El vicepresidente se felicita de que el centro va a servir para que los presos de Murcia cumplan sus penas «cerca de sus casas»
25.03.11 - 00:59 -
«Un centro modélico» que servirá para que «los presos de Murcia y de zonas próximas puedan cumplir la pena cerca de sus casas». Con estas palabras se refirió el vicepresidente primero y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al centro penitenciario Murcia II, ubicado en el municipio de Campos del Río, y cuya inauguración presidió ayer por la mañana.
El ministro destacó que la cárcel dispondrá del «sistema de vigilancia más sofisticado» y también la mejoría de las celdas para los reclusos, que amplían su superficie de 10 a 13 metros cuadrados.
Rubalcaba, que antes del acto de inauguración realizó sendas y fugaces visitas a las localidades de Campos del Río y Albudeite, se permitió bromear con el tiempo destemplado de ayer al expresar su satisfacción por el hecho de que «con mi llegada haya venido también la lluvia».
Al acto asistió una nutrida representación de la judicatura murciana y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de dirigentes sindicales y alcaldes y empresarios de la zona. Por parte de la Comunidad Autónoma estuvo presente el director general de Seguridad Ciudadana, Luis Gestoso.
Durante el acto se rindió homenaje a los dos últimos directores de la prisión de Sangonera, Guillermo Miranda, fallecido hace un par de años, y Francisco Marín, que también perdió la vida hace diez días.
El ministro señaló que con Murcia II son cinco los nuevos centros penitenciarios inaugurados en los últimos años (Puerto III, Castellón II, Madrid VII y Sevilla II), lo que supone en total 6.360 nuevas celdas.
No obstante, precisó que «este año ha empezado a bajar la población penitenciaria en España», lo que achacó a la mejora de la eficacia policial y la reducción de la tasa de criminalidad.
La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, subrayó que el nuevo centro penitenciario permitirá reducir la ocupación de la prisión de Sangonera, mientras que el presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Ángel Martínez, calificó de histórico el acto de ayer, «ya que en menos de 30 meses se ha levantado una moderna ciudad penitenciaria», con «mayor seguridad, funcionalidad y humanidad», al contar con un 30% más de superficie en las celdas. Al centro está previsto que lleguen las primeras reclusas en el mes de mayo.
El delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, y el director de la nueva cárcel, Nahum Álvarez, acompañaron al ministro durante su visita a la prisión.
El Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, con una inversión total de 1.650 millones de euros, prevé la terminación en los próximos años de diez nuevas cárceles y 17 centros de inserción social (CIS), además de tres unidades de madres, la mayoría de ellos en construcción o en fase de gestión avanzada.
Además de la mayor amplitud de las celdas, otra de las novedades del centro penitenciario es que carece de la característica torre de control que suele dominar todas las instalaciones. También por primer vez en esta cárcel, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se han construido talleres formativos de cocina y jardinería.
Agresión al consejero Cruz
El ministro eludió referirse al posible anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero de no presentarse a la reelección. «No toca», respondió a los periodistas en un breve encuentro que mantuvo con ellos al finalizar la inauguración.
Sí respondió, aunque de forma lacónica, cuanto fue interpelado por las novedades sobre la investigación de la agresión al consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz. El ministro indicó que sigue su curso, con «interés y con intensidad», por parte de la Policía Nacional. Agregó que se trata de un asunto «complejo de resolver», pero mostró su confianza en la actuación de la Policía.
«La Policía española tiene una tasa de esclarecimiento muy alta de los delitos», subrayó el titular de Interior antes de advertir que se trata de un tema «judicializado» sobre el que el Gobierno central no puede informar.
