Sólo se produce un 50% del agua industrial disponible; el resto procede del Tajo y del río Taibilla, que es más barata
10.01.11 - 00:31 -
La ralentización de la actividad económica tiene una traducción directa en el consumo de agua. Tanto es así que dos de las cuatro plantas desalinizadoras de la Mancomunidad de Canales del Taibilla -las de San Pedro y Alicante II- estarán paradas porque este año no se va a necesitar más agua para la población y la actividad no agrícola. Para evitar que se deterioren las complejas y costosas instalaciones existe un programa de mantenimiento que consiste en hacer rotar los bastidores con una mínima producción, apuntan fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. La situación no es nueva. En septiembre se paralizaron estas dos fábricas.
La demanda global ha descendido y el año pasado se consumió un 5% menos que el anterior, de tal forma que la producción industrial de agua se quedó en la mitad: la Mancomunidad sólo necesitó 55 hectómetros de los más de cien que se pueden producir ahora con las desalinizadoras que tiene a su cargo; dos de ellas en régimen de concesión y las otras dos mediante contratos de explotación a empresas del sector. El resto se ha cubierto con caudales de la cabecera del Tajo y del río Taibilla, que son mucho más baratos. En este último caso, la abundancia de precipitaciones de los últimos doce meses ha resucitado la fuente primaria de la cabecera del Segura, de mejor calidad y precio.
El Ministerio ha comprobado cómo han fallado las previsiones que se fijaron en el plan de cuenca del Segura, según el cual la demanda total debía estar este año en los 255 hectómetros. Por el contrario, el consumo real ha sido de 202 hectómetros. En los años de euforia económica y del 'boom' del ladrillo se crecía a un ritmo del 8% anual, lo cual hacía presagiar esa escalada del consumo. Pero la crisis ha desbaratado esos cálculos.
¿Se pueden parar todas?
El mercado del agua se rige por una regla muy básica: prima la más barata. Si el Gobierno central hubiera puesto en marcha todas las desalinizadoras y volcado en la red los recursos obtenidos por esta vía -casi 120 hectómetros-, las tarifas se habrían disparado, generando unas tensiones entre los 80 ayuntamientos a los que abastece que el Ministerio quiere evitar. De hecho, la Dirección General de Agua nunca ha dado instrucciones de que se produzca al 100% -que es lo que reclama el Gobierno de Castilla-La Mancha para reducir la dependencia del Tajo- y ha dejado en manos de los gestores de la Mancomunidad el difícil equilibrio financiero entre la producción y el precio final, que ahora está en unos 55 céntimos por metro cúbico (lo que se factura a los municipios).
En la última Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, a finales de diciembre, los representantes de los gobiernos de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana pidieron que se pararan las desalinizadoras y se enviara la dotación completa del Tajo, con el fin de que se abaratara el precio. El Taibilla pidió 54,4 hectómetros para el semestre, menos de lo habitual. No hacía falta que solicitaran frenar la desalinización porque ya se estaba haciendo, aunque a medias.
El cierre total de estas planta no es posible por varios motivos: deben seguir funcionando, aunque sea a ralentí, para mantener las instalaciones en óptimas condiciones. En segundo lugar, habría que indemnizar o compensar a las empresas privadas encargadas de la concesión y explotación.
Precisamente, el sábado se publicó una resolución de la Mancomunidad de Canales del Taibilla para licitar la explotación y mantenimiento por un año de la desalinizadora de San Pedro del Pinatar II, por un importe de 3,7 millones de euros. Esta instalación se construyó en un tiempo récord mediante un decreto del Gobierno central para solucionar el grave problema del abastecimiento a la población en el año 2005. Al igual que la segunda planta de Alicante. Las otras dos gemelas, más antiguas, funcionan bajo régimen de concesión administrativa por un periodo de 15 años.
Hay sobreproducción
La realidad es que la desalinización está entre un 30 y un 50% por debajo de sus posibilidades para evitar que se dispare el precio. La tarifa del Trasvase es de 21 céntimos por metro cúbico, mientras que el coste del agua industrial ronda los 60 céntimos. Luego hay que añadirle los pluses de transporte, tratamiento y comercialización. La Mancomunidad de Canales consigue amortiguar el efecto económico ofreciendo una mezcla de caudales de otras procedencias, como los del Tajo y el Taibilla.
Los gestores advierten de que esta situación es coyuntural, hasta que asome la próxima sequía y las desalinizadoras funcionen de nuevo a tope. No obstante, ahora hay un desajuste en las previsiones porque el Ministerio quiere producir 170 hectómetros sumando la producción de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco. Éso sólo sería posible eliminando la asignación del Trasvase o viendo aumentar un 50% la población actual a equis años vista. De una forma u otra, el suministro está garantizado a muy largo plazo. La cuestión es mantener el difícil equilibrio del precio.
DATOS BÁSICOS
Consumo. Los casi 3 millones de habitantes de 80 municipios de la Región, Alicante y Albacete, además de la actividad no agrícola, consumen ahora 202 hectómetros.
Suministro. Hay cinco desalinizadoras capaces de producir unos 120 hectómetros, pero sólo han aportado 55. Hay otras dos plantas en construcción. El resto procede del Tajo y el Taibilla.