Tras dos horas de declaración, sigue imputado por delito fiscal, blanqueo e inducción a la prevaricación
16.10.10 - 01:10 - R. FERNÁNDEZ/ A. NEGRE | MURCIA./ La Verdad
Fue una declaración corta. De apenas dos horas. La mitad del tiempo que desde el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia se había calculado a priori. Jesús Samper Vidal, empresario y propietario del Real Murcia, abandonaba ayer el Palacio de Justicia de la capital hacia las 12.15 horas de la misma forma en que había entrado a las 9.40 horas: por su propio pie, rodeado de una auténtica marabunta de fotógrafos, cámaras de televisión y periodistas de una veintena de medios regionales y nacionales e imputado por los delitos que ya 'traía puestos de casa': inducción a la prevaricación y blanqueo de capitales. A éstos se sumó otro que le fue asignado en el juzgado: el de fraude fiscal o delito contra la hacienda pública. El juez no consideró oportuno imponerle fianza alguna, como tampoco otro tipo de medidas cautelares, como la obligación de comparecer de forma periódica en el juzgado.
El interrogatorio fue bastante genérico, según fuentes próximas al caso, y versó fundamentalmente sobre la manera en que se gestionó y salió adelante el convenio de Nueva Condomina, en el norte del término municipal de Murcia, las negociaciones con el Ayuntamiento de Murcia, y la manera en que se habrían fijado las compensaciones que recibió el municipio por el aumento del volumen de edificabilidad que pasó del 0,09 metros/metro cuadrado a 0,4 metros/ metro cuadrado. Este convenio vio la luz en el año 2001.
Otro aspecto que tampoco habría quedado al margen en la toma de manifestaciones de ayer se refiere al hecho de que el Consistorio hubiera eximido al empresario de la obligación de entregar el 10% del aprovechamiento urbanístico. Esto se traducía en una parcela de 40.000 metros cuadrados urbanizables que, por ley, debía de haber cedido a la ciudad y que el Consistorio consideró ya recibido por la construcción del estadio de fútbol.
El Ayuntamiento sólo acabó reclamando este terreno, obligado por una resolución judicial que había sido impulsada por terceros. En concreto, la demanda la había planteado Metrovacesa, empresa propietaria del centro comercial Thader, que no entendía que lo que le había sido exigido a ella no fuera de obligado cumplimiento también para Samper.
Aunque no se descartaba que el empresario pudiera mostrarse ayer poco colaborador a lo largo del interrogatorio, lo cierto es que no eludió respuestas a la gran mayoría de las cuestiones planteadas tanto por el instructor del 'caso Umbra', David Castillejos, como por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano. Pero el hecho de que el interrogatorio sólo durara dos horas apunta, según las fuentes citadas, a que «traía la lección bien aprendida y las respuestas estudiadas y preparadas».
Nada extraño, por otra parte, teniendo en cuenta que Samper ha dispuesto de una semana y media para preparar a conciencia su comparecencia en el juzgado desde que el martes día 5 se desencadenó la redada de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se presentaron en su domicilio para anunciarle que estaba imputado, y que iban a proceder a registrar sus dependencias particulares y las de algunas de sus empresas, como la de Sport Management & Project cuya sede social estaba en el mismo domicilio, y la de Santa Mónica, afincada en la madrileña Plaza de las Américas.
Prestigiosos abogados
En la línea de una comparecencia bien preparada, apunta también el hecho de que Samper acudiera acompañado, no sólo de su hermano, Juan Antonio Samper -también letrado -, sino también de Ignacio Ayala y Abraham Castro, integrantes y socios del prestigioso despacho madrileño Oliva-Ayala, liderado por el renombrado penalista Horacio Oliva y especializado en derecho penal económico y de la empresa, delitos fiscales, delitos de los funcionarios...
Las mismas fuentes del proceso insistieron, sin embargo, en restar importancia a la toma de manifestación de ayer. «Lo importante es el contenido de las investigaciones que se han realizado estos años y las pruebas que se han ido obteniendo». Además, ponían de manifiesto que, a día de hoy, ni siquiera han llegado los informes que está elaborando un exclusivo grupo de policías judiciales dependientes de la Fiscalía General Anticorrupción, con sede en Madrid. Ellos son quienes están analizando la abundante documentación intervenida en la vivienda y las empresas de Samper.
Igualmente, 'La Verdad' ha podido saber que la parte importante de la investigación se centra en indagar la aparente existencia de sociedades mercantiles y cuentas bancarias que el empresario tendría en el extranjero, presuntamente, según sospechan los investigadores, en algún paraíso fiscal.
Un dato que puede enlazarse con la circunstancia de que Samper esté siendo investigado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Estas pesquisas estarían tratando de determinar si esas sociedades estaban abiertas a nombre del propietario del Real Murcia o de terceras personas, así como si ha podido eludir, de esto modo, el pago de impuestos por las millonarias plusvalías que se habrían generado en esas operaciones urbanísticas en Murcia.
