El Gobierno regional presenta su escrito de conclusiones al TSJ y defiende las resoluciones que permitieron reanudar la obras, una de ellas dictada en tiempos de Carlos Collado24.11.09 - 00:36 -
M. BUITRAGO MURCIA / La Verdad
El Gobierno regional no cede y defiende la legalidad de las decisiones que tomó para autorizar las obras de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor. Según ha podido saber La Verdad, la Administración autonómica ha presentado su escrito de conclusiones al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el que mantiene los actos administrativos de los años 1988 y 2003, en los cuales se concedió una prórroga a la empresa constructora y se desbloqueó el proyecto. En este sentido, no piensa revisar estas resoluciones, y menos suspender la concesión a Tomás Maestre. De esta forma, el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel respalda incluso decisiones que se tomaron en tiempos del socialista Carlos Collado.
Puerto Mayor está en el punto de mira de las organizaciones ecologistas, que lo han incluido en su lista de atentados al litoral. Las obras están paralizadas cautelarmente desde julio del 2004. Como demandado, el Gobierno murciano no piensa suspender las autorizaciones para construir el puerto deportivo, como le había requerido en el año 2004 la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona a través de un recurso ante el TSJ. Narbona argumentó que la dársena para 900 embarcaciones de recreo junto al Canal de El Estacio origina un grave daño al ecosistema del Mar Menor, no toma en consideración la legislación actual, invade zona de dominio público marítimo terrestre y se basa en una concesión que caducó en el año 1988.
Un largo litigio
El escrito de conclusiones de la Comunidad Autónoma no tiene contenido político ni entra en el detalle del proyecto, sino que se limita a defender las decisiones que empujaron las obras por medio de dos hitos administrativos. El primero fue la resolución de la Dirección General de Carreteras y Puertos del 16 de diciembre de 1988, que concedió una prórroga a la empresa constructora, al tiempo que le exigió un estudio de impacto ambiental. Los promotores sólo habían presentado una memoria descriptiva cuando pidieron una ampliación de la concesión de 60 meses. Era la tercera prórroga que solicitaban, con el añadido de que modificaron el proyecto original eliminando el aeropuerto y cambiando la distribución y alineación de los muelles. El director general era en aquellos momento Cecilio Hernández, en la actualidad responsable de Infraestructuras del PSRM-PSOE.
Se da la circunstancia de que esta resolución a favor de Puerto Mayor fue recurrida en 1989 por la Agencia Regional de Medio Ambiente, que contó con el respaldo del Consejo de Gobierno de Carlos Collado que anuló la concesión del puerto deportivo. Tomás Maestre litigó y logró siete años después que el TSJ resucitara la obra.
La segunda resolución clave fue la de octubre del 2003, cuando el entonces director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, levantó la suspensión que pesaba sobre el proyecto y se reiniciaron las obras. Aquella decisión ha abierto otra brecha judicial paralela por un posible delito de prevaricación, ya que la autorización debió darla al parecer la Dirección General de Puertos.
Para cerrar esta fase, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ debe recibir el escrito de conclusiones de la empresa promotora, que fue co demandada por el Ministerio de Medio Ambiente. El conflicto de Puerto Mayor entra en su fase final después de cinco años de litigio. Es probable que el fallo se produzca en pocos meses.
Puerto Mayor está en el punto de mira de las organizaciones ecologistas, que lo han incluido en su lista de atentados al litoral. Las obras están paralizadas cautelarmente desde julio del 2004. Como demandado, el Gobierno murciano no piensa suspender las autorizaciones para construir el puerto deportivo, como le había requerido en el año 2004 la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona a través de un recurso ante el TSJ. Narbona argumentó que la dársena para 900 embarcaciones de recreo junto al Canal de El Estacio origina un grave daño al ecosistema del Mar Menor, no toma en consideración la legislación actual, invade zona de dominio público marítimo terrestre y se basa en una concesión que caducó en el año 1988.
Un largo litigio
El escrito de conclusiones de la Comunidad Autónoma no tiene contenido político ni entra en el detalle del proyecto, sino que se limita a defender las decisiones que empujaron las obras por medio de dos hitos administrativos. El primero fue la resolución de la Dirección General de Carreteras y Puertos del 16 de diciembre de 1988, que concedió una prórroga a la empresa constructora, al tiempo que le exigió un estudio de impacto ambiental. Los promotores sólo habían presentado una memoria descriptiva cuando pidieron una ampliación de la concesión de 60 meses. Era la tercera prórroga que solicitaban, con el añadido de que modificaron el proyecto original eliminando el aeropuerto y cambiando la distribución y alineación de los muelles. El director general era en aquellos momento Cecilio Hernández, en la actualidad responsable de Infraestructuras del PSRM-PSOE.
Se da la circunstancia de que esta resolución a favor de Puerto Mayor fue recurrida en 1989 por la Agencia Regional de Medio Ambiente, que contó con el respaldo del Consejo de Gobierno de Carlos Collado que anuló la concesión del puerto deportivo. Tomás Maestre litigó y logró siete años después que el TSJ resucitara la obra.
La segunda resolución clave fue la de octubre del 2003, cuando el entonces director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, levantó la suspensión que pesaba sobre el proyecto y se reiniciaron las obras. Aquella decisión ha abierto otra brecha judicial paralela por un posible delito de prevaricación, ya que la autorización debió darla al parecer la Dirección General de Puertos.
Para cerrar esta fase, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ debe recibir el escrito de conclusiones de la empresa promotora, que fue co demandada por el Ministerio de Medio Ambiente. El conflicto de Puerto Mayor entra en su fase final después de cinco años de litigio. Es probable que el fallo se produzca en pocos meses.
