Esto no ha hecho más que comenzar. Es la sensación que transmitieron ayer los sindicatos y el Gobierno regional tras la primera reunión para negociar el 'tijeretazo', que se prolongó durante más de tres horas y media. Oficialmente, se limitaron a fijar la fecha de los dos próximos encuentros (el lunes a las 16.30 horas y el próximo jueves a las 10.00) y a consensuar el esquema de los debates. Se estudiará artículo por artículo, y se descarta negociar sectorialmente.
Pero al margen de las cuestiones de forma hay, aunque no se hayan concretado todavía, algunas señales de avance. El Gobierno regional está dispuesto a revisar aspectos como la reducción del sueldo base en las incapacidades temporales. Lo admitió en público el martes la consejera de Sanidad, Ángeles Palacios. La Ley de Medidas Extraordinarias prevé que los funcionarios que estén de baja cobren el 75% del salario, y no el 100% como ocurría hasta ahora. «Lo que se nos plantea es que se mantenga el 100% en las bajas prolongadas, de enfermos crónicos, y se reduzca al 75% en bajas de corta duración», explicó a 'La Verdad' uno de los asistentes a la reunión. Pero esta opción no convence a todos. «Si lo que quiere el Ejecutivo es luchar contra el absentismo, lo que tiene que hacer es aumentar las inspecciones», subrayó esta fuente sindical.
Hay otros puntos en los que también podría haber acercamiento. La Ley establece que a partir de ahora los permisos contarán de acuerdo a días naturales y no a días hábiles. El Gobierno estaría dispuesto a reconsiderar esta medida, explican fuentes presentes en las negociaciones. El propio Valcárcel se habría comprometido a ello. El tercer aspecto abierto es el de la formación. En principio, queda fuera del horario laboral. Para sindicatos como SATSE, que representa a los enfermeros, la eliminación de este punto es requisito irrenunciable. «Formarse continuamente es algo indispensable en nuestra profesión», advierte José Antonio Blaya, secretario general de esta organización.
Pero más allá de la posibilidad de acuerdo en estos artículos, la distancia entre sindicatos y gobierno es aún enorme. Cuestiones fundamentales, como la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas y la reducción salarial (un 10% menos en el complemento de turnicidad para los enfermeros o 75 euros mensuales menos en el caso de los maestros) siguen estando «muy verdes», confiesa un asistente a la reunión.
Unidad sindical
Los líderes de los ocho sindicatos de la función pública -solo queda fuera el CESM, que representa a los médicos y que se ha autoexcluido- acudieron a la cita de ayer, en la Consejería de Educación, con una sensación de triunfo, tras siete manifestaciones en las que han conseguido movilizar a miles de funcionarios. La presión permitió que el martes se abriesen para ellos las puertas del palacio de San Esteban, donde fueron recibidos por el presidente Ramón Luis Valcárcel. Ayer, sus interlocutores fueron el consejero de Educación, Constantino Sotoca, la consejera de Sanidad, Ángeles Palacios, y la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte. El lunes podría sumarse a ellos la consejera de Hacienda, Inmaculada García.
Daniel Bueno (CC OO), Antonio Jiménez (UGT), Ventura Martínez (CSIF), Oscar Urralburu (STERM), José Antonio Blaya (SATSE), Clemente Hernández (Anpe), Rosa Romera (SAE) y Luis Prieto (SIDI), acudieron haciendo gala de unidad sindical.
«El presidente ha dicho que todo es revisable», manifestó triunfante Ventura Martínez. El consejero Sotoca marcó sin embargo un tope mucho más restringido: «La ley no se derogará; hay un margen de interpretación en su desarrollo». El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, mantuvo el objetivo de eliminar «todos y cada uno de los artículos que afectan a los empleados públicos», pero añadió una matización: «La derogación de la ley puede ser implícita o explícita». Los negociadores, tanto de un lado como de otro, coincidieron en que aspiran a un debate ágil que ofrezca resultados cuanto antes. Según algunas fuentes, Constantino Sotoca propuso ya el martes, durante el encuentro en el palacio de San Esteban, un plazo de siete o diez días para culminar ese acuerdo. Los sindicatos, sin embargo, prefirieron no comprometer fechas. Barajan que el intercambio de propuestas puede durar dos semanas. «Hay que restañar muchas heridas todavía. Después de una ruptura del diálogo social tan importante como la que se ha producido, hay que buscar otra vez la confianza, y eso es difícil», confesó Óscar Urralburu (STERM).
Desde el principio
La negociación empieza el lunes por la tarde por el primer artículo de la Ley, que no es otro que el hace referencia a la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Los sindicatos pelearán por su derogación, aunque el Gobierno regional podría llegar a plantear algún compromiso para poner fecha a la vuelta 'a la normalidad'. Esto es, a las 35 horas semanales. Algunas fuentes no descartan que si en algún momento la negociación se enquista, se aborden aquellos artículos que, como el de las incapacidades temporales, están más cerca del acuerdo.
UGT y CC OO no solo pedirán la derogación de prácticamente todos los artículos. Plantearán alternativas de reducción del gasto público para recuperar por otras vías los 300 millones de euros que la Comunidad necesita ahorrar para que el Ministerio de Economía le permita emitir deuda pública. Por ejemplo, propondrán acciones en el campo del gasto farmacéutico. A los representantes sindicales les sentó realmente mal el último informe sobre gasto en recetas, que sitúa a Murcia como la comunidad autónoma en que más creció este capítulo en 2010. El dato se conoció en plena polémica por el 'tijeretazo'.
UGT también pondrá sobre la mesa la revisión del desembolso que suponen los conciertos con hospitales privados y la derivación de pruebas diagnósticas. Otras propuestas son la imposición de un tributo a los macrocentros comerciales y acciones específicas contra la economía sumergida. Mientras las grandes centrales sindicales apuestan por ofrecer alternativas, los sindicatos profesionales, que representan a sectores como docentes o enfermeros, prefieren no participar de esta estrategia. Por su parte, el consejero Sotoca subrayó que es responsabilidad de la administración tomar las decisiones sobre el gasto. En todo caso, dentro de la reunión animó a que se presentasen propuestas.
Mientras las negociaciones arrancan, se mantienen las movilizaciones. Los trabajadores volverán a manifestarse hoy en San Esteban.
