14.03.09 -
J. P. PARRA MURCIA/ La Verdad
La conmoción por el asesinato de la médico María Eugenio Moreno en Moratalla ha dado paso a la reflexión acerca de lo sucedido y al análisis sobre la forma de evitar que algo así pueda repetirse. Sanidad se ha comprometido a revisar las medidas de seguridad en los centros sanitarios, especialmente en la red de Atención Primaria. El próximo miércoles, la Consejería reunirá a la comisión de seguimiento del Plan contra las Agresiones, formada por un grupo de expertos en la materia designados por las distintas áreas de salud.
La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, adelantó ayer que se examinarán «todas las actuaciones que se están llevando a cabo», informa Europa Press. Reverte recordó que el Plan contra las Agresiones se reúne trimestralmente para estudiar los refuerzos de seguridad en los centros conforme a la conflictividad en cada uno de ellos. «La seguridad existe, pero ante un hecho tan brutal como el que ha sucedido es muy difícil adoptar medidas».
La reunión del comité de expertos no es el único paso que se dará en los próximos días. Sanidad confirmó ayer que la semana que viene convocará también la mesa sectorial del Servicio Murciano de Salud, en la que están representados todos los sindicatos. Además, antes de Semana Santa se reunirá el comité de Seguridad y Salud Laboral. Las organizaciones sindicales acudirán a estas citas con la exigencia de que se amplíe el número de centros de salud que cuentan con personal de seguridad. En estos momentos, sólo 32 de los 75 ambulatorios de la Región disponen de vigilancia. El centro de Moratalla, donde se produjo el asesinato de la doctora Moreno, tuvo un guardia hasta el año 2003, pero fue retirado por estar situado en una zona de «bajo riesgo».
El Plan contra las Agresiones nació con objetivos muy ambiciosos. El secretario general del sindicato médico CESM, Ángel Victoria López, denunció el jueves que «la administración empezó colocando vigilantes en muchos centros, pero ese plan se estancó. Hay que recuperar esa línea».
Mano dura con los agresores
Pero los profesionales no sólo piden más seguridad, también mayor dureza contra los agresores. El martes por la mañana, la noticia del asesinato de la médico les llegó a los dirigentes del CESM justo en el momento en que mantenían una reunión con la Fiscalía de Murcia para exigir mano dura. Es una demanda que viene de lejos. Golpear o insultar a un sanitario ha sido considerado hasta ahora por los jueces y fiscales como un falta sancionada con multa. Médicos y enfermeros exigen que este tipo de actos se tipifiquen como atentado contra un funcionario público, lo que sería ya un delito castigado con hasta tres años de cárcel.
Hace dos semanas se registró en la Región la primera sentencia que recoge esta reivindicación. La víctima no fue un sanitario, sino una profesora de Cieza a la que golpeó en el año 2007 la tía de un alumno. El caso es perfectamente extrapolable a las agresiones a sanitarios. El Tribunal Supremo también ha dictado ya una sentencia en este mismo sentido: consideró un delito penado con cárcel el ataque sufrido por un médico catalán.
La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, adelantó ayer que se examinarán «todas las actuaciones que se están llevando a cabo», informa Europa Press. Reverte recordó que el Plan contra las Agresiones se reúne trimestralmente para estudiar los refuerzos de seguridad en los centros conforme a la conflictividad en cada uno de ellos. «La seguridad existe, pero ante un hecho tan brutal como el que ha sucedido es muy difícil adoptar medidas».
La reunión del comité de expertos no es el único paso que se dará en los próximos días. Sanidad confirmó ayer que la semana que viene convocará también la mesa sectorial del Servicio Murciano de Salud, en la que están representados todos los sindicatos. Además, antes de Semana Santa se reunirá el comité de Seguridad y Salud Laboral. Las organizaciones sindicales acudirán a estas citas con la exigencia de que se amplíe el número de centros de salud que cuentan con personal de seguridad. En estos momentos, sólo 32 de los 75 ambulatorios de la Región disponen de vigilancia. El centro de Moratalla, donde se produjo el asesinato de la doctora Moreno, tuvo un guardia hasta el año 2003, pero fue retirado por estar situado en una zona de «bajo riesgo».
El Plan contra las Agresiones nació con objetivos muy ambiciosos. El secretario general del sindicato médico CESM, Ángel Victoria López, denunció el jueves que «la administración empezó colocando vigilantes en muchos centros, pero ese plan se estancó. Hay que recuperar esa línea».
Mano dura con los agresores
Pero los profesionales no sólo piden más seguridad, también mayor dureza contra los agresores. El martes por la mañana, la noticia del asesinato de la médico les llegó a los dirigentes del CESM justo en el momento en que mantenían una reunión con la Fiscalía de Murcia para exigir mano dura. Es una demanda que viene de lejos. Golpear o insultar a un sanitario ha sido considerado hasta ahora por los jueces y fiscales como un falta sancionada con multa. Médicos y enfermeros exigen que este tipo de actos se tipifiquen como atentado contra un funcionario público, lo que sería ya un delito castigado con hasta tres años de cárcel.
Hace dos semanas se registró en la Región la primera sentencia que recoge esta reivindicación. La víctima no fue un sanitario, sino una profesora de Cieza a la que golpeó en el año 2007 la tía de un alumno. El caso es perfectamente extrapolable a las agresiones a sanitarios. El Tribunal Supremo también ha dictado ya una sentencia en este mismo sentido: consideró un delito penado con cárcel el ataque sufrido por un médico catalán.