora ambiental privada, para enriquecerse a cuenta del dinero público.
UNIDOS POR UN PASADO COMÚN
Todo se inició en el año 2000. Un grupo de amigos, entre ellos el biólogo Antonio R.M. y el delineante Jesús Z.P., que habían trabajado en una empresa de investigaciones geológicas junto a los también imputados Aurelio A.C. (ingeniero técnico de minas y actual funcionario) y el geólogo Francisco Javier R.G., «decidieron, en connivencia con otras personas y en ejecución de un plan conjunto -según estima el fiscal-, procurarse lucro económico con cargo a la Comunidad Autónoma de Murcia».
Con ese presunto fin, los citados Antonio R.M. y Jesús Z.P. constituyeron la empresa Thader Consultoría Ambiental S.L., «y con el auxilio de un significado funcionario infiel con la administración pública regional y de otras personas, lograron obtener de manera sucesiva contratos y retribuciones procedentes de ésta».
El «funcionario infiel» al que se refiere el fiscal es Antonio Domingo J.H., geólogo, quien ingresó como funcionario en la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en 1988, llegando a desempeñar durante largo tiempo la jefatura de sección de Prevención y Control Técnico Ambiental.
Este empleado público colocó en la consultoría Thader a su esposa, Guillermina R.M., y a sus hijas Guillermina y María Patrocinio J.S., quienes recibían contraprestaciones económicas de la citada empresa. De esta forma, Antonio Domingo G.H.se dedicaba supuestamente desde su cargo a impulsar la contratación de Thader por parte de la Consejería de Agricultura, propiciando así presuntamente un enriquecimiento ilícito de sus socios y, a la vez, de su esposa y de sus dos hijas.
Dicho en otras palabras del fiscal, el «funcionario infiel» podía así «ejercer de facto actividades privadas -usando como testaferros a sus familiares directos- que guardan una relación directa con aquéllas que se desarrollan en la Administración a la que presta sus servicios».
Y es que Antonio Domingo J.H. formaba parte, según la denuncia, «del reducido grupo de funcionarios que determinaba a qué empresas concretas procedía solicitar un presupuesto». Además, para agilizar los contratos y evitar la convocatoria de concursos, el presupuesto rara vez pasaba de los 12.000 euros. Al tratarse de Contratación Menor, las gestiones se realizaban de manera «muy informal y posibilitaban el intercambio de información determinante».
En resumen, el fiscal estima que Antonio Domingo, «en ejecución del plan o acción común mencionados, ha venido cautivando a sus superiores, desde el año 2000 hasta la actualidad, y éstos, por carecer de criterio técnicamente crítico o por confianza en aquél, se han rendido a sus sugerencias». Todo ello con la consecuencia final de propiciar, sin ser consciente de ello los altos cargos de la Consejería, «el beneficio económico para el grupo mencionado». En más de 30 ocasiones, todas ellas por importes inferiores a 12.000 euros, aunque en la mayor parte rozando ese límite, contrató la Dirección General de Calidad Ambiental, de la que dependía Antonio Domingo J.H., a la firma Thader. Y seis de esos contratos se referían a la regeneración de la balsa Yenny.
La investigación se apoya, además, en los informes aportados por los inspectores de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), que confirman que Thader cobró grandes cantidades de dinero de la administración regional.
BENEFICIOS PARA UNOS Y OTROS
Los datos fiscales revelan que Thader percibió 20.392,34 euros en el 2001; 108.427,06 en el 2002; 77.470 en el 2003; 32.250 euros en el 2004; 102.200 euros en el 2005, y 59.040 euros en el 2006. En total, la consultoría percibió 401.779,4 euros (casi 67 millones de pesetas) en seis años.
A su vez, el funcionario Antonio Domingo J.H. se garantizaba el retorno personal de parte de esos beneficios gracias a que su mujer y dos de sus hijas cobraban de Thader. De esta forma, su esposa, Guillermina R.M. percibió en concepto de salarios casi 32.000 euros en cinco años, mientras que las hijas, Guillermina y María Patrocinio J.R., pese a que no tenían «intervención técnica o laboral alguna en la empresa», cobraron un total de 36.376 euros en dos años.
Además, la agencia tributaria tiene constancia de que, en sólo tres años, la esposa de Antonio Domingo realizó adquisiciones o pagos «incompatibles con sus ingresos» por importe de 100.492 euros. Un asunto del que también tendrá que ofrecer explicaciones.
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción le ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, que ya ha iniciado su tramitación. El magistrado ha tomado ya declaración a los principales sospechosos y a varios testigos. La investigación determinará hasta dónde llegan los infectos lodos de la balsa Yenny.


TODOS LOS IMPUTADOS
Antonio Domingo J.H.: Principal sospechoso. Geólogo. Funcionario de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Jefe de Sección de Prevención y Control Técnico Ambiental.
Guillermina R.M.: Esposa del anterior. Supuestamente hacía de testaferro de su marido en la consultoría medioambiental Thader.
Guillermina J.R.: Hija de Antonio Domingo y supuesta testaferro de éste en Thader.
María Patrocinio J.R.: Hija de Antonio Domingo y supuesta testaferro de éste en Thader.
Aurelio A.C.: Funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y, desde el 2003, del servicio de Minas de la Consejería de Industria. Ingeniero Técnico de Minas.
Antonio R.M.: Biólogo y socio fundador de la consultoría Thader.
Jesús Z.P.: Delineante y socio fundador de la consultoría Thader.
Fco. Javier R.G: Asesor ambiental.

lunes, 1 de septiembre de 2008

08/06/08
Roca pagó unos 8 millones de euros a Ayuso, que éste habría repartido entre concejales
La Policía cree que el arquitecto era el nexo de unión con el cerebro de la 'trama malaya'
RICARDO FERNÁNDEZ/ La Verdad
Muy valiosos habían de ser sus servicios para cobrarlos tan bien. El arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso Fernández, uno de los principales imputados en la denominada Operación Ninette contra la corrupción en Los Alcázares, habría recibido, por sí mismo o a través de sociedades que controlaba mediante testaferros, al menos coho millones de euros del cerebro de la trama malaya, Juan Antonio Roca. Ésta es una de las conclusiones que se derivan de la investigación, realizada a lo largo de casi dos años, por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Sección de Blanqueo de Dinero, de la Dirección General de la Policía, y que se documenta en unas diligencias judiciales a las que este periódico ha tenido acceso.
Los especialistas de la Policía consideran que Mariano Ayuso era el «eslabón de conexión» entre una presunta trama de corrupción instalada en el Ayuntamiento de Los Alcázares, y Juan Antonio Roca y su maraña de sociedades y testaferros. Así, las millonarias cantidades de dinero que Ayuso iba recibiendo por sus múltiples gestiones -desde redactar el proyecto de un hotel de cuatro estrellas propiedad de Roca a impulsar la aprobación de convenios urbanísticos- tendrían una posible triple condición: pagos por sus irregulares servicios profesionales al margen de la Administración local, «recompensas por la obtención de resoluciones administrativas directamente emanadas por Ayuso», o bien «como precio para que el arquitecto medie ante instancias diferentes del Ayuntamiento».

Entre los principales sospechosos de haber recibido parte del dinero obtenido por Mariano Ayuso figura el ex alcalde socialista Juan Escudero, quien desde el primer momento se convirtió en uno de los primeros objetivos de los investigadores. Escudero se halla actualmente en libertad bajo fianza de 60.000 euros (diez millones de pesetas) , mientras que Ayuso, tras pasar casi tres meses encarcelado, quedó libre con una fianza de 100.000 euros (casi 17 millones de pesetas).

CUATRO SOCIEDADES CONTROLADAS

Los agentes de la UDEF señalan que Mariano Ayuso recibía el dinero de Roca bien directamente o a través de cuatro sociedades, que controlaba mediante personas de su máxima confianza: el despacho de arquitectura Gyps Fulvus S.L., a cuyo frente estaba su hermano Juan Ignacio, y las mercantiles Dekema Bull S.L., Dorma Golf S.L. e Ilka Baley S.L., cuya titular era su cuñada Inmaculada Camacho Escudero, esposa de Juan Ignacio.Las pruebas de los pagos realizados por las sociedades de Roca al arquitecto municipal de Los Alcázares las encontraron los especialistas de la Policía Nacional en los registros que realizaron en las sedes de varias firmas controladas por el cerebro de la trama malaya, así como en la espectacular finca agrícola La Loma de la localidad marmenorense.

En estas dependencias fueron hallados documentos, como facturas, cheques y reconocimientos de pago por importantes de 650.000, 10.000, 754.000, 452.000, 301.600, 66.816, 124.437, 300.000, 72.000, 211.000, 1.054.773 y 200.000 euros, cantidades que suman un total de 3.745.476 euros (más de 616 millones de pesetas).

Asimismo, la Policía constató que una finca de 7.000 metros cuadrados, que el Ayuntamiento adjudicó directamente a una de las sociedades controladas por Ayuso, Ilka Baley S.L. -costó 1,5 millones de euros-, fue vendida poco después a una sociedad de Juan Antonio Roca, generando unas plusvalías de unos cuatro millones de euros (660 millones de pesetas).

De esa cantidad, más de dos millones de euros se entregaron en dinero negro, por lo que la Policía considera que este dinero «pudiera corresponderse con comisiones que van directamente al patrimonio de las personas físicas; es decir, al patrimonio de Inmaculada Camacho Escudero y posiblemente al de miembros del Ayuntamiento».

De esta forma, unos se enriquecían -altos funcionarios municipales- y Roca conseguía lavar, mediante la adquisición de terrenos, el dinero negro, de procedencia ilícita, que habría obtenido con sus operaciones en Marbella.

EL SUMARIO DE LA 'OPERACIÓN TOTEM' CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN TOTANA

06/06/08
Casanova, al alcalde Andreo: «Tenemos que hacer cosas y vamos a poner de testaferro a Bartolo»
«Esto tú y yo, y punto. Y no se lo digas a tu mujer, ni yo a la mía», escucharon los guardias civiles cómo un edil totanero explicaba su plan para quedarse supuestamente una comisión millonaria
RICARDO FERNÁNDEZ/ La Verdad

José Martínez Andreo se convirtió en alcalde de Totana a mediodía del 16 de junio del 2007, en un acto solemne celebrado en el cine Velasco de la localidad.

Su dicha se habría visto velada, sin duda, de haber sabido que ya en ese momento tenía el teléfono intervenido por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, María Asunción Navarro Artero; de que todos sus pasos eran seguidos bien de cerca por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y que, a cuenta de ese nombramiento, acabaría dando un día con sus huesos en la prisión provincial de Sangonera la Verde.

Apenas tres días después de haber empuñado por vez primera el bastón de mando, el día 19, a las 19 horas y 48 minutos, Martínez Andreo recibe una llamada del ahora concejal del PP Juan Francisco Casanova. Éste le felicita por la presentación de los concejales, acto que se ha producido ese mismo día, y a continuación le expone directamente que Rafael, el del Paretón, «se ve que tiene un problemica...» y que le ha dicho que no se preocupe que él sabe «que Pepe -supuestamente José Martínez Andreo- es un tío legal y lo que hablamos... lo que te haga falta, lo que te haga falta...

Y tiene problemas con su casa, con no sé qué, y digo tú tranquilo por eso, que no vamos a firmar nada».

Andreo responde: «¿Pero que necesita cosas nuestras?»

-Casanova: «Hombre, hombre, pues claro, claro».

-Andreo: «¿Pero de qué plan? ¿Del Plan General, o de qué?».

-Casanova: «Sí, una cosa del Plan General. (...) Tú no te preocupes de eso. Si no lo sabes tú, no sé quién lo va a saber...».

-Andreo: «Claro».

La conversación cambia de derroteros hasta que Casanova le indica: «Las perricas que me dijiste, no te gastes todas las perras, que tenemos que comprar algo bueno».

-Andreo: «Tenemos que hacer cosas».

-Casanova: «Sí, sí sí, sí tenemos que hacer una cosa... Vamos a poner de testaferro a Bartolo».

-Andreo: «Eso, eso... (se ríe)».

-Casanova: «...que es un tío legal, que es de lo más legal que he conocido en mi vida...».

-Andreo: «Sí, ¿no?».

-Casanova: «Hostia, ése da la vida por nosotros».

-Andreo: «Sí».

-Casanova: «Muere».

-Andreo: «Eso está bien, eso está bien».

Los guardias civiles, que llevan alrededor de un mes tratando de desenredar la supuesta trama de corrupción en Totana, de la que comenzaron a tirar siguiendo el hilo del ex alcalde Juan Morales, se ponen alerta ante semejante conversación.

«Aunque se aprecia cierta ironía en este tema por parte de ambos

-señalan en un informe cursado a la juez Navarro-, no se interpreta como una idea descabellada».

Desde ese instante estarán bien atentos a las conversaciones entre Martínez Andreo y el edil Juan Francisco Casanova.

No habrán de esperar mucho más para tener novedades.

LLAMADA A 'LOS GALLEGOS'

«El rumor de que Juan Morales pedía comisiones lo conocía media Totana y media región», admitió recientemente el actual alcalde de Totana y sucesor del aludido. Pero la juez María Ascensión Navarro va mucho más allá en las conclusiones con que cierra su investigación sobre el caso Tótem.

Considera la instructora que Martínez Andreo no sólo conocía esos «rumores», sino que sabía fehacientemente que Morales había llegado a un acuerdo con el presidente del grupo inmobiliario gallego Inmonuar, Manuel Núñez Arias, para cobrar 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) por recalificar 2,2 millones de metros cuadrados en el paraje El Raiguero, donde pretenían construir 5.000 viviendas y un campo de golf.

El dinero debía ser repartido en tres partes iguales entre Morales, su amigo y hombre de confianza, el empresario Gabriel Martínez -de Huervos Maryper- y dos intermediarios en la operación.

Más aún, estima la juez que Martínez Andreo, una vez que hubo tomado posesión de su cargo, decidió apartar a Morales y tratar de quedarse con la comisión.

¿Cómo llegó a tal conclusión?.

Por otra conversación interceptada el 27 de agosto del 2007 entre Casanova y Martínez Andreo, en la que ambos hablan supuestamente de tales planes. Una conversación a la que los investigadores otorgan una excepcional importancia y que llevó a incluir como imputados en un delito de cohecho a los dos intervinientes en la misma.

Por la trascendencia del documento, que está en poder de La Verdad, se reproduce íntegramente:

-José Martínez Andreo: Sí.

- Juan Francisco Casanova: Pepe.

-Andreo: Díme.

-Casanova: He llamado al gallego y he quedao con él pa la semana que viene, pa comer con él.

-Andreo: Vale.

-Casanova: ¿Entiendes o no?

-Andreo: Mmm.

-Casanova: Vamos a hacer una cosa bien hecha.

-Andreo: Ah, tú... ¿pero tú, no?
-Casanova: ¿Eh?

-Andreo: Que tú, tú, tú...

-Casanova: Sí, sí, sí.. Tú tranquilo, tú no. Aquí soy yo, yo sólo, tú nada, ¿me entiendes o no?

-Andreo: Mmm.

-Casanova: Yo luego, a ver si tú me entiendes, yo, como si fuéramos los dos, pero soy yo.

-Andreo: Ya está. Lo que tú mires, hables y ya está. ¿Mmm?

-Casanova: Ehhhhh. Mmm. Ya está tú, exactamente. Nosotros comemos, hablamos con él, y ya está, y ahí lo podemos hacer bien, y si sale bien es como si supiéramos el precio del suelo y punto, y no pasa ná.

-Andreo: Correcto, correcto.

-Casanova: (No se entiende). De puta madre, pero no pasa ná. Y con lo otro...

-Andreo: Mmm.

-Casanova: Pues lo otro, si tú quieres ayudarle, yo también. Tú no apareces, nada, y lo hacemos bien también. ¿Me entiendes o no?

-Andreo: Sí, ahí está el tema de, fff, si uno sabe lo del otro, peligro.

-Casanova: Noooo, éste, éste ahora cuando yo he hablado, dice, es que yo, me parece a mí, que La generala no ha hecho ná. Éste no sabe ná. Pero eso se puede a..., lo tengo también pensado, eso se puede hacer bien pensado pa que... mmm, para que nin... (no termina la frase).

-Andreo: Pero (no termina)

-Casanova: (No se entiende). Y que nadie lo sepa.

-Andreo: Pero porque es..., porque los..., lo..., ¿el abogado es el mismo de los dos?
-Casanova: Tiene que ser el abogao, ellos no sabrán ná, tiene que ser que el abogao de La Generala haya hablao con el abogado de... (no termina la frase).

-Andreo: Sí.

-Casanova: De eso. Pero lo que está claro es que si La Generala hace eso, el abogao no le va a decir al otro abogao ná.

-Andreo: Ya, ya, ya.

-Casanova: Y si el abogado éste hace lo de eso..., no va a decir..., quiere decirse que eso es una cosa... (no termina la frase).

-Andreo: Mmm.

-Casanova: Que nadie (no se entiende), nadie va a saber ná.

-Andreo: Ya, ya, ya... Está claro.

-Casanova: ¿Entiendes o no? Nosotros vamos a ir. Yo le he dicho, tú bájate, porque él está ciego, digo tú bájate pa abajo, comemos y echamos un rato.

-Andreo: ¿Eso quién es, el Pablo ése?

-Casanova: Sí.

-Andreo: Vale.

-Casanova: Hemos bajao con el jefe. No lo sabía, Digo, no..., tú bájate, tú, de momento tú...

-Andreo: Eso, pero ellos ¿van en plan firme ahí, a desarrollar? ¿O no? ¿O siguen por ahí intentando colocar eso?

-Casanova: Ya nos enteraremos la semana que viene.

-Andreo: Pues ya está. No, es que eso es una de las cosas, también, que tienes tú que saber.

-Casanova: Por eso, por eso. No, no, no. Tú. Vamos a ver, nosotros nos vamos a enterar de tó la semana que viene.

-Andreo: Mmm.

-Casanova: ¿Entiendes o no?

-Andreo: Bien, bien, bien.

-Casanova: Todo bien, y ya está. Y eso no es ningún problema, porque no lo vamos a hacer de...-Andreo: Y sobre todo déjales claro que... con Morales, desmarcarse total.

-Casanova: No, eso tú tranquilo. Además, es que lo vamos a hacer de tal manera que si la cosa sale en puesto de 30 euros el suelo, pues les va costar 60.

-Andreo: Ya, que no hace falta que me digas ná, pero que...

-Casanova: Nada.

-Andreo: Pero que lo que te digo, eh, que se lo dejes claro, ¿eh?, que Morales no va en el mismo barco.

-Casanova: Ya se lo he dicho, yo, no le he dicho ná de eso. Lo único que le he dicho, que de momento no comente ná a nadie, hasta que no hablemos.

-Andreo: Ya está.

-Casanova: Y una vez que hablemos, ya, como le vamos a decir lo que tenemos que decirle, y punto.

-Andreo: Ya. Venga, de acuerdo. Vale.

-Casanova: Y a los otros, lo mismo. Los otros, tú, cuando hablemos con éste...

-Andreo: Los otros, exactamente.

-Casanova: Exactamente. Cuando hablemos con éstos, tú a los otros no tienes más que decirles, ehh, ehh, habla con Juan Francisco.

-Andreo: Mmm. Está claro.
-Casanova: Y punto.

-Andreo: Venga vale, vale, ok
.-Casanova: Pero eso sí, a nadie, Pepe, hostia.

-Andreo: No, no, pero si lo tengo claro, si lo tengo claro.

-Casanova: ¿Eh? Esto tú, yo, tú y yo, y punto.

-Andreo: Ya.

-Casanova: Ni a tu mujer, ni yo a la mía.

-Andreo: No te preocupes, no te preocupes.

-Casanova: ¿Me entiendes o no?

-Andreo: Sí, lo tengo claro, si eso lo tengo yo claro.

-Casanova: Exactamente, ahí eso, pa ti y pa mí, y punto.

-Andreo: Venga, ok.

-Casanova: Hasta luego, Pepe

-Andreo: Venga, hasta luego.

«RENEGOCIANDO LA COMISIÓN»

Los investigadores de la UCO, como más tarde harían el fiscal y la propia juez, llegaron a la conclusión de que «Andreo y Juan Francisco Casanova se conciertan para que el segundo hable con Pablo (Pablo Maceira Galarza, gestor de suelo de Inmonuar), y renegocien lo que parece ser una comisión por facilitar la llegada a buen puerto del convenio que la sociedad gallega tiene firmado con el Ayuntamiento de Totana».

Con la interceptación de esta conversación, Andreo pasó a convertirse en uno de los objetivos prioritarios de la Operación Tótem.

domingo, 31 de agosto de 2008

Presunta corrupción urbanística

30/05/08
La Verdad
Morales y Andreo irán a declarar de nuevo ante el TSJ el próximo día 10

El ex alcalde dijo al juez que la competencia urbanística «la llevaban los concejales»

El diputado regional y ex alcalde de Totana, Juan Morales, así como su primera mujer, María del Carmen Jordán; su actual pareja, una ciudadana brasileña, y el alcalde en la actualidad, José Martínez Andreo, entre otros, serán llamados a declarar a partir del día 10 de junio por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. Allí, volverán a enfrentarse al magistrado Julián Pérez Templado, que instruye la causa por la Operación Tótem.

El pasado 10 de abril, Morales manifestó ante la Sala que toda la competencia urbanística la «llevaban los concejales» y que el primer edil «firmaba en representación del Ayuntamiento», sin que éste entrase en «las decisiones importantes».

En referencia a los convenios urbanísticos, el ex alcalde señaló que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) los técnicos municipales elaboraron una especie de tabla donde se preveían los aprovechamientos urbanísticos de cada zona, por lo que el «propietario (dice en unos casos) y el promotor (en otros) sabía cuales eran sus derechos y lo que tenía que pagar».

«Todo el mundo que estaba interesado en hacer un desarrollo urbanístico tenía perfecto conocimiento de lo que tenía que pagar y a quien, que era el Ayuntamiento exclusivamente», añade.

Morales negó tener actividad alguna al margen de su cargos de concejal, alcalde o diputado regional, aunque uno de los documentos aportados por la investigación es una nómina como director comercial de la firma Maryper, que explica como «justificante del arrendamiento» de un piso en Murcia. Juan Morales dijo no ser responsable de los argumentos empleados por «empresarios o comisionistas» para hacer negocios, y negó que la letra de algunos escritos fuera suya, por lo que ante la insistencia la Sala pidió la elaboración de una prueba caligráfica. Morales aseguró que las cantidades pagadas para la compra de coches, viviendas, 55.000 euros localizados por la Guardia Civil en el piso de su novia y otros pagos procedían de sus ahorros.