Cuatro sindicatos les acusan de apropiación indebida, estafa y deslealtad profesional y piden a la Fiscalía que abra una investigación
27.12.11 - 00:55 -
MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE./ la Verdad
Los antiguos directivos que llevaron a la CAM a ser intervenida por el Banco de España se encuentran cada vez más acorralados en los tribunales. A la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska por supuestas irregularidades en la gestión de la entidad se sumó ayer una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante presentada por los sindicatos Sicam, UGT, CCOO y Csica contra los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y el expresidente del consejo de administración Modesto Crespo.
La denominada Plataforma de Unidad Sindical de CAM creen que pudieron incurrir en delitos de estafa, deslealtad profesional y apropiación indebida al beneficiarse de sendas pensiones vitalicias a través de una póliza de previsión social suscrita con una compañía aseguradora en mayo del año 2007.
Según informó ayer CCOO, el escrito se fundamenta en que ese seguro «fue contratado sin la aprobación ni el conocimiento del Consejo de Administración», al que presentaron supuestamente «información manipulada» que podría afectar a los «estados financieros y contables» de la entidad.
La denuncia, facilitada a los medios, recoge la petición al Ministerio Público de una investigación que conduzca a «la anulación de la citada póliza».
Los denunciantes sostienen que el antiguo comité directivo de la caja firmó una póliza por valor de 57 millones de euros con Caser o Aegon («sin poder confirmar este extremo») para el periodo 2007-2013 con el fin de garantizar a sus trece miembros pensiones de por vida después de los 65 años.
La plataforma sindical sostiene que el consejo de administración no llegó a aprobar esa propuesta de la comisión de retribuciones, y por tanto tampoco pudo ser fiscalizado por la comisión de control.
El pago de la prima se había aplazado hasta 2013 pero acabó por adelantarse a 2010, mientras que algunos de los directivos beneficiados no cumplían supuestamente el requisito de haber pertenecido durante cinco años al comité de dirección. En otros casos, se contabilizó para el cálculo de las pensiones los incentivos y no únicamente las retribuciones fijas.
La propia CAM, a través de su directora de Órganos de Gobierno, María Carmen Fernández, admitió por escrito el pasado 21 de octubre que no le constaba la existencia de actas que refrendaran estos acuerdos o autorizaran la suscripción de la póliza y los sucesivos pagos.
Los denunciantes han acudido a la Fiscalía después de que los administradores de la entidad ignorasen su petición de información sobre el presunto fraude relativo a la pensión de Amorós, hechos que ya investiga Anticorrupción en Madrid. Adjuntan a su denuncia numerosas circulares emitidas entre 2007 y 2011 por la dirección general de la CAM donde se oculta presuntamente la firma de la polémica póliza y, por el contrario, se alaban los resultados cosechados, una información que la plataforma sindical califica de «manipulada, sesgada o distorsionada»
