La Sala entiende que «no concurren circunstancias de entidad suficiente» para tener que variar el itinerario de la protesta
25.01.11 - 00:49 -
La Gran Vía acogerá hoy la séptima manifestación contra el 'tijeretazo'. Los funcionarios podrán continuar con el recorrido habitual después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidiera ayer levantar la medida cautelar -adoptada el pasado viernes- a raíz del recurso presentado por la Comunidad. Ésta solicitaba un itinerario alternativo para evitar que la protesta pasase por el número 9 de la céntrica avenida: la casa del presidente Ramón Luis Valcárcel.
Tras escuchar a todas las partes en la vista que tuvo lugar en la mañana de ayer, la Sala de lo Contencioso Administrativo entendió que «no concurren circunstancias de entidad suficiente» como para mantener esta medida. El juez tuvo en cuenta, a la hora de tomar esta decisión, las medidas preventivas de seguridad que han adoptado, tanto la Delegación como los propios sindicatos. «Del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas», razonó la Sala. «Las manifestaciones de los representantes de los promotores en la vista ponen de manifiesto su voluntad de que no se produzcan incidentes». Fuentes cercanas al caso, aseguraron a 'La Verdad' que, en este caso, el informe policial cobra especial importancia. Los funcionarios tienen luz verde para tomar hoy la Gran Vía.
Los letrados de los sindicatos CC OO, UGT, Sterm y Sidi defendieron ayer con uñas y dientes el derecho de los empleados públicos a expresar su descontento en la vía principal de la ciudad. «El itinerario que ofrece el Ayuntamiento es un atentado a la inteligencia. Si a Valcárcel no le gusta vivir en la Gran Vía que se vaya a La Alcayna», clamó Luis Prieto, en representación del Sindicato Independiente de Docentes (Sidi). «No hay ni siquiera indiciariamente un riesgo para la vida de Valcárcel que pueda limitar el derecho de reunión», sentenció Joaquín Dólera, de CC OO.
A la vez que alzó la medida cautelar, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ emitió ayer un segundo auto en el que desestimaba los recursos de inadmisibilidad presentados por la Abogacía del Estado contra el recurso que la Comunidad presentó el pasado 20 de enero por una presunta inactividad de la Administración del Estado. Este recurso estaba motivado por una supuesta falta de respuesta de la Delegación a un escrito de la Comunidad en el que se solicitaba el cambio de itinerario de la protesta por medidas de seguridad. El Ministerio Fiscal; el jefe de la abogacía del Estado en Murcia, José María López-Alascio, y los letrados de los sindicatos solicitaron ayer al juez que se diese carpetazo a este asunto al entender que existía una falta de legitimidad, una extemporalidad en la interposición del recurso y una ausencia de actividad administrativa impugnable. Ninguno de los argumentos convencieron a la Sala que ha ordenado que se continúe con el procedimiento. Fuentes judiciales explicaron, sin embargo, que, aunque formalmente el proceso sigue vivo, éste queda, al perder el objeto que lo motivó, en agua de borrajas.
Antes incluso de que se conociese el fallo judicial, el presidente Valcárcel explicó que «esto de que no pase» por su casa «no es por Valcárcel, sino por las familias que viven en ese edificio». El presidente recordó que «es la casa donde viven 24 familias que nada tienen que ver con el tema de la política o con las medidas que uno u otro tome».
El delegado del Gobierno también abordó el asunto antes de conocer la resolución judicial que, adelantó, «todos acataremos». Insistió, asimismo, en que la Delegación «ha sido exhaustiva y rigurosa a la hora de aplicar plazos, audiencias y procedimientos» sobre la solicitud de cambio de itinerario. Tras conocer el fallo, la Delegación celebró que éste «confirma» sus argumentos jurídicos.
