EFE
Murcia, 2 nov (EFE).- Los propietarios de la empresa "Trampolín Hills Golf Resort", Antonio Martínez González y Rafael Aguilera Serna, disponen de 24 horas de plazo para prestar una fianza por 30 millones de euros para responder de sus responsabilidades en la querella presentada por varios compradores por presunta estafa.
El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Mula, al que ha tenido acceso Efe, señala que la sociedad, que promovía la construcción de 2.500 viviendas en Campos del Río (Murcia), fue constituida en enero de 2005 con un capital social "de sólo" 3.000 euros.
La resolución judicial añade que los promotores del proyecto llevaron a cabo una "amplia campaña publicitaria por internet y a través de diversas oficinas e inmobiliarias colaboradoras en España" y que consiguieron captar clientes españoles y extranjeros, estos últimos, sobre todo, de Gran Bretaña e Irlanda.
El auto afirma que la promoción inmobiliaria fue puesta en marcha sobre terrenos rústicos que, a día de hoy, no cuentan con licencia municipal, pese a lo cual crearon una apariencia de confianza en los compradores que no respondía a la verdad.
Así, añade el Juzgado, los compradores entregaron diversas cantidades a cuenta y posteriormente pagos periódicos, que después no han podido ser recuperados "al resultar, evidentemente, insuficientes los saldos de las cuentas para efectuar los reintegros".
Afirma también que tanto Antonio Martínez como Rafael Aguilera, este último, propietario del 50 por ciento de la sociedad a través de la mercantil "Solera El Trampolín, S.L.", frustraron las expectativas de los adquirentes de viviendas, que los llevaron a los tribunales al ver que las obras no avanzaban y que, de hecho, se encuentran paralizadas desde hace un año.
El Juzgado de lo Mercantil número Dos de Murcia, a través de un edicto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, ha declarado en situación de concurso de acreedores a "Trampolín Hills Golf Resort" y ha dado un plazo de un mes para que los acreedores notifiquen las deudas que la sociedad mantiene con ellos. EFE
Murcia, 2 nov (EFE).- Los propietarios de la empresa "Trampolín Hills Golf Resort", Antonio Martínez González y Rafael Aguilera Serna, disponen de 24 horas de plazo para prestar una fianza por 30 millones de euros para responder de sus responsabilidades en la querella presentada por varios compradores por presunta estafa.
El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Mula, al que ha tenido acceso Efe, señala que la sociedad, que promovía la construcción de 2.500 viviendas en Campos del Río (Murcia), fue constituida en enero de 2005 con un capital social "de sólo" 3.000 euros.
La resolución judicial añade que los promotores del proyecto llevaron a cabo una "amplia campaña publicitaria por internet y a través de diversas oficinas e inmobiliarias colaboradoras en España" y que consiguieron captar clientes españoles y extranjeros, estos últimos, sobre todo, de Gran Bretaña e Irlanda.
El auto afirma que la promoción inmobiliaria fue puesta en marcha sobre terrenos rústicos que, a día de hoy, no cuentan con licencia municipal, pese a lo cual crearon una apariencia de confianza en los compradores que no respondía a la verdad.
Así, añade el Juzgado, los compradores entregaron diversas cantidades a cuenta y posteriormente pagos periódicos, que después no han podido ser recuperados "al resultar, evidentemente, insuficientes los saldos de las cuentas para efectuar los reintegros".
Afirma también que tanto Antonio Martínez como Rafael Aguilera, este último, propietario del 50 por ciento de la sociedad a través de la mercantil "Solera El Trampolín, S.L.", frustraron las expectativas de los adquirentes de viviendas, que los llevaron a los tribunales al ver que las obras no avanzaban y que, de hecho, se encuentran paralizadas desde hace un año.
El Juzgado de lo Mercantil número Dos de Murcia, a través de un edicto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, ha declarado en situación de concurso de acreedores a "Trampolín Hills Golf Resort" y ha dado un plazo de un mes para que los acreedores notifiquen las deudas que la sociedad mantiene con ellos. EFE
