El País.com
Casi 10 días después de que Mariano Rajoy lo anunciara en un mitin de fin de semana, el PP presentó ayer formalmente su propuesta de recorte de los gastos electorales. La iniciativa, preparada por Ana Mato, vicesecretaria de Organización, viene con una cuantificación muy clara de cuánto se ahorraría el Estado con los recortes que propone el PP.
En la última campaña electoral de las generales, en 2008, el Estado entregó a todos los partidos políticos para financiar sus campañas 67,7 millones de euros, según los datos del PP basados en el Tribunal de Cuentas, de los que 41,6 millones correspondieron a gastos electorales con carácter general, y 26,1 a la actividad de envío de propaganda electoral.
El PP propone una serie de recortes, que deberían ser pactados entre todos los partidos, que supondrían un ahorro de hasta un 30% de esos gastos. Esto es 20,3 millones de euros. Puede parecer poco cuando el Gobierno acaba de anunciar un plan para recortar 10.000 millones solo en 2010. Sin embargo, el Ejecutivo, antes de los últimos recortes drásticos, anunció por ejemplo un tajo a los altos cargos que suponía 16 millones de ahorro, menos que este que plantea ahora el PP.
El recorte para unas elecciones locales y autonómicas sería similar. Las locales de 2007, según estos mismos datos, supusieron un gasto para el Estado de 58,4 millones de euros, 36,7 millones en actividad electoral y 21,7 de envío de propaganda.
La propuesta es sencilla. Los populares ni siquiera le han dado forma de proposición de ley, simplemente la han enviado como propuesta a todos los partidos para intentar llegar a un acuerdo. La idea consiste en cambiar varias leyes, en especial la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para reducir los límites máximos de gasto permitidos, reducir las subvenciones para gastos electorales que se obtienen en función de los resultados, y disminuir la subvención específica para sufragar los gastos de envío de propaganda electoral.
El PP propone rebajar un 30% los límites y las subvenciones. Además, recortar en un 25% los gastos de envío de propaganda y publicidad; limitar la publicidad exterior y en medios de comunicación a un 20% del límite máximo de gastos; circunscribir la publicidad exterior y en medios a los quince días de campaña electoral y mejorar la tarea de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
El PP está siendo investigado en el caso Gürtel precisamente por financiar ilegalmente actos de campaña electoral. El último auto del juez Pedreira pide al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que investigue sobre un informe de la policía y otro de la Agencia Tributaria que apuntan claramente a esa financiación ilegal del PP valenciano.
El PP propone una serie de recortes, que deberían ser pactados entre todos los partidos, que supondrían un ahorro de hasta un 30% de esos gastos. Esto es 20,3 millones de euros. Puede parecer poco cuando el Gobierno acaba de anunciar un plan para recortar 10.000 millones solo en 2010. Sin embargo, el Ejecutivo, antes de los últimos recortes drásticos, anunció por ejemplo un tajo a los altos cargos que suponía 16 millones de ahorro, menos que este que plantea ahora el PP.
El recorte para unas elecciones locales y autonómicas sería similar. Las locales de 2007, según estos mismos datos, supusieron un gasto para el Estado de 58,4 millones de euros, 36,7 millones en actividad electoral y 21,7 de envío de propaganda.
La propuesta es sencilla. Los populares ni siquiera le han dado forma de proposición de ley, simplemente la han enviado como propuesta a todos los partidos para intentar llegar a un acuerdo. La idea consiste en cambiar varias leyes, en especial la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para reducir los límites máximos de gasto permitidos, reducir las subvenciones para gastos electorales que se obtienen en función de los resultados, y disminuir la subvención específica para sufragar los gastos de envío de propaganda electoral.
El PP propone rebajar un 30% los límites y las subvenciones. Además, recortar en un 25% los gastos de envío de propaganda y publicidad; limitar la publicidad exterior y en medios de comunicación a un 20% del límite máximo de gastos; circunscribir la publicidad exterior y en medios a los quince días de campaña electoral y mejorar la tarea de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
El PP está siendo investigado en el caso Gürtel precisamente por financiar ilegalmente actos de campaña electoral. El último auto del juez Pedreira pide al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que investigue sobre un informe de la policía y otro de la Agencia Tributaria que apuntan claramente a esa financiación ilegal del PP valenciano.
