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jueves, 14 de julio de 2011

REGIÓN/ Casanova dice que gastó 305.000 euros en joyas y relojes para regalar

CASO ZERRICHERA

También entregó al Águilas Club de Fútbol 1,1 millones de euros y diversas cantidades a la Federación de Fútbol de la Región, la de Vela y al ayuntamiento de Cieza, entre otros destinatarios
14.07.11 - 11:57 - EFE | MURCIA |/ La Verdad
El empresario Trinitario Casanova, uno de los imputados en el "caso Zerrichera" sobre presunta corrupción urbanística en Águilas, declaró durante la inspección a la que fue sometido por la Agencia Tributaria que entre 2005 y 2006 gastó 305.000 euros en la compra de relojes y joyas "para atenciones a clientes".

lunes, 1 de noviembre de 2010

Investigan desde 2007 el patrimonio de los alcaldes de Fortuna y Abanilla

El juez de Orihuela que rastrea en la trama de corrupción encargó analizar las cuentas y bienes de Carrillo y Molina por sus relaciones con Fenoll
01.11.10 - 00:52 - R. F. | MURCIA./ La Verdad
PRIMEROS EDILES

sábado, 9 de octubre de 2010

Los UCO registran las sedes de las promotoras de los 6 convenios bajo sospecha

El juez investiga el 'pelotazo' del italiano Renato de Noce, que pudo tener información privilegiada al adquirir terrenos que se revalorizaron mucho

09.10.10 - 01:00 - RICARDO FERNÁNDEZ / La Verdad

viernes, 8 de octubre de 2010

La cifra de imputados en el caso de corrupción se eleva ya a veinte

Los sospechosos, entre los que se encuentran empresarios y cargos públicos, irán siendo citados a declarar en las próximas semanas

08.10.10 - 01:11 - R. F.
MURCIA. / La Verdad

martes, 5 de octubre de 2010

Tres detenidos por presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia

Entre los detenidos está el director de la Gerencia de Urbanismo
Se investiga malversación de caudales públicos, blanqueo y cohecho
Además de la sede municipal, registran empresas y domicilios

Tres detenidos por presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia



RTVE.es/RNE - MADRID 05.10.2010 - 09:18h
La Guardia Civil ha detenido a tres personas en el marco de una operación relacionada con presuntas irregularidades en convenios urbanísticos en el Ayuntamiento de Murcia, donde se están practicando registros desde primera hora de este martes, según ha informado Radio Nacional de España (RNE).
Los detenidos son el director de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato de Noce. La investigación comenzó hace más de un año y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. Se podría llamar a declarar a varios testigos, una vez que se analice la documentación incautada en los registros.
Según informa Efe, el titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejo, investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios en esta investigación en el Ayuntamiento, gobernado por el PP.
El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ha informado en un comunicado de que el procedimiento se abrió por una denuncia de la Fiscalía.
A su llegada al Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, ha manifestado que colaborará con la justicia.
Además de los registros en Murcia, la Guardia Civil está registrando en Madrid el domicilio del presidente del club de fútbol Real Murcia, Jesús Samper, en el marco de la operación.
Delitos relacionados con la expansión norte de la ciudad
Los registros son parte de la instrucción judicial para investigar presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se ubica, entre otras urbanizaciones, el complejo Nuevo Condomina.
Podría haber otros registros, tanto en empresas y sedes sociales ubicadas en Murcia y fuera de la Región. Los detenidos serán puestos en las próximas horas a disposición del Juzgado de Instrucción número 8, que investiga los hechos en unas diligencias declaradas secretas, y que ha sido el que dirige la operación y ha autorizado las entradas y el registro practicados este martes
La operación está impulsada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con el apoyo de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia
Registros en el Ayuntamiento, domicilios y empresas
Desde las ocho de la mañana, una decena de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizan registros en varios despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia y en algunas empresas y domicilios tanto de esta ciudad como de Madrid. Los agentes se han incautado de numerosa documentación, según informa TVE.
El caso se encuentra bajo secreto de sumario y los registros han sido ordenados por el juzgado número 8 de Murcia. Los agentes han acordonado el Consistorio y se espera la llegada de los secretarios judiciales para acceder a registras otras dependencias municipales, en compañía de los detenidos.
Según informa Efe, los agentes se encuentran en la primera planta de la Gerencia, donde están ubicados, entre otros, el despacho del concejal, del director de servicios, y la asesoría jurídica municipal.

miércoles, 17 de febrero de 2010

Un afectado de Trampolín Hills presenta la primera denuncia en la Unión Europea

El cliente, vecino de Valencia, entregó 50.000 euros a cuenta y ni ha visto la casa ni el dinero
17.02.10 - 00:33 -
MANUEL BUITRAGO mbuitrago@laverdad.es MURCIA.
El escándalo de la urbanización Trampolín Hills en Campos del Río ha llegado a la Unión Europea. Uno de los perjudicados ha denunciado ante la comisión de Peticiones lo que considera una presunta estafa a nivel europeo de este resort que ha dejado en la estacada a unos 2.000 afectados, principalmente españoles, británicos y noruegos. Las autoridades comunitarias y del Parlamento Europeo, que estudian la queja, están muy sensibilizadas con las irregularidades y desmanes urbanísticos en el mediterráneo español. Los eurodiputados ingleses son los más beligerantes, sobre todo cuando hay compatriotas suyos de por medio.
Trampolín Hills Golf Resort se encuentra en concurso de acreedores. Vendió 2.200 viviendas en Campos del Río de las 2.500 proyectadas y obtuvo unos ingresos de 52 millones de euros por parte de unos potenciales propietarios que adelantaron de media entre 18.000 y 35.000 euros.
J. L. B. N., vecino de Valencia, entregó 50.000 euros a Trampolín Hills por una vivienda en Campos de Río que parecía una ganga debido a su precio final -100.000 euros- y a los servicios que ofrecía. Gastó su dinero para darle un doble uso a su propiedad: invertir sus ahorros para conseguir un beneficio futuro y al mismo tiempo disfrutarla. Ahora se encuentra sin poder dar de comer a su hijos y «viviendo de la caridad de un familiar», declara. J. L. B. N. recurrió primero al Defensor del Pueblo en Madrid, que le recomendó que acudiera a la jurisdicción civil, para desconcierto de este afectado, que creía que esta institución debe controlar a las administraciones públicas que han tolerado en este desaguisado.
Su siguiente paso ha sido acudir a Bruselas. Su petición la está estudiando la comisión de Peticiones, cuyos funcionarios han registrado su denuncia y le han pedido tiempo para hacer averiguaciones antes de decidir si la admiten o no a trámite. Fuentes del Parlamento Europeo consultadas por 'La Verdad' creen que esta denuncia no caerá en saco roto, sobre todo si aparecen más afectados que emprenden el mismo camino y, principalmente, si hay de por medio ciudadanos británicos.
En la comisión de Peticiones llueve sobre mojado cuando se trata de denuncias por presuntas irregularidades urbanísticas en España. Los eurodiputados ingleses son los más sensibilizados con estos casos y los que más presión meten en Bruselas para que se investiguen lo que consideran falta de garantías de los compradores y propietarios de segundas residencias.
Hasta ahora se han abierto tres investigaciones en el seno del Parlamento y la Comisión Europea en torno a presuntas irregularidades y abusos en municipios levantinos; a la falta de garantías de suministro de agua a nuevas urbanizaciones en el territorio de la Confederación Hidrográfica del Segura y a la denuncia de ANSE contra 43 municipios de la Región por no cumplir la legislación medio ambiental en los planes urbanísticos. Esto sin contar con los casos de La Zerrichera de Águilas y la construcción de la dársena de Puerto Mayor.
Anima a otros damnificados
J. L. B. N. espera que otros damnificados del Grupo Trampolín sigan sus pasos. Así se lo recomendó a la asociación de afectados. La comisión de Peticiones le contestó hace dos semanas y cree que el proceso será largo, lo cual no le desanima en su objetivo de conseguir, al menos, recuperar el dinero que ha invertido. En su denuncia las autoridades europeas, este afectado relata que el Ayuntamiento de Campos del Río dio «informaciones positivas cada vez que los compradores acudían a pedir asesoramiento sobre el proyecto. Todo era un sueño virtual en el que no se disponía de suelo urbanizable ni control por parte de las administraciones públicas», señala. Reprocha a las autoridades que no existiera un sistema de control para asegurarse de que todo se hacía según la ley. Pide que el Estado se haga cargo del problema y que construya las viviendas con su intermediación.

PETICIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO
¿Quién la puede presentar? Todo ciudadano de la UE o residente en uno de sus países miembros, actuando a título individual o junto con otros, puede ejercer su derecho de petición ante el Parlamento Europeo (PE). También empresas, organizaciones o asociaciones con sede social en la UE.
¿Sobre qué?

Sobre un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la Unión Europea y que la afecte directamente. Una petición puede consistir en una queja relativa a la aplicación del Derecho comunitario, o un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo para que tome posición ante un asunto concreto y puede estar relacionada con asuntos de interés público o privado. Pero no sobre las políticas de la UE.
¿Cómo se presenta?

Se puede enviar por correo ordinario o electrónico. El formulario online está colgado en la web del Parlamento Europeo.
¿Cuántas solicitudes se presentan?

España fue el segundo país que más peticiones (226) presentó al Parlamento Europeo en 2008, sólo superado por Alemania (256). En total, se recibieron 1.886 peticiones, aunque un 40% fueren inadmitidas. La mayoría de peticiones trataron sobre temas de medio ambiente. Durante la anterior legislatura europea, la mitad de las peticiones sobre urbanismo procedieron de España.
¿Qué curso siguen las peticiones admitidas a trámite?

La comisión de Peticiones (integrada por 34 europarlamentarios, 4 de ellos españoles) puede pedir a la Comisión Europea que inicie una investigación; pedir colaboración a las autoridades nacionales y locales para resolver el problema; y, en casos excepcionales como el de las quejas por el urbanismo salvaje en el levante español, hacer una visita para recoger datos sobre el terreno y presentar un informe al plenario del PE. Sus resoluciones no son vinculantes

lunes, 2 de noviembre de 2009

CAMPOS DEL RÍO/ El juzgado da 24 horas a los dueños de Trampolín Hills para prestar una fianza de 30 millones

EFE
Murcia, 2 nov (EFE).- Los propietarios de la empresa "Trampolín Hills Golf Resort", Antonio Martínez González y Rafael Aguilera Serna, disponen de 24 horas de plazo para prestar una fianza por 30 millones de euros para responder de sus responsabilidades en la querella presentada por varios compradores por presunta estafa.
El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Mula, al que ha tenido acceso Efe, señala que la sociedad, que promovía la construcción de 2.500 viviendas en Campos del Río (Murcia), fue constituida en enero de 2005 con un capital social "de sólo" 3.000 euros.
La resolución judicial añade que los promotores del proyecto llevaron a cabo una "amplia campaña publicitaria por internet y a través de diversas oficinas e inmobiliarias colaboradoras en España" y que consiguieron captar clientes españoles y extranjeros, estos últimos, sobre todo, de Gran Bretaña e Irlanda.
El auto afirma que la promoción inmobiliaria fue puesta en marcha sobre terrenos rústicos que, a día de hoy, no cuentan con licencia municipal, pese a lo cual crearon una apariencia de confianza en los compradores que no respondía a la verdad.
Así, añade el Juzgado, los compradores entregaron diversas cantidades a cuenta y posteriormente pagos periódicos, que después no han podido ser recuperados "al resultar, evidentemente, insuficientes los saldos de las cuentas para efectuar los reintegros".
Afirma también que tanto Antonio Martínez como Rafael Aguilera, este último, propietario del 50 por ciento de la sociedad a través de la mercantil "Solera El Trampolín, S.L.", frustraron las expectativas de los adquirentes de viviendas, que los llevaron a los tribunales al ver que las obras no avanzaban y que, de hecho, se encuentran paralizadas desde hace un año.
El Juzgado de lo Mercantil número Dos de Murcia, a través de un edicto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, ha declarado en situación de concurso de acreedores a "Trampolín Hills Golf Resort" y ha dado un plazo de un mes para que los acreedores notifiquen las deudas que la sociedad mantiene con ellos. EFE

sábado, 17 de enero de 2009

La Asamblea no puede quitarle a Morales el sueldo de diputado de 3.000 euros mensuales

El ex alcalde de Totana, imputado en la 'Operación Tótem', justifica su ausencia con un parte médico de depresión
M. BUITRAGO MURCIA/ La Verdad
Juan Morales seguirá cobrando su sueldo mensual de 3.000 euros como parlamentario regional, pese a que no aparece por la Asamblea desde hace más de un año, a raíz de su imputación en la presunta trama de corrupción urbanística destapada por la Operación Tótem en Totana. No sólo mantendrá su salario, sino que además la Asamblea Regional va a paralizar el expediente sancionador que inició el mes pasado para retirarle la asignación económica. ¿El motivo?: Ha presentado un certificado médico oficial por un cuadro de depresión, de la cual está recibiendo tratamiento. Morales sigue de baja laboral, la ley le protege y no se puede tomar ninguna iniciativa contra él desde la Cámara.
El presidente del Parlamento autonómico, Francisco Celdrán, informó ayer a La Verdad de que el diputado del Grupo Mixto ha presentado un certificado médico de enfermedad firmado por un facultativo para justificar su ausencia de los Plenos y Comisiones. No se trata de un simple papel para salir del paso, sino de un informe que detalla «un cuadro médico que le impide asistir a las sesiones parlamentarias. Así lo dice expresamente», explicó Celdrán.
El documento fue analizado ayer por los miembros de la Mesa de la Asamblea, que debían tomar una decisión en el sentido de seguir adelante o detener el expediente sancionador. Finalmente, los servicios jurídicos han apuntado que no se le puede retirar el salario. «Si está justificado la ausencia, no se le puede sancionar. El certificado está firmado por un facultativo y no preveo que se puede tomar ninguna iniciativa más», añadió el responsable del Parlamento.
El cuadro médico que presenta Juan Morales es una depresión causada por cuestiones personales y familiares. Por este motivo, está recibiendo tratamiento en un centro de salud y en otro centro especializado, explica el certificado médico.
Fianza de 200.000 euros
Después de un año sin aparecer por la sede del Parlamento, la Mesa de la Asamblea Regional decidió abrir un expediente sancionador contra el diputado y ex alcalde de Totana con el objetivo de retirarle el sueldo si no justificaba su prolongada ausencia. El procedimiento se abrió al margen de la causa judicial abierta contra éste. Para ello, tuvo se que aprobar un procedimiento nuevo, dado que hasta ahora no se había tomado ninguna medida similar contra un diputado autonómico.
En el caso de Juan Morales, los delitos que le imputa la Fiscalía de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales le llevaron a prestar declaración el pasado 10 de abril ante el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado, debido a su condición de aforado. El magistrado le impuso una fianza de 200.000 euros, la cual mantiene pese a la petición de Juan Morales de ver rebajada su cuantía.
El pasado mes de abril, la Cámara solicitó por primera vez a Morales que explicará su inasistencia a los plenos y comisisones, y éste presentó un certificado médico de que sufría una depresión. Tras el verano, se le volvió a demandar que cumpliera sus obligaciones parlamentarias o que justificara su ausencia. En aquella ocasión no contestó, hasta ahora.
El artículo 23 del Reglamento de la Asamblea indica que la ausencia injustificada y reiterada de un diputado podrá comportar la pérdida de la asignación económica a que tenga derecho, en este caso de 3.000 euros mensuales. Ésta es la asignación básica, que se piede incrementar si el diputado pertenece a la Mesa de la Asamblea.

jueves, 11 de diciembre de 2008

Valcárcel ordena «acciones ejemplares» contra los alcaldes de Totana y Librilla

El presidente del PP expresó en la última Junta Directiva su preocupación por las imputaciones de cohecho que pesan sobre estos regidores y la dirección del partido ya estudia cómo forzar su dimisión
11.12.08 -
J. MOLLEJO MURCIA/La Verdad
El PP marcó claramente distancias con el alcalde de Librilla, José Martínez, y confirmó su alejamiento del de Totana, José Martínez Andreo, ambos imputados en sendos casos de corrupción, en la Junta Directiva Regional celebrada la pasada semana.
La declaración que hizo sobre ambos casos el presidente regional del partido, Ramón Luis Valcárcel, fue tan contundente que muchos de los asistentes al máximo órgano entre congresos popular la interpretaron como el visto bueno a la defenestración de los dos alcaldes, que se mantienen en sus cargos, a pesar de las graves acusaciones judiciales que pesan sobre ellos, apoyados por los concejales del PP.
Tras ser informada la Junta Directiva de la baja cautelar del alcalde de Librilla (el de Totana ya fue expulsado hace meses), Valcárcel expresó su preocupación por las imputaciones de cohecho contra ambos regidores, lo significaría que habrían cobrado dinero ilegalmente por sus gestiones públicas o, al menos lo habrían intentado, y señaló que no es posible seguir ocupando un cargo público en estas circunstancias, debido al perjuicio y desprestigio que supone para la institución.
Valcárcel citó únicamente los casos de los alcaldes de Librilla y Totana, según han coincidido varios asistentes a la Junta Directiva, y no el de otros regidores que también están siendo investigados por la Justicia, como los de Torre Pacheco y Fuente Álamo, ya que contra éstos las acusaciones son consideradas en el PP menos graves y más inconsistentes.
Según fuentes del partido, la dirección popular habría dado ya los primeros pasos para promover la salida de los alcaldes de Librilla y Totana.
Un alto cargo del PP, sin embargo, matizó ayer estas informaciones y aseguró que Valcárcel anunció «acciones ejemplares y contundes» contra José Martínez y José Martínez Andreo, pero sólo «si se confirma el alcance de las acusaciones del juez, ya que hasta ahora todo está bajo secreto de sumario».
Salvar la gobernabilidad
La prioridad para el PP es garantizar la gobernabilidad de los ayuntamientos de Librilla y Totana, por lo que cualquier intento de desbancar a sus alcaldes pasa por no romper el grupo municipal del PP, que goza de mayoría absoluta en ambos municipios.
Hasta ahora, la dirección regional popular ha intentado, sin éxito, forzar la dimisión de Martínez Andreo. En el caso más reciente de Librilla, aún no se han producido contactos con el alcalde, que salió de prisión hace unos días.
La primera opción, por ser la menos traumática, pasa por convencer a los alcaldes de que presenten su dimisión. De no conseguirlo, el PP podría verse en la tesitura de pedir a sus concejales que presenten una moción de censura y arriesgarse a que algunos se mantengan fieles a los imputados, lo que desintegraría los grupos.

miércoles, 17 de septiembre de 2008

Declara un empresario acusado de mantener relaciones comerciales con Juan Morales

La Verdad
El empresario M.N., que declaró hoy como imputado en las diligencias que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), en relación con el caso Totem, negó haber mantenido relaciones comerciales con Juan Morales, cuando éste ocupó la alcaldía de Totana.
Según fuentes judiciales, el empresario, que declaró ante el magistrado instructor del TSJ Julián Pérez-Templado, añadió que esas relaciones se produjeron siempre cuando Morales ya no estaba al frente del ayuntamiento totanero.
El imputado declaró en su día ante la Guardia Civil por lo que hoy puso especial énfasis en negar cualquier vinculación comercial con el ex alcalde Juan Morales.
En estas diligencias comparecieron hoy también otras cuatro personas, que supuestamente mantuvieron relaciones relativas a contratos urbanísticas con Juan Morales y que se acogieron a su derecho a no declarar.
Un diputado autonómico investigado y un alcalde en la cárcel, ambos del PP, y 11 imputados en libertad provisional, 9 de ellos con fianza, es el balance de la operación Tótem contra una presunta trama de corrupción urbanística desarrollada por la Guardia Civil en la localidad murciana de Totana.
La operación comenzó el pasado 26 de noviembre con la detención de seis personas en Totana, Murcia, Vigo (Pontevedra) y Las Rozas (Madrid), continuó el 29 de ese mes con la de otras cuatro en Totana y varios registros en el ayuntamiento y dependencias municipales, y el 30 de noviembre con la de otras dos en Totana y Puerto Lumbreras (Murcia).