La patronal FRECOM calcula que los ayuntamientos tienen otros 50 millones pendientes en facturas guardadas en los cajones
La Opinión
M. J. GIL La Comunidad Autónoma debe cerca de 100 millones de euros a los constructores murcianos, que tienen otros 50 o 60 millones pendientes de cobrar a los ayuntamientos, según las estimaciones del presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (FRECOM),Fulgencio Belando.El cierre de la caja de la Comunidad Autónoma empeora aún más las posibilidades de supervivencia de las empresas, que arrastran facturas sin cobrar desde mayo del pasado año, hace ya diez meses. «Tienen las certificaciones de obra en el cajón», aseguró Belando, que calificó la situación por la que atraviesa el sector de «estado de alarma».
Añadió que «las empresas de obras públicas lo están pasando muy mal, porque las entidades financieras ponen dificultades para descontar las certificaciones, dado que no tienen garantía de que pague la Administración».
El presidente de FRECOM calcula que la Comunidad Autónoma ha acumulado una deuda con las constructoras de casi 100 millones de euros, mientras que los ayuntamientos les deben otros 50 o 60 millones más. Los empresarios tampoco esperan que el Plan de Obras y Servicios de los municipios, que está cofinanciado por la Comunidad, permita poner en marcha nuevos proyectos, dado que las corporaciones locales se proponen destinar las transferencias del Gobierno regional a la financiación del gasto corriente, ante la caída de sus ingresos.
Belando se lamentó de que las administraciones «nos está retrasando incluso las tomas de razón», un trámite que viene a ser una especie de acuse de recibo, para no darse por enteradas oficialmente de los pagos a los que tienen que hacer frente. Por su parte, la Administración central ha suspendido la mayor parte de las inversiones en la Región, con el recorte a los proyectos de Fomento.
Mientras tanto, la edificación está casi paralizada, dado que no hay demanda y los pocos compradores que se deciden no consiguen los créditos hipotecarios para financiar la adquisión.
Los ayuntamientos de la Región concedieron en 2010 apenas 1.800 licencias de obras, «pero este año se prevé que ni siquiera llegue a alcanzarse esta cifra. Sólo se ejecutan las casas que tienen financiación», precisó.
La morosidad de las administraciones públicas que está lastrando las posibilidades de supervivencia de las empresas se acrecienta ahora con el cierre de la caja de la Comunidad Autónoma, que el pasado mes de febrero se vio obligada a ‘parar la máquina’, al quedarse si financiación para asumir nuevas obligaciones de pago.
La caída de la actividad y la asfixia financiera han obligado a cerrar a más de un millar de empresas con más de diez trabajadores, mientras que el empleo se ha reducido de las 107.000 personas que había antes de la crisis a unas 50.000. Ante esta situación, Belando considera imprescindible una reducción del gasto de las administaciones públicas para «suprimir todo lo que no sea imprescindible e incluso reducir plantilla para no generar más déficit».
