Los agentes de la UCO indican en un atestado que la cuantía supuestamente entregada a José Martínez y a otros tres de los principales sospechosos superaría los 1,8 millones de eurosRICARDO FERNÁNDEZ MURCIA/ La Verdad
Cantó de plano. Se fue de la húmeda, que se dice en el argot de la delincuencia. Y fueron esas declaraciones, prestadas por el ingeniero, empresario y ex funcionario del Ayuntamiento de Librilla Domingo Peñalver Rojo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las que llevaron al juez a ordenar la detención del alcalde de esa localidad, José Martínez García; del concejal de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, y del gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), José Andrés Cortés Otálora.
Lo que Domingo Peñalver comenzó a contar el pasado 19 de noviembre, tras ser detenido, sonó a música celestial en los oídos de los investigadores, que comprendieron al instante que la confesión les daba vía libre para detener al alcalde de Librilla y a sus dos supuestos hombres de confianza.
En esa declaración prestada ante la Guardia Civil, a la que La Verdad ha tenido acceso, y que luego fue ampliada en presencia del juez de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, se relata de forma minuciosa cómo funcionaba la supuesta trama montada en torno al Consistorio librillense y cuyo supuesto fin era el enriquecimiento ilícito, a cargo de los fondos públicos, de todos sus integrantes. Lo que sigue es un resumen del acta de la citada declaración.
UN EX TÉCNICO MUNICIPAL
Peñalver empezó relatando que es ingeniero y que desarrolló su labor en el Ayuntamiento de Librilla, como técnico municipal, hasta que se dio de baja en octubre del 2007. Sigue narrando cómo se inició su relación con otro de los imputados, el funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde; cómo ambos compartían la propiedad de la empresa ACADI y cómo tenían intereses en otras sociedades; cómo Cano medió ante el Consistorio para que le adjudicasen a ACADI la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)...
Habla y habla, a lo largo de dos horas y media, hasta que a las 17.40 horas solicita un descanso. Cuando se reanuda la toma de declaración, a las 18.00 horas, empieza a hablar de seguido sobre la presunta trama de corrupción.
«Que con motivo de ser el manifestante el redactor del PGOU de Librilla para desarrollar el suelo del municipio, tuvo contacto con el asesor jurídico del Ayuntamiento, (el abogado) Cesáreo Gil de Pareja Otón, el cual organizaba los términos de los convenios urbanísticos, cuyo objeto era la reclasificación del suelo, y para ello el mencionado Cesáreo tenía plenos poderes dotados por el alcalde, Pepe, y por Pedro, teniente de alcalde, para que se encargara de convenir con los propietarios de suelo las cantidades que debían pagar para poder cambiar el uso de dicho suelo de rústico a urbano y así obtener una plusvalía por los mismos».
«Asimismo -continuó-, y si además esos conveniantes (propietarios) contrataban los servicios de la empresa municipal IDL, esta firma sacaba a concurso esos contratos, que siempre acababan realizándose por ACADI, ya que estaba acordada de antemano esa adjudicación».
ÉSTE ERA EL PROCEDIMIENTO
«Lo que el manifestante quiere decir -añadió, por si no empezaba a estar claro el asunto-, es que Cesáreo Gil de Pareja, desde su posición de técnico jurídico contratado por el Ayuntamiento, y a su vez contratado por IDL, y colaborando ya con ACADI porque en el avance del PGOU aparece como co-redactor, estableció el procedimiento por el cual se podía conseguir que los propietarios de los terrenos contratasen con IDL desde el plan parcial hasta la dirección de la obra, que es el proceso para reclasificar el suelo y acabar el mismo en urbano».
Pero, claro, aseguró Peñalver, eso le costaba un dinero no sólo a los dueños del suelo, sino a él mismo, como adjudicatario último y privilegiado de los contratos. «La empresa IDL cobraba previamente a los propietarios y acto seguido, a través de Pepe (alcalde) o Pedro (teniente de alcalde), y de José Andrés de IDL, le solicitaban al manifestante sumas de dinero para que pudiera seguir desarrollando los proyectos y para poder cobrar finalmente sus honorarios, no sin antes haber desembolsado cantidades de dinero en B».
A petición de los agentes de la UCO, el ex funcionario municipal señala que «al referirse a dinero en B hace mención a cantidades económicas que tenía que hacer efectivas el manifestante a los tres individuos antes citados, como condición para que IDL le pagara a ACADI (su empresa) los trabajos realizados a los propietarios del suelo. Estas comisiones se pagaban en mano y en efectivo por parte del manifestante a Pepe (alcalde), Pedro (teniente de alcalde), indistintamente, y a José Andrés (IDL) de forma separada. Estos pagos en metálico los tenía que justificar el manifestante a través de facturación falsa».
CUANDO TENÍA LIQUIDEZ
«Las cantidades a las que el manifestante hace referencia -aclara- suman un total de 90.000 ó 100.000 euros a cada uno de los individuos mencionados, repartidos en varios pagos de 30.000 ó 40.000 euros cada vez. Dichos pagos eran reclamados por dichos individuos en los días siguientes a los ingresos realizados al manifestante a través de la mercantil ACADI, es decir, cuando tenía liquidez. El manifestante hace constar que en esos momentos tenía numerosos empleados y que sufragar los gastos de éstos le suponían sumas de dinero que apenas podía soportar con los ingresos de ACADI. (...) Esos ingresos se los iban suministrando por medio de IDL y con absoluta manipulación por parte de los individuos mencionados, prevaliéndose de la situación que tenían sobre el manifestante para mantener esta situación de carencia económica sobre el mismo y así obligarle a aceptar los condicionantes de dicho pacto, en el cual para poder seguir recibiendo los ingresos por el trabajo realizado se veía obligado a seguir realizando los pagos mencionados. (...) Se encontraba agobiado, tenía miedo y dependía económicamente de ellos».
A continuación, Peñalver aseguró que Cesáreo Gil «era la persona de confianza de los responsables políticos de Librilla» y que «parte de la obligación de pagos dentro del Ayuntamiento a determinadas personas era también para pagar, mediante facturación, al Citado Cesáreo. Que la facturación que ACADI tuvo que pagar a Cesáreo Gil como compensación alcanzó la cantidad de 574.000 euros». Peñalver, el cantante, acabó reconociendo a los agentes que «siente temor por su propia vida y la de su familia y por las consecuencias que puedan ocurrir, a tenor de los hechos narrados, en su entorno familiar».
UNA CANTIDAD DESORBITADA
Con las jugosas confesiones del empresario y ex técnico municipal, la UCO elaboró un atestado en el que reseñaba que, según se deducía de los datos aportados por el propio Peñalver y de la documentación recabada de la Agencia Tributaria, «Domingo Peñalver pagó supuestamente a José Martínez García, Pedro Martínez Muñoz, José Andrés Cortés y Cesáreo Gil, la cantidad de 1.848.150,58 euros a cambio de realizar los trabajos que IDL encargaba a ACADI».
Horas después, los tres primeros eran detenidos y acababan dando con sus huesos en prisión. Unos días más tarde fue arrestado Cesáreo Gil. Quedó libre, pero con cargos.
Lo que Domingo Peñalver comenzó a contar el pasado 19 de noviembre, tras ser detenido, sonó a música celestial en los oídos de los investigadores, que comprendieron al instante que la confesión les daba vía libre para detener al alcalde de Librilla y a sus dos supuestos hombres de confianza.
En esa declaración prestada ante la Guardia Civil, a la que La Verdad ha tenido acceso, y que luego fue ampliada en presencia del juez de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, se relata de forma minuciosa cómo funcionaba la supuesta trama montada en torno al Consistorio librillense y cuyo supuesto fin era el enriquecimiento ilícito, a cargo de los fondos públicos, de todos sus integrantes. Lo que sigue es un resumen del acta de la citada declaración.
UN EX TÉCNICO MUNICIPAL
Peñalver empezó relatando que es ingeniero y que desarrolló su labor en el Ayuntamiento de Librilla, como técnico municipal, hasta que se dio de baja en octubre del 2007. Sigue narrando cómo se inició su relación con otro de los imputados, el funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde; cómo ambos compartían la propiedad de la empresa ACADI y cómo tenían intereses en otras sociedades; cómo Cano medió ante el Consistorio para que le adjudicasen a ACADI la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)...
Habla y habla, a lo largo de dos horas y media, hasta que a las 17.40 horas solicita un descanso. Cuando se reanuda la toma de declaración, a las 18.00 horas, empieza a hablar de seguido sobre la presunta trama de corrupción.
«Que con motivo de ser el manifestante el redactor del PGOU de Librilla para desarrollar el suelo del municipio, tuvo contacto con el asesor jurídico del Ayuntamiento, (el abogado) Cesáreo Gil de Pareja Otón, el cual organizaba los términos de los convenios urbanísticos, cuyo objeto era la reclasificación del suelo, y para ello el mencionado Cesáreo tenía plenos poderes dotados por el alcalde, Pepe, y por Pedro, teniente de alcalde, para que se encargara de convenir con los propietarios de suelo las cantidades que debían pagar para poder cambiar el uso de dicho suelo de rústico a urbano y así obtener una plusvalía por los mismos».
«Asimismo -continuó-, y si además esos conveniantes (propietarios) contrataban los servicios de la empresa municipal IDL, esta firma sacaba a concurso esos contratos, que siempre acababan realizándose por ACADI, ya que estaba acordada de antemano esa adjudicación».
ÉSTE ERA EL PROCEDIMIENTO
«Lo que el manifestante quiere decir -añadió, por si no empezaba a estar claro el asunto-, es que Cesáreo Gil de Pareja, desde su posición de técnico jurídico contratado por el Ayuntamiento, y a su vez contratado por IDL, y colaborando ya con ACADI porque en el avance del PGOU aparece como co-redactor, estableció el procedimiento por el cual se podía conseguir que los propietarios de los terrenos contratasen con IDL desde el plan parcial hasta la dirección de la obra, que es el proceso para reclasificar el suelo y acabar el mismo en urbano».
Pero, claro, aseguró Peñalver, eso le costaba un dinero no sólo a los dueños del suelo, sino a él mismo, como adjudicatario último y privilegiado de los contratos. «La empresa IDL cobraba previamente a los propietarios y acto seguido, a través de Pepe (alcalde) o Pedro (teniente de alcalde), y de José Andrés de IDL, le solicitaban al manifestante sumas de dinero para que pudiera seguir desarrollando los proyectos y para poder cobrar finalmente sus honorarios, no sin antes haber desembolsado cantidades de dinero en B».
A petición de los agentes de la UCO, el ex funcionario municipal señala que «al referirse a dinero en B hace mención a cantidades económicas que tenía que hacer efectivas el manifestante a los tres individuos antes citados, como condición para que IDL le pagara a ACADI (su empresa) los trabajos realizados a los propietarios del suelo. Estas comisiones se pagaban en mano y en efectivo por parte del manifestante a Pepe (alcalde), Pedro (teniente de alcalde), indistintamente, y a José Andrés (IDL) de forma separada. Estos pagos en metálico los tenía que justificar el manifestante a través de facturación falsa».
CUANDO TENÍA LIQUIDEZ
«Las cantidades a las que el manifestante hace referencia -aclara- suman un total de 90.000 ó 100.000 euros a cada uno de los individuos mencionados, repartidos en varios pagos de 30.000 ó 40.000 euros cada vez. Dichos pagos eran reclamados por dichos individuos en los días siguientes a los ingresos realizados al manifestante a través de la mercantil ACADI, es decir, cuando tenía liquidez. El manifestante hace constar que en esos momentos tenía numerosos empleados y que sufragar los gastos de éstos le suponían sumas de dinero que apenas podía soportar con los ingresos de ACADI. (...) Esos ingresos se los iban suministrando por medio de IDL y con absoluta manipulación por parte de los individuos mencionados, prevaliéndose de la situación que tenían sobre el manifestante para mantener esta situación de carencia económica sobre el mismo y así obligarle a aceptar los condicionantes de dicho pacto, en el cual para poder seguir recibiendo los ingresos por el trabajo realizado se veía obligado a seguir realizando los pagos mencionados. (...) Se encontraba agobiado, tenía miedo y dependía económicamente de ellos».
A continuación, Peñalver aseguró que Cesáreo Gil «era la persona de confianza de los responsables políticos de Librilla» y que «parte de la obligación de pagos dentro del Ayuntamiento a determinadas personas era también para pagar, mediante facturación, al Citado Cesáreo. Que la facturación que ACADI tuvo que pagar a Cesáreo Gil como compensación alcanzó la cantidad de 574.000 euros». Peñalver, el cantante, acabó reconociendo a los agentes que «siente temor por su propia vida y la de su familia y por las consecuencias que puedan ocurrir, a tenor de los hechos narrados, en su entorno familiar».
UNA CANTIDAD DESORBITADA
Con las jugosas confesiones del empresario y ex técnico municipal, la UCO elaboró un atestado en el que reseñaba que, según se deducía de los datos aportados por el propio Peñalver y de la documentación recabada de la Agencia Tributaria, «Domingo Peñalver pagó supuestamente a José Martínez García, Pedro Martínez Muñoz, José Andrés Cortés y Cesáreo Gil, la cantidad de 1.848.150,58 euros a cambio de realizar los trabajos que IDL encargaba a ACADI».
Horas después, los tres primeros eran detenidos y acababan dando con sus huesos en prisión. Unos días más tarde fue arrestado Cesáreo Gil. Quedó libre, pero con cargos.
