El juez investiga el 'pelotazo' del italiano Renato de Noce, que pudo tener información privilegiada al adquirir terrenos que se revalorizaron mucho
09.10.10 - 01:00 - RICARDO FERNÁNDEZ / La Verdad
MURCIA. El coco sigue rondando por Murcia. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que el pasado martes desencadenaron la redada en la que fueron detenidos tres sospechosos de corrupción urbanística, entre ellos el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, no han regresado a su cuartel de Madrid. Permanecen en la capital murciana realizando discretas gestiones en el marco de la 'Operación Umbra', como el registro de las sedes de las sociedades mercantiles que firmaron con el Ayuntamiento, entre los años 2001 y 2006, los seis convenios de la zona norte de Murcia que se hallan bajo sospecha.
Fuentes próximas a la investigación han confirmado que desde el pasado martes, en que se inició la operación y se produjeron los arrestos de Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el empresario italiano Renato de Noce, los especialistas de la Guardia Civil no han dejado de trabajar desde la sombra y han rastreado ya en un buen número de empresas promotoras en busca de documentación que pudiera aportar nuevos datos a la investigación.
La 'Operación Umbra' parte de la base de que las sociedades que firmaron convenios con el Consistorio, referidos a la zona norte del municipio -Nueva Condomina y sus alrededores-, pudieron recibir un trato de favor y no sólo vieron multiplicarse por cinco el aprovechamiento urbanístico de sus terrenos, permitiéndoles construir cinco veces más viviendas de las previstas inicialmente, sino que las compensaciones que por ello tuvieron que hacer al municipio habrían sido sospechosamente bajas. Tanto es así que, según informes técnicos aportados por el PSOE, las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar en torno a los 783 millones de euros. Un hecho que los representantes municipales vienen rechazando rotundamente, pues mantienen que la valoración que se hizo responde a criterios objetivos y fiables.
La veintena de sociedades que firmó los citados convenios, ahora bajo sospecha, son Fadesa Inmobiliaria S.L., Castillo de Larache S.L., Ideas y Desarrollos Urbanos S.L., Mediterráneo Hispagroup S.A., Tricenter Albamur S.L., Andrés Muñoz Cánovas, Nicolás y Bienert S.L., Profusa, Mirallevant S.L., Lo Navarro de Murcia S.A., Actividades e Inversiones Futuras 3000 S.L., Urbamur 2003 S.A., Visionaria S.L., Obralia del Sureste S.L., Agrumexport S.A., Ageco S.L., Euroland S.L. y Inveralrahu S.L. Las sedes de un buen número de estas mercantiles han sido ya registradas por los UCO en los últimos días.
Un dato, el de estos registros, que apunta a que las investigaciones no se van a quedar limitadas a tomar declaración a los tres detenidos y a los siete imputados en la primera fase de la operación, entre los que se cuenta el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper. De hecho, fuentes de la investigación apuntan a que entre los nuevos imputados, alrededor de una docena, estarían administradores y legales representantes de algunas de esas firmas.
Un gran pelotazo
El juzgado también investiga si uno de los detenidos el martes, el italiano Renato de Noce, pudo contar con información privilegiada, procedente del departamento de Urbanismo de Murcia, ya que apenas dos meses antes de que se firmara un convenio urbanístico del norte de Murcia adquirió terrenos en esa zona, lo que le permitió beneficiarse de las millonarias plusvalías.
