Los diputados regionales disfrutan desde 2008 de un plan de pensiones de 4.000 euros al año. Se pusieron en plena recesión un «seguro de aportación definida» y, además, perciben una indemnización de 30 días por año al dejar el escaño
15.04.12 - 01:45 - JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ | CARTAGENA/ la VerdadLos diputados regionales no parecen entender de crisis. Al menos, en lo que a sus bolsillos se refiere. Pese a llevar cuatro años cruzándose reproches por el emprobrecimiento de los ciudadanos debido a los recortes de presupuesto y la subida de impuestos de los gobiernos regional y nacional de PP y PSOE, los 45 parlamentarios autonómicos (de esos partidos e Izquierda Unida) han mantenido un doble privilegio económico con cargo a las arcas de la Comunidad Autónoma, y por lo tanto a las de los ciudadanos de la Región. Mantienen un plan pensiones que les permite acumular unos 4.000 euros al año para cuando dejen su escaño, y también conservan una indemnización de treinta días de salario por año trabajado al finalizar su trabajo parlamentario.Fue en abril de 2008, ya en plena recesión económica y en un mes en el que la Región sufrió la segunda mayor subida del paro del país con un 3,65% (60.000 personas estaban ya sin empleo), cuando se asignaron el plan de pensiones. Para su denominación oficial, recurrieron al eufemismo de llamarlo «seguro de aportación definida», gestionado a través de Cajamurcia (ahora BMN).Denuncia de SPCTLa Cámara se comprometió a aportar al plan 194.663,26 euros al año de los presupuestos que le asigna cada año la Comunidad Autónoma (y que se aprueban en el Pleno del propio parlamento). Eran unos 360 euros al mes por representante, una cifra rebajada en un 8% en 2010, según la Asamblea, por la reducción de salarios. La aportación actual está, así, en unos 180.000 euros al año.Este sistema de mejora de la pensión de sus señorías, cuyo salario sirve ya de base para las cotizaciones a la Seguridad Social de cara a la jubilación, fue aprobado sin que le acompañara un comunicado público de la institución o una comparecencia de algún representante.En febrero del año pasado, el partido Socialistas por Cartagena (SPCT) denunció una situación que, en palabras de su portavoz, Juan Luis Martínez, era «intolerable, indignante y poco edificante para nuestro sistema democrático». SPCT hizo hincapié en que «45 representantes del pueblo están discutiendo medidas contra la crisis, mientras se benefician del esfuerzo del contribuyente con un sobresueldo del todo inmoral dada la situación económica que sufren los administrados». El partido de Martínez (exportavoz municipal del PSOE, que dejó esta formación por diferencias con las ejecutivas local y regional) denunció también que los diputados disfrutaban de un régimen complementario que fija una indemnización por cese de actividad de treinta días de salario por año trabajado, hasta un máximo de 24 meses.Aprobado en julio de 2007 como «Régimen complementario de asistencia social», establece que es necesario haber sido parlamentario un mínimo de seis meses. Además, fija una serie de excepciones para los parlamentarios que forman parte de la Diputación Permanente, tienen dedicación exclusiva o pasan a otro parlamento.SPCT mostró ya hace más de un año «su más absoluto rechazo a este régimen complementario, porque consolida un privilegio intolerable que no disfrutan el resto de los trabajadores de esta Región». Martínez indicó que la reforma laboral recién aprobada por el Gobierno central había rebajado ya la indemnización por despido a veinte días por año trabajado, e incluso menos si se justificaban pérdidas continuadas por parte de la empresa. La nueva reforma laboral de Rajoy extiende este tipo de compensación.Aunque los portavoces de PSOE e IU, Begoña García Retegui y José Antonio Pujante repectivamente, admitieron entonces la posible revisión del plan de pensiones por la «actual coyuntura de recortes» y la crisis, que se ha agravado en términos de paro, impuestos y 'tijeretazo' a las cuentas públicas (la Comunidad aplicará otro de 404 millones), no han propuesto modificar su doble complemento salarial.Desde el PP, Juan Carlos Ruiz opina que tener un «plan de ahorro» era normal, y destaca que las aportaciones se habían visto «mermadas» por los recortes salariales. Entonces citó «una merma del poder adquisitivo de más del 15%» desde 2007, que ahora eleva al 19%.El panorama de la Asamblea, con sede en Cartagena, contrasta con la del Congreso de los Diputados y el Senado. En enero, las Mesas de ambas cámaras aprobaron una propuesta de sus presidentes, Jesús Posada y Pío García respectivamente (ambos del PP), para suspender las aportaciones públicas. Esta medida ahorra 4.000 euros al año por parlamentario. En total, 2,5 millones.Ruiz, García Retegui y Pujante coinciden en que las remuneraciones en la cámara murciana son de los más «austeras» de España. Pero abren la puerta a una rebaja por la crisis. ¿Quién dará el primer paso?
Los diputados regionales disfrutan desde 2008 de un plan de pensiones de 4.000 euros al año. Se pusieron en plena recesión un «seguro de aportación definida» y, además, perciben una indemnización de 30 días por año al dejar el escaño
15.04.12 - 01:45 -
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ | CARTAGENA/ la Verdad
Los diputados regionales no parecen entender de crisis. Al menos, en lo que a sus bolsillos se refiere. Pese a llevar cuatro años cruzándose reproches por el emprobrecimiento de los ciudadanos debido a los recortes de presupuesto y la subida de impuestos de los gobiernos regional y nacional de PP y PSOE, los 45 parlamentarios autonómicos (de esos partidos e Izquierda Unida) han mantenido un doble privilegio económico con cargo a las arcas de la Comunidad Autónoma, y por lo tanto a las de los ciudadanos de la Región. Mantienen un plan pensiones que les permite acumular unos 4.000 euros al año para cuando dejen su escaño, y también conservan una indemnización de treinta días de salario por año trabajado al finalizar su trabajo parlamentario.
Fue en abril de 2008, ya en plena recesión económica y en un mes en el que la Región sufrió la segunda mayor subida del paro del país con un 3,65% (60.000 personas estaban ya sin empleo), cuando se asignaron el plan de pensiones. Para su denominación oficial, recurrieron al eufemismo de llamarlo «seguro de aportación definida», gestionado a través de Cajamurcia (ahora BMN).
Denuncia de SPCT
La Cámara se comprometió a aportar al plan 194.663,26 euros al año de los presupuestos que le asigna cada año la Comunidad Autónoma (y que se aprueban en el Pleno del propio parlamento). Eran unos 360 euros al mes por representante, una cifra rebajada en un 8% en 2010, según la Asamblea, por la reducción de salarios. La aportación actual está, así, en unos 180.000 euros al año.
Este sistema de mejora de la pensión de sus señorías, cuyo salario sirve ya de base para las cotizaciones a la Seguridad Social de cara a la jubilación, fue aprobado sin que le acompañara un comunicado público de la institución o una comparecencia de algún representante.
En febrero del año pasado, el partido Socialistas por Cartagena (SPCT) denunció una situación que, en palabras de su portavoz, Juan Luis Martínez, era «intolerable, indignante y poco edificante para nuestro sistema democrático». SPCT hizo hincapié en que «45 representantes del pueblo están discutiendo medidas contra la crisis, mientras se benefician del esfuerzo del contribuyente con un sobresueldo del todo inmoral dada la situación económica que sufren los administrados». El partido de Martínez (exportavoz municipal del PSOE, que dejó esta formación por diferencias con las ejecutivas local y regional) denunció también que los diputados disfrutaban de un régimen complementario que fija una indemnización por cese de actividad de treinta días de salario por año trabajado, hasta un máximo de 24 meses.
Aprobado en julio de 2007 como «Régimen complementario de asistencia social», establece que es necesario haber sido parlamentario un mínimo de seis meses. Además, fija una serie de excepciones para los parlamentarios que forman parte de la Diputación Permanente, tienen dedicación exclusiva o pasan a otro parlamento.
SPCT mostró ya hace más de un año «su más absoluto rechazo a este régimen complementario, porque consolida un privilegio intolerable que no disfrutan el resto de los trabajadores de esta Región». Martínez indicó que la reforma laboral recién aprobada por el Gobierno central había rebajado ya la indemnización por despido a veinte días por año trabajado, e incluso menos si se justificaban pérdidas continuadas por parte de la empresa. La nueva reforma laboral de Rajoy extiende este tipo de compensación.
Aunque los portavoces de PSOE e IU, Begoña García Retegui y José Antonio Pujante repectivamente, admitieron entonces la posible revisión del plan de pensiones por la «actual coyuntura de recortes» y la crisis, que se ha agravado en términos de paro, impuestos y 'tijeretazo' a las cuentas públicas (la Comunidad aplicará otro de 404 millones), no han propuesto modificar su doble complemento salarial.
Desde el PP, Juan Carlos Ruiz opina que tener un «plan de ahorro» era normal, y destaca que las aportaciones se habían visto «mermadas» por los recortes salariales. Entonces citó «una merma del poder adquisitivo de más del 15%» desde 2007, que ahora eleva al 19%.
El panorama de la Asamblea, con sede en Cartagena, contrasta con la del Congreso de los Diputados y el Senado. En enero, las Mesas de ambas cámaras aprobaron una propuesta de sus presidentes, Jesús Posada y Pío García respectivamente (ambos del PP), para suspender las aportaciones públicas. Esta medida ahorra 4.000 euros al año por parlamentario. En total, 2,5 millones.
Ruiz, García Retegui y Pujante coinciden en que las remuneraciones en la cámara murciana son de los más «austeras» de España. Pero abren la puerta a una rebaja por la crisis. ¿Quién dará el primer paso?
