Los trámites para reconocer los derechos de los usuarios del Segura entran en la recta final y suman 400 hectómetros al año
29.04.09 -
M. BUITRAGO MURCIA/ la Verdad
Mientras que el debate político del Trasvase Tajo-Segura sigue su curso en el Congreso de los Diputados -aunque ahora está estancado- los trámites administrativos para otorgar a los regantes del Segura las concesiones de agua de la cabecera del Tajo se encuentran en la recta final. Estas concesiones, que deberán ser aprobadas cuando llegue el momento por la directora general del Agua, prevén que el acueducto Tajo-Segura debe funcionar durante 75 años.
Esto quiere decir que la explotación de este trasvase tendría por delante al menos otros 45 años. Este trámite choca de lleno con el Estatuto de Castilla-La Mancha, que pretende eliminar el acueducto antes del año 2015.
Los técnicos trata de dilucidar si el origen de la concesión se establece en el año 1973 o 1980, cuando fueron aprobadas las dos leyes más importantes del Tajo-Segura.
La Confederación Hidrográfica ha negociado por separado con cada una de las 80 comunidades de regantes integradas en el Sindicato Central, según informó ayer Francisco del Amor al término de una de las reuniones de trabajo. Sólo queda por fijar las concesiones para Almería. El cometido de la Confederación es preparar toda la documentación para remitirla a la Dirección General del Agua.
El proceso para otorgar las concesiones de agua del Tajo nace del Plan de Cuenca del Segura del año 1997, que establecía que en el plazo de cuatro años debían reconocerse estos derechos a favor de la Región de Murcia, Alicante y Almería. Ha habido que esperar hasta el año 2005 para que el Gobierno central diera la orden de iniciar los trámites para cumplir dicho mandato. La vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, también se comprometió con los regantes murcianos para que obtengan estas concesiones, sobre la base de los derechos establecidos en la ley del Tajo-Segura. Cada concesión debe fijar el titular, el perímetro regable, la dotación anual, la duración y la procedencia del agua. Estos trabajos han durado más de tres años debido a su complejidad técnica. El Ministerio de Medio Ambiente recibió el año pasado un primer expediente, sobre el que se tuvieron que realizar correcciones.
No hay fecha para que la directora general del Agua, Marta Morén, fime las concesiones. No se necesita una autoridad de mayor rango. La cuestión que se plantea es si políticamente se aprobarán, al encontrarse enfrente Castilla-La Mancha, y cuándo.
29.04.09 -
M. BUITRAGO MURCIA/ la Verdad
Mientras que el debate político del Trasvase Tajo-Segura sigue su curso en el Congreso de los Diputados -aunque ahora está estancado- los trámites administrativos para otorgar a los regantes del Segura las concesiones de agua de la cabecera del Tajo se encuentran en la recta final. Estas concesiones, que deberán ser aprobadas cuando llegue el momento por la directora general del Agua, prevén que el acueducto Tajo-Segura debe funcionar durante 75 años.
Esto quiere decir que la explotación de este trasvase tendría por delante al menos otros 45 años. Este trámite choca de lleno con el Estatuto de Castilla-La Mancha, que pretende eliminar el acueducto antes del año 2015.
Los técnicos trata de dilucidar si el origen de la concesión se establece en el año 1973 o 1980, cuando fueron aprobadas las dos leyes más importantes del Tajo-Segura.
La Confederación Hidrográfica ha negociado por separado con cada una de las 80 comunidades de regantes integradas en el Sindicato Central, según informó ayer Francisco del Amor al término de una de las reuniones de trabajo. Sólo queda por fijar las concesiones para Almería. El cometido de la Confederación es preparar toda la documentación para remitirla a la Dirección General del Agua.
El proceso para otorgar las concesiones de agua del Tajo nace del Plan de Cuenca del Segura del año 1997, que establecía que en el plazo de cuatro años debían reconocerse estos derechos a favor de la Región de Murcia, Alicante y Almería. Ha habido que esperar hasta el año 2005 para que el Gobierno central diera la orden de iniciar los trámites para cumplir dicho mandato. La vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, también se comprometió con los regantes murcianos para que obtengan estas concesiones, sobre la base de los derechos establecidos en la ley del Tajo-Segura. Cada concesión debe fijar el titular, el perímetro regable, la dotación anual, la duración y la procedencia del agua. Estos trabajos han durado más de tres años debido a su complejidad técnica. El Ministerio de Medio Ambiente recibió el año pasado un primer expediente, sobre el que se tuvieron que realizar correcciones.
No hay fecha para que la directora general del Agua, Marta Morén, fime las concesiones. No se necesita una autoridad de mayor rango. La cuestión que se plantea es si políticamente se aprobarán, al encontrarse enfrente Castilla-La Mancha, y cuándo.