Si el recurso prospera, la Comunidad dejaría de ahorrarse 200 de los 800 millones previstos con la supresión de la paga de Navidad
Dentro de la catástrofe, al menos intentar salvar los muebles. Tal parece la actitud mostrada por miles de funcionarios de la Comunidad Autónoma de Murcia, las distintas administraciones locales y la Administración General del Estado, que en los últimos días han presentado ya un recurso dirigido a tratar de salvar el 25% de la extra de Navidad suprimida por decreto ley. Todo apunta además a que las citadas reclamaciones se generalizarán en pocos días, de forma que en breve plazo podrían alcanzar casi al 100% de los 80.000 empleados públicos de las tres administraciones públicas.
El argumento jurídico en el que se basa la reclamación del 25% de la paga extra es el principio constitucional que establece que ninguna norma sancionadora, no favorable o restrictiva de derechos -como es el caso- puede ser aplicada de manera retroactiva.
Como los derechos sobre la paga extra de Navidad -una de las dos que venían cobrando anualmente- empiezan a generarse el 1 de junio, y como el Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, no entró en vigor hasta el 14 de julio, ello significa, según la interpretación legal realizada por el sindicato CSI-F, que los funcionarios ya habrían generado derechos a esa paga durante un mes y medio. Esto es, sobre la cuarta parte de los seis meses que permitían cobrar íntegramente esa retribución.
«Los derechos a la percepción de la paga extraordinaria de diciembre, generados entre los días 1 de junio y 14 de julio de 2012, son de obligado cumplimiento por parte de la Administración, debiendo ser abonados», se lee en las reclamaciones que están presentando en los servicios de nóminas de las tres administraciones públicas.
Juan Miguel López, presidente de CSI-F en Murcia, el sindicato que comenzó a impulsar esta iniciativa, a la que ya se están sumando otras centrales sindicales, está convencido de que las reclamaciones prosperarán, bien porque la administración las asuma tras analizar los argumentos legales, bien a través de la vía judicial. «Sería absurdo que tuviéramos que recurrir a un recurso contencioso-administrativo», señala López, «porque creemos que la cuestión está bastante clara y que lo normal es que los tribunales acaben dándonos la razón. Sería algo gratuito negarle ese derecho a los funcionarios y aumentar de esa forma su malestar. Además, acudir a la vía judicial significaría destinar más recursos públicos al proceso para, con mucha seguridad, tener al final que acabar pagando ese 25% de la extra y con intereses».
El líder sindical alabó de esta forma la postura del Ayuntamiento de Cartagena, que ha sido el primero en la Región en reconocer el derecho de sus empleados a cobrar la cuarta parte de la paga de Navidad. Un precedente que les ratifica en la idea de que la razón está de su parte.
«No acaba además aquí el asunto, porque nuestros servicios jurídicos siguen estudiando al detalle el decreto-ley para ver de qué forma podemos seguir defendiendo derechos que los empleados públicos creían perdidos», añade López, que reitera que, de manera paralela, van a seguir convocando protestas y movilizaciones contra las consecuencias del recorte. «No hay derecho a que se estén cebando con los funcionarios, cuando son los políticos y los bancos los que nos han llevado a esta situación».
