Los empresarios lanzan otro duro comunicado acusando a la Comunidad de llevarles a la ruina. El anillo de autovías de Murcia también peligra
08.05.12 - 00:40 -
M. BUITRAGO | MURCIA./ La Verdad
Obras públicas anuladas por un valor de 21,5 millones de euros; y otras que llevan camino de quedar paralizadas por 10 millones más. Es la cara de los recortes en inversiones que está aplicando el Gobierno regional, y que ha desatado el malestar de la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región de Murcia, que ayer lanzó un comunicado acusando a la Comunidad Autónoma de llevarles a la ruina. Entre las obras anuladas en las últimas semanas incluye la Ronda Sur central de Lorca, la mejora de la carretera Benizar-Moratalla, el teatro Polivalente y auditorio Cehegín y una rotonda en Mula. La gota que ha colmado el vaso, según estos empresarios, es la amenaza de que se anulen también las obras de las costeras norte y sur de Murcia, en las que la Consejería de Obras Públicas debía poner este año su parte de 10 millones de euros.
En su nota, estos empresarios subrayan que «los graves hechos que están sucediendo en materia de licitación pública están condenando a las empresas contratistas de la Región a la ruina económica, imposibilitando el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo». «Desde hace meses, las distintas administraciones, con un claro afán propagandístico y manipulador, están anunciando la licitación de obras con consignación de partida presupuestaria para después, de manera unilateral, anular el proceso administrativo, obligando sin embargo a que las empresas tengan que incurrir en cuantiosos gastos de estudios técnicos y económicos, redacción de proyectos y constitución de garantías provisionales», indica la Cámara.
Sobre estas garantías, señalan que están sufriendo una «presión financiera innecesaria», porque aunque las licitaciones se anulen, en numerosas ocasiones transcurren meses hasta que las administraciones liberan el importe de dichas garantías, privando a las empresas de sus recursos financieros.
El último caso que a juicio de los contratistas es el de «mayor gravedad», tanto por la cuantía de la obra como por el número de empresas regionales que licitaron la misma, es el de la ejecución de varios tramos de las Costeras Sur y Norte del municipio de Murcia. «Sobre estas obras, las únicas de cierta importancia que estaban previstas acometer por el Ayuntamiento de Murcia en los próximos meses, pende la amenaza de la anulación del proceso de licitación al no haber cumplido la Administración regional su compromiso de financiación para abonar las partidas presupuestarias consignadas y ratificadas en el Convenio». Denuncia que los gastos ocasionados hasta la fecha a las empresas licitadoras han supuesto una cantidad superior al millón de euros. «En caso de producirse la anulación de la segunda fase de las costeras, el Ayuntamiento de Murcia también perdería cerca de un millón doscientos cincuenta mil euros en gastos de redacción de proyectos, estudios y visados de obra, lo que supondría una clara muestra de ineficacia en la gestión de los recursos públicos, y más en estos tiempos».
La Cámara de Obras Públicas, asociada a la Federación Regional de Empresarios de la Construcción, hace un llamamiento a las administraciones «para que las consideren como sus aliados para solventar esta crisis, en lugar de aplicar políticas encaminadas a la destrucción del tejido empresarial».
