Falsedad documental, tráfico de influencias y fraude fiscal figuran entre el grupo de delitos que se le imputan al promotor de la polémica urbanización en Águilas26.11.09 - 01:28 -
RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA / La Verdad
A sus intereses empresariales en el imperio, y un poco también a la suerte, le debe el empresario Trinitario Casanova no haber pasado ayer el amargo trago de escuchar cómo se le leían sus derechos como detenido, de ser previsiblemente esposado, trasladado a su domicilio y a su despacho para asistir al registro de las dependencias y, por último, de haber sido conducido a una comisaría de Policía para ser interrogado durante largo tiempo -con el límite legal de las 72 horas-, antes de ser puesto a disposición del juez.
Y, por último, de vivir la tensión de no saber si el magistrado decidiría su puesta en libertad, con o sin fianza, o su ingreso en prisión.
Sólo la fortuna o la casualidad le han salvado así pues de atravesar esa difícil tesitura, porque lo cierto es que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, instructor del denominado caso Zerrichera, había ordenado este martes la detención de quien fue el principal impulsor del más polémico proyecto urbanístico surgido en la Región: el plan para construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y varios campos de golf en una finca de Águilas -la Zerrichera- que estaba afectada por una especial protección medioambiental.
Entre los numerosos cargos que se le imputan al promotor figuran, según fuentes próximas al proceso, los de tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública. En concreto, y básicamente, lo que el magistrado trata de determinar es si Trinitario Casanova se valió de sus relaciones y de su influencia ante altos cargos de la Administración Regional para forzar la recalificación de su finca, pese a que las leyes sobre el medio ambiente lo prohibía en apariencia.
Una larga lista
De no haber partido de viaje a Estados Unidos el pasado domingo, Casanova se habría unido ya a una larga lista de ilustres que se han visto imputados en el proceso, como el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués; los ex directores generales de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez, y del Medio Natural, Encarna Muñoz Martínez; el ex jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el ex director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el ex subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, entre otros.
La orden de detención del juez puso en marcha ayer un importante dispositivo policial, montado por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, con sede en Madrid. Mientras unos policías procedían al registro del domicilio de Trinitario Casanova, situado en el barrio de Salamanca de la capital de España, un grupo de compañeros, que se había desplazado a Murcia horas antes, se trasladaba a la vecina localidad de Orihuela (Alicante), para detener al administrador de sus empresas, Joaquín O., y registrar su vivienda.
Oficinas de Fenixnova
Después de varias horas revisando hasta el último cajón del domicilio de este sospechoso, ubicado en la pedanía de La Campaneta, un grupo de cuatro agentes se desplazó a la antigua sede del Grupo Hispania y de Tritón, dos de las sociedades con las que operaba Trinitario Casanova, y que ahora llevan el nombre de Fenixnova. Los policías judiciales, todos ellos de paisano, portaban cajas de cartón en las que ir guardando los documentos de interés que pudieran ir encontrando en las oficinas de la calle Oriolanos Ausentes.
El administrador de las mercantiles de Trinitario Casanova fue conducido a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, donde iba a empezar a ser interrogado. Según las mismas fuentes, se trata de determinar su grado de participación en los delitos que se le imputan a Trinitario Casanova, fundamentalmente el de delito fiscal.
Todo apuntaba ayer a que Joaquín O. será puesto esta misma mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia. No es previsible, según las opiniones recabadas por La Verdad, que el juez dicte orden de prisión contra esta persona.
Y, por último, de vivir la tensión de no saber si el magistrado decidiría su puesta en libertad, con o sin fianza, o su ingreso en prisión.
Sólo la fortuna o la casualidad le han salvado así pues de atravesar esa difícil tesitura, porque lo cierto es que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, instructor del denominado caso Zerrichera, había ordenado este martes la detención de quien fue el principal impulsor del más polémico proyecto urbanístico surgido en la Región: el plan para construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y varios campos de golf en una finca de Águilas -la Zerrichera- que estaba afectada por una especial protección medioambiental.
Entre los numerosos cargos que se le imputan al promotor figuran, según fuentes próximas al proceso, los de tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública. En concreto, y básicamente, lo que el magistrado trata de determinar es si Trinitario Casanova se valió de sus relaciones y de su influencia ante altos cargos de la Administración Regional para forzar la recalificación de su finca, pese a que las leyes sobre el medio ambiente lo prohibía en apariencia.
Una larga lista
De no haber partido de viaje a Estados Unidos el pasado domingo, Casanova se habría unido ya a una larga lista de ilustres que se han visto imputados en el proceso, como el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués; los ex directores generales de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez, y del Medio Natural, Encarna Muñoz Martínez; el ex jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el ex director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el ex subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, entre otros.
La orden de detención del juez puso en marcha ayer un importante dispositivo policial, montado por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, con sede en Madrid. Mientras unos policías procedían al registro del domicilio de Trinitario Casanova, situado en el barrio de Salamanca de la capital de España, un grupo de compañeros, que se había desplazado a Murcia horas antes, se trasladaba a la vecina localidad de Orihuela (Alicante), para detener al administrador de sus empresas, Joaquín O., y registrar su vivienda.
Oficinas de Fenixnova
Después de varias horas revisando hasta el último cajón del domicilio de este sospechoso, ubicado en la pedanía de La Campaneta, un grupo de cuatro agentes se desplazó a la antigua sede del Grupo Hispania y de Tritón, dos de las sociedades con las que operaba Trinitario Casanova, y que ahora llevan el nombre de Fenixnova. Los policías judiciales, todos ellos de paisano, portaban cajas de cartón en las que ir guardando los documentos de interés que pudieran ir encontrando en las oficinas de la calle Oriolanos Ausentes.
El administrador de las mercantiles de Trinitario Casanova fue conducido a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, donde iba a empezar a ser interrogado. Según las mismas fuentes, se trata de determinar su grado de participación en los delitos que se le imputan a Trinitario Casanova, fundamentalmente el de delito fiscal.
Todo apuntaba ayer a que Joaquín O. será puesto esta misma mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia. No es previsible, según las opiniones recabadas por La Verdad, que el juez dicte orden de prisión contra esta persona.
