Anse informa al juez de que Salinas de La Manga SL, de los constructores Mariano Roca y Alfonso García, recibió ayudas aunque ya no mantenía el humedalJOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA/ la Verdad
Subvenciones de la Comunidad Autónoma por valor de 134.183 euros en cuatro años a pesar de no extraer ni un solo kilo de sal. Eso es lo que recibió de los años 2004 al 2007 la empresa Salinas de La Manga, SL, propiedad de los conocidos constructores de Cartagena Mariano Roca y Alfonso García, en ayudas por el beneficio ambiental que suponía su actividad industrial en el paraje natural protegido de las salinas de Marchamalo.
Los empresarios empezaron a recibir ayudas públicas regionales a raíz de que compraron en 1995 el terreno a Salinera de Catalana SA (a través de dos sociedades de promoción inmobiliarias: Agropecuaria Coro SA, de Roca, y Sociedad Agraria de Transformación La Tercia, de García).
Sin embargo, durante el citado periodo de cuatro años declararon que tenían actividad cuando en realidad no era así, según se desprende de la documentación aportada al Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena por la asociación ecologista Anse para defenderse de las acusaciones de la empresa por dañar supuestamente las salinas en una protesta en Marchamalo en agosto del 2007. La denuncia ha sido archivada por falta de pruebas contra los ecologistas.
Según esos documentos, a los que ha tenido acceso La Verdad, Salinas de La Manga SL declaró en el año 2004 ante el Registro Mercantil un beneficio de cero euros por su negocio en Marchamalo. Y en los años 2005, 2006, 2007, ese organismo oficial carece de información sobre las actividades de la compañía.
Mientras supuestamente «dejaba morir las salinas», según ha denunciado de forma insistente Anse en los últimos años, Salinas de La Manga SL seguía recibiendo las ayudas de la Comunidad por contribuir al mantenimiento de una zona protegida por cuatro normativas ambientales españolas y una de la Unión Europea, dada su riqueza paisajística y de fauna (tanto aves como peces).
Marqués y Mercader
Primero la Consejería de Medio Ambiente, con Francisco Marqués como consejero; y después la de Desarrollo Sostenible, al frente de la que estaba Benito Mercader, autorizaron los pagos de las ayudas sin comprobar el deterioro de la zona por la escasa entrada de agua del Mar Menor a través de un canal y la acumulación de sal sin retirar.
Los consejeros dieron el visto bueno a los informes anuales de la Comisión de Seguimiento del convenio y la Dirección General del Medio Natural, que desde 1998 sirvieron de base para renovar cada año el acuerdo desde que el 16 de mayo de 1997 lo firmaron Roca y el entonces consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, Eduardo Sánchez Almohalla.
La Comisión de Seguimiento empleó un modelo similar de informe. Roca acreditaba con su firma el cumplimiento de dos exigencias: «Se ha mantenido la actividad extractiva y la infraestructura salinera; y la contratación de personal para vigilancia y mantenimiento de las salinas y la protección de sus valores naturales asociados».
Al menos a partir del 2005, se incluyó un tercer cumplimiento: «Se ha contado con su consentimiento en todas las acciones realizadas directamente por la Administración Ambiental».
En 1997, la Comunidad justificó el convenio por el hecho de que las salinas formaban parte de los «Paisajes Protegidos de los Espacio Abiertos e Islas del Mar Menor»; fueron incluida en la lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar; y se debía mantener los humedales al igual que el resto del Mar Menor.
También dio su «apoyo a una actividad económica con tradición secular en la comarca, y cuya explotación ante la situación desfavorable del mercado de la sal se ha visto abocada al abandono».
Pero esa apuesta pública no se habría visto secundada en los últimos años por los empresarios. Mercader, que al llegar al cargo aumentó en 13.000 la ayuda (de 27.046 euros a 40.046; el convenio inicial fue de 24.000 euros), tuvo que rescindir el convenio el año pasado.
Piden la expropiación
Lo hizo a raíz de las denuncias de Anse sobre la situación de los humedales, de las que se hicieron eco los grupos parlamentarios del PSOE e Izquierda Unida en la Asamblea Regional.
Anse reclama a la Comunidad que exija la devolución de las ayudas y, junto al Ministerio de Medio Ambiente, inicie los trámites de expropiación de las salinas.
PARA SABER MÁS
Convenio: De colaboración entre la Comunidad Autónoma y Salinas de La Manga S. A. para la conservación de las salinas de Marchamalo. Firmado en 1997 y prorrogado hasta el 2007. Fue suspendido en 2008.
Subvenciones: En el año 2004, 27.045 euros; y en el año 2005; 27.046 euros; en los dos años siguientes, 40.046 euros cada uno.
Convenio: De colaboración entre la Comunidad Autónoma y Salinas de La Manga S. A. para la conservación de las salinas de Marchamalo. Firmado en 1997 y prorrogado hasta el 2007. Fue suspendido en 2008.
Subvenciones: En el año 2004, 27.045 euros; y en el año 2005; 27.046 euros; en los dos años siguientes, 40.046 euros cada uno.
