M. BUITRAGO MURCIA/ La Verdad
Juan Morales seguirá cobrando su sueldo mensual de 3.000 euros como parlamentario regional, pese a que no aparece por la Asamblea desde hace más de un año, a raíz de su imputación en la presunta trama de corrupción urbanística destapada por la Operación Tótem en Totana. No sólo mantendrá su salario, sino que además la Asamblea Regional va a paralizar el expediente sancionador que inició el mes pasado para retirarle la asignación económica. ¿El motivo?: Ha presentado un certificado médico oficial por un cuadro de depresión, de la cual está recibiendo tratamiento. Morales sigue de baja laboral, la ley le protege y no se puede tomar ninguna iniciativa contra él desde la Cámara.
El presidente del Parlamento autonómico, Francisco Celdrán, informó ayer a La Verdad de que el diputado del Grupo Mixto ha presentado un certificado médico de enfermedad firmado por un facultativo para justificar su ausencia de los Plenos y Comisiones. No se trata de un simple papel para salir del paso, sino de un informe que detalla «un cuadro médico que le impide asistir a las sesiones parlamentarias. Así lo dice expresamente», explicó Celdrán.
El documento fue analizado ayer por los miembros de la Mesa de la Asamblea, que debían tomar una decisión en el sentido de seguir adelante o detener el expediente sancionador. Finalmente, los servicios jurídicos han apuntado que no se le puede retirar el salario. «Si está justificado la ausencia, no se le puede sancionar. El certificado está firmado por un facultativo y no preveo que se puede tomar ninguna iniciativa más», añadió el responsable del Parlamento.
El cuadro médico que presenta Juan Morales es una depresión causada por cuestiones personales y familiares. Por este motivo, está recibiendo tratamiento en un centro de salud y en otro centro especializado, explica el certificado médico.
Fianza de 200.000 euros
Después de un año sin aparecer por la sede del Parlamento, la Mesa de la Asamblea Regional decidió abrir un expediente sancionador contra el diputado y ex alcalde de Totana con el objetivo de retirarle el sueldo si no justificaba su prolongada ausencia. El procedimiento se abrió al margen de la causa judicial abierta contra éste. Para ello, tuvo se que aprobar un procedimiento nuevo, dado que hasta ahora no se había tomado ninguna medida similar contra un diputado autonómico.
En el caso de Juan Morales, los delitos que le imputa la Fiscalía de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales le llevaron a prestar declaración el pasado 10 de abril ante el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado, debido a su condición de aforado. El magistrado le impuso una fianza de 200.000 euros, la cual mantiene pese a la petición de Juan Morales de ver rebajada su cuantía.
El pasado mes de abril, la Cámara solicitó por primera vez a Morales que explicará su inasistencia a los plenos y comisisones, y éste presentó un certificado médico de que sufría una depresión. Tras el verano, se le volvió a demandar que cumpliera sus obligaciones parlamentarias o que justificara su ausencia. En aquella ocasión no contestó, hasta ahora.
El artículo 23 del Reglamento de la Asamblea indica que la ausencia injustificada y reiterada de un diputado podrá comportar la pérdida de la asignación económica a que tenga derecho, en este caso de 3.000 euros mensuales. Ésta es la asignación básica, que se piede incrementar si el diputado pertenece a la Mesa de la Asamblea.
El presidente del Parlamento autonómico, Francisco Celdrán, informó ayer a La Verdad de que el diputado del Grupo Mixto ha presentado un certificado médico de enfermedad firmado por un facultativo para justificar su ausencia de los Plenos y Comisiones. No se trata de un simple papel para salir del paso, sino de un informe que detalla «un cuadro médico que le impide asistir a las sesiones parlamentarias. Así lo dice expresamente», explicó Celdrán.
El documento fue analizado ayer por los miembros de la Mesa de la Asamblea, que debían tomar una decisión en el sentido de seguir adelante o detener el expediente sancionador. Finalmente, los servicios jurídicos han apuntado que no se le puede retirar el salario. «Si está justificado la ausencia, no se le puede sancionar. El certificado está firmado por un facultativo y no preveo que se puede tomar ninguna iniciativa más», añadió el responsable del Parlamento.
El cuadro médico que presenta Juan Morales es una depresión causada por cuestiones personales y familiares. Por este motivo, está recibiendo tratamiento en un centro de salud y en otro centro especializado, explica el certificado médico.
Fianza de 200.000 euros
Después de un año sin aparecer por la sede del Parlamento, la Mesa de la Asamblea Regional decidió abrir un expediente sancionador contra el diputado y ex alcalde de Totana con el objetivo de retirarle el sueldo si no justificaba su prolongada ausencia. El procedimiento se abrió al margen de la causa judicial abierta contra éste. Para ello, tuvo se que aprobar un procedimiento nuevo, dado que hasta ahora no se había tomado ninguna medida similar contra un diputado autonómico.
En el caso de Juan Morales, los delitos que le imputa la Fiscalía de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales le llevaron a prestar declaración el pasado 10 de abril ante el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado, debido a su condición de aforado. El magistrado le impuso una fianza de 200.000 euros, la cual mantiene pese a la petición de Juan Morales de ver rebajada su cuantía.
El pasado mes de abril, la Cámara solicitó por primera vez a Morales que explicará su inasistencia a los plenos y comisisones, y éste presentó un certificado médico de que sufría una depresión. Tras el verano, se le volvió a demandar que cumpliera sus obligaciones parlamentarias o que justificara su ausencia. En aquella ocasión no contestó, hasta ahora.
El artículo 23 del Reglamento de la Asamblea indica que la ausencia injustificada y reiterada de un diputado podrá comportar la pérdida de la asignación económica a que tenga derecho, en este caso de 3.000 euros mensuales. Ésta es la asignación básica, que se piede incrementar si el diputado pertenece a la Mesa de la Asamblea.