Los 'sin papeles' solo podrán acceder a Urgencias y a atención pediátrica, y tendrán que pagar sus medicinas
24.04.12 - 07:40 - J.P.PARRA |/ La Verdad
33.319 inmigrantes 'sin papeles' perderán su derecho a la tarjeta sanitaria en la Región si el decreto que hoy publicará el BOE mantiene el anuncio de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de exigir «residencia fiscal» en España para poder contar con ese documento. La tarjeta permite disfrutar de una cobertura sanitaria regularizada, con un médico de familia asignado y acceso a todo los servicios y prestaciones del sistema público. Los inmigrantes afectados solo podrán ir a Urgencias, aunque habrá dos salvedades: las mujeres embarazadas serán atendidas durante su gestación, y los niños tendrán pediatra.
Al quedarse sin tarjeta, estos extranjeros no tienen en realidad reconocido el derecho a asistencia gratuita, así que, salvo que el decreto aclare este punto, serán los hospitales los que tendrán que decidir si el extranjero atendido se considera persona sin recursos y por tanto no se le factura. Lo que sí tendrán que pagar irremediablemente será el 100% de las medicinas, porque no estarán financiadas.
El Servicio Murciano de Salud atiende en estos momentos a 216.918 extranjeros con tarjeta sanitaria, según los datos facilitados por la Consejería. De ellos, 33.319 no podrán acreditar residencia fiscal, porque viven en la Región en situación irregular. Se verán, por tanto, privados del derecho a la tarjeta de la que ahora disfrutan. Otros 147.788 extranjeros no comunitarios sí tienen permiso de residencia, y por tanto el decreto no variará su situación.
En la Región viven, además, 35.811 comunitarios con tarjeta sanitaria, de los que aproximadamente unos 10.000 son pensionistas. De las palabras de la ministra Ana Mato se deduce que también deberán fijar en España su residencia fiscal para poder mantener este documento. La diferencia estriba en que mientras los europeos podrán seguir recibiendo asistencia si cumplen este trámite, para los irregulares se convierte en un obstáculo insalvable, porque al no estar legales no podrán cumplir ese requisito. En realidad, España ya recibe una compensación de la Unión Europea por el número de comunitarios con tarjeta sanitaria. Así, la Región recibió en 2009 (es el último dato disponible) 14,2 millones.
Habrá que esperar a conocer el decreto para poder sacar conclusiones. A lo largo del fin de semana, el Ministerio ha confirmado lo que adelantó Ana Mato el viernes, si bien la portavoz de Inmigración del PP en el Congreso, Carmen Navarro, aseguró ayer que no hay fecha concreta para llevar la normativa al Congreso, y que está «en estudio». Añadió que «urge optimizar el servicio sanitario ante el servicio abusivo de extranjeros». Mientras, las medidas fueron criticadas por las ONG. SOS Racismo advirtió que habrá medio millón de afectados en España.
La consejera de Sanidad y Política Social, Ángeles Palacios, subrayó ayer a 'La Verdad' que los cambios no supondrán, «bajo ningún concepto, negar la asistencia sanitaria a quien lo necesite». Añadió que «las urgencias se seguirán atendiendo, prestando los servicios básicos. Se trata, simplemente, de poner coto a los abusos que se estaban produciendo y que perjudican al conjunto del sistema y, por tanto, a los usuarios».
Turismo sanitario
La ministra Ana Mato anunció el viernes que el decreto luchará contra prácticas de «turismo sanitario», con un ahorro previsto de 500 millones de euros. El Gobierno hace referencia a un informe del Tribunal de Cuentas que denuncia algunas de estas situaciones, y también señala fallos en los mecanismos para cobrar a los turistas extranjeros. En total, sitúa el agujero en 917 millones.
Entre los «abusos» que denuncia el Ministerio y también la Consejería destacan varias situaciones. Por ejemplo, padres o hermanos de inmigrantes que se empadronan en España para recibir un tratamiento aunque en realidad no vivan en el país. Pueden hacerlo porque se registran como beneficiarios de la tarjeta de su familiar. La ministra también explicó el viernes que hay europeos que, una vez empadronados en España, consiguen la tarjeta sanitaria y se tratan en sus países de origen a costa del sistema nacional de salud.
En cualquier caso, a parte de que la mayoría de inmigrantes paga sus impuestos en España, tanto directos como indirectos, hay que tener en cuenta que no todas las atenciones a los extranjeros suponen un gasto para el sistema. La asistencia a los turistas se factura a sus países de origen o a sus aseguradoras privadas (la Región cobró 4,9 millones en 2010). El problema, recuerda el Tribunal de Cuentas, es que hay asistencias que no llegan a facturarse, e incluso países que no pagan.
