Valcárcel celebró ayer una reunión de trabajo con los consejeros para perfilar nuevas iniciativas anticrisis
Presidencia medita suspender el pago a unos 9.000 funcionarios de la homologación salarial con el SMS
La Verdad
El Gobierno regional estudia la aprobación de nuevas medidas de ajuste presupuestario y recorte del gasto para hacer frente a la crisis económica y contener el déficit público. Este fue uno de los asuntos abordados en la reunión de trabajo celebrada ayer durante toda la mañana por el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, con sus consejeros.
El encuentro, que tuvo lugar en el reservado de un restaurante de Murcia, sirvió también para perfilar una nueva batería de medidas contra la crisis económica que el Ejecutivo quiere lanzar antes del verano, y para comenzar a preparar el debate sobre el estado de la Región que tendrá lugar en la Asamblea Regional a mediados de junio, según informaron fuentes del Ejecutivo.
Este tipo de reuniones del Gobierno autónomo, conocidas en la Administración regional como 'retiro espiritual' y que carecen de una periodicidad concreta, son utilizadas por el presidente Valcárcel para coordinar, impulsar o priorizar la acción del Ejecutivo.
El orden del día de la cita de ayer fue eminentemente económico, según precisaron varios consejeros, y uno de los asuntos principales fueron «los ajustes que nos imponen desde el Gobierno central», indicó uno de ellos.
El ajuste que deberá acometer el Gobierno regional en el presupuesto tiene que ver con la reducción de una décima en la capacidad de endeudamiento en 2010 de la Comunidad Autónoma, que ordenó el Ministerio de Economía y Hacienda basándose en la rectificación a la baja de la previsión de crecimiento económico de España para este año.
Este recorte en la capacidad de endeudamiento supondrá para la Administración regional, según anunció la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, la pasada semana, una reducción presupuestaria de 25 millones de euros.
Estos 25 millones se suman a los casi 100 que Hacienda ya tuvo que recortar a comienzos de año a causa de los planes de equilibrio económico que el Ministerio exigió a las comunidades autónomas.
Otra razón que justifica las nuevas medidas de ahorro es la caída de los ingresos tributarios de la hacienda regional, que en el primer trimestre del año recaudó 84,8 millones menos que en el mismo periodo de 2009, lo que representa un descenso del 12,63%, según datos extraídos de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma.
Los funcionarios podrían ser de nuevo los perjudicados por alguna de estas medidas de ajuste del Ejecutivo regional. De hecho, según ha reconocido la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas a 'La Verdad', este departamento estudia la suspensión del pago del 30% que resta de la homologación de los funcionarios de administración y servicios de la Comunidad con los empleados del mismo nivel del Servicio Murciano de Salud.
Esta iniciativa afectaría a más de 9.000 funcionarios y si finalmente se decide aprobarla supondría un ahorro para la Comunidad de entre 15 y 18 millones de euros.
La consejera María Pedro Reverte se había comprometido con los sindicatos al pago del tercio que falta para completar la homologación de los empleados de administración y servicios antes del próximo 30 de junio. Sin embargo, el pasado jueves contestó a este diario que «está por decidir si se va a abonar».
Según la consejera, «la aplicación o no, o su abono total o parcial, se determinará cuando se hayan tomado las decisiones sobre la aplicación en la Comunidad de los recortes anunciados por Rodríguez Zapatero y teniendo en cuenta el margen de maniobra que tengamos en su aplicación».
UGT, CSIF y Sterm han solicitado una reunión «urgente» con la consejera para abordar esta cuestión y no dudan en anunciar una campaña de movilizaciones si al final la Consejería opta por dejar a los funcionarios sin las cantidades que le adeuda desde el 1 de enero de 2009, que es cuando comenzó a aplicarse la homologación de los empleados de administración y servicios. «Es una cuestión de dignidad y si el 30 de junio no han pagado se puede liar», indicó el secretario de FSP-UGT, José López, mientras que para el presidente del sector de administración autonómica del CSIF, Juan Miguel López, este asunto es «irrenunciable».
