El consejero Constantino Sotoca cree que el texto se podría tramitar en un plazo «de cuatro o cinco meses»
23.01.12 - 01:08 -
En un plazo «de cuatro o cinco meses», según el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, la Ley de Autoridad Docente puede estar preparada para ser remitida a la Asamblea Regional y ser aprobada. El anteproyecto de la ley ha pasado ya por la Mesa Sectorial de Educación, la Comisión de Directores de Primaria y la de Directores de Secundaria y la Mesa de la Concertada; órganos todos ellos que han informado favorablemente. La semana pasasa se remitió al Consejo Escolar de la Región de Murcia y el siguiente paso será el Consejo Jurídico. Una vez que emitan sus respectivos informes, el Consejo de Gobierno aprobará el inicio de su tramitación parlamentaria.
Desde el primer momento, la voluntad de Sotoca fue que esta ley contara con la participación de toda la comunidad educativa y así «poder enriquecerla». En concreto, Sotoca explicó que «ya ha pasado por los informes facultativos», estando pendientes los informes preceptivos.
Según precisó el consejero, «serán más de 25.000 los docentes que estén afectados por la atribución de Autoridad conforme a la Ley y que impartan cualquier tipo de enseñanza no universitaria de las recogidas en la LOE». «Esta Ley de Autoridad Docente, que era una de las prioridades de esta legislatura, responde a una demanda de la sociedad murciana que reconoce el importante papel que están jugando los docentes en la Región y la necesidad de apostar por un adecuado clima de convivencia y respeto en las aulas», puntualizó el consejero.
Objetivos
Los objetivos fundamentales de la misma son, por un lado, «reforzar el papel social que tiene ante la comunidad educativa el docente en el desempeño de sus funciones, haciendo valer su figura como parte esencial de ese proceso de aprendizaje y de desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlo» y, por otro lado, «establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución al considerarlo como autoridad pública». El texto legal propone su aplicación en todos los centros educativos de la Región que imparten enseñanzas regladas no universitarias, recogidas en la LOE, y se extendería tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.
En cuanto a la protección jurídica, las consecuencias más directas son «el reconocimiento de la condición de autoridad pública al docente y la presunción de veracidad de los hechos que constaten los docentes, además de la garantía de asistencia jurídica en caso necesario».
Según el anteproyecto de Ley, la condición de autoridad pública «se le confiere a todos los directores y miembros de los equipos directivos, así como a los docentes de la Región, que gozarán de la protección reconocida por el ordenamiento jurídico». En el caso de los centros privados, esta condición quedaría limitada al ámbito interno y disciplinario de las relaciones de los docentes con el alumnado. Por su parte, la presunción de veracidad implicaría que los hechos constatados por los docentes en el ejercicio de sus funciones, y siempre que lo formalicen por escrito, serían veraces salvo prueba en contrario.
Otro de los aspectos que recoge el anteproyecto de la Ley, que estará aprobada antes del verano, es la responsabilidad del alumno por los daños que puedan causar de forma intencionada o negligente como consecuencia de su comportamiento. En este caso, el alumno deberá reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.
