La ministra Ana Mato anuncia que el Ejecutivo no pagará la Seguridad Social a los nuevos cuidadores no profesionales
11.07.12 - 00:49 -
El Gobierno presentó a las comunidades autónomas su plan para reformar la ley de dependencia. Unas modificaciones que endurecen el actual panorama para favorecer que las personas que necesitan una atención especial la reciban fuera de sus casas y potenciar, de esta manera, los servicios sociales de las comunidades autónomas. La ministra de Sanidad, Ana Mato, explicó a los consejeros las líneas maestras del borrador del Real Decreto que aprobarán con total probabilidad en el Consejo de Ministros del próximo viernes.
Los cuidadores familiares son el punto de inflexión de la reforma. En el texto legislativo primigenio se contemplaba que esta figura tenía que ser una excepción; en cambio se ha convertido en lo más común. Según datos del propio ministerio, el 45,5% de las prestaciones se dan a los seres queridos que cuidan de los dependientes. Ahora, el Ejecutivo popular quiere volver al origen. Para fomentar los servicios sociales, Mato anunció que se van a bajar un 15% los sueldos de los cuidadores familiares y no se les pagará la Seguridad Social en el caso de los familiares de los nuevos dependientes. Ahora mismo, se cobra una media de 400 euros, con lo que se perderían al mes 60 euros.
Además, las personas que quieran atender a sus seres queridos en casa tendrán que cumplir cuatro requisitos: demostrar que su horario laboral es compatible, convivir con el dependiente, pasar un seguimiento por parte de las administraciones y tener la formación adecuada para las necesidades de ese dependiente. En caso de carecerla, tendrá que recibir los conocimientos necesarios si quiere tener a su ser querido en casa. Para completar la batería de condiciones, también se modificarán los criterios para fijar la cantidad de dinero. El Gobierno propone que al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), el índice que se usa para conceder becas y ayudas y que asciende a 532,51 euros al mes, se le sume el patrimonio.
Otro de los apartados de la reforma es la desaparición de los niveles de gravedad (1 y 2) con los que se cataloga a cada dependiente en los grados. También se establecerá un copago, incluidos los dependientes con discapacidad, en función de los ingresos de cada usuario. De esta manera, la ministra destacó que «se agilizan los servicios» y se priorizará en las listas de espera «al gran dependiente y al dependiente severo».En consecuencia, el calendario para la incorporación de las personas con dependencia moderada o leve se ampliará de modo que vayan entrando de forma progresiva y también se quiere agilizar los trámites y descargas burocráticas.
Este plan pretende además que los servicios de las comunidades tengán más peso.Por eso, el 90% de los fondos a la dependencia que aporte el Gobierno se repartirán entre todas las autonomías en función del número de personas atendidas. El 10% restante será para las que más servicios mantengan. Mato recordó que estas medidas, que cuentan con la oposición de Cataluña, Andalucía y País Vasco, se han tomado debido a la «ausencia de evaluación de la aplicación y de los resultados del Ejecutivo anterior. Recordó que se ha producido un gasto superior de 2.700 millones, que hay 400.000 dependientes más de los previstos y una deuda en la Seguridad Social de más de 800 millones.
