La Agencia Tributaria recaudó 8.200 millones entre enero y octubre por el control de la economía sumergida
16.11.10 - 01:01 -
Los profesionales liberales -categoría que engloba a un grupo de actividades colegiadas, que generan ingresos altos y pueden realizarse por cuenta propia- son el nuevo objetivo del Ministerio de Hacienda de cara a 2011. Abogados, médicos, notarios, arquitectos, profesores o cualesquiera otros especialistas estarán bajo el foco de los inspectores de la Agencia Tributaria, en aplicación del Plan Integral de Prevención del Fraude Fiscal, aprobado en marzo pasado.
El director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, situó ayer el control del pago de impuestos por parte de estos profesionales entre sus prioridades para 2011. En un acto de la Asociación de Periodistas de Información Económica, López Carbajo evitó detallar los oficios con más probabilidades de caer bajo su lupa, pero señaló que el dispositivo que prepara «apunta alto y no solo se centra en dos o tres profesiones».
Los expertos de la Agencia Tributaria están recabando miles de datos relativos a esas personas. Según López Carbajo, el fisco pretende analizar sus movimientos bancarios con importes superiores a 3.000 euros, el uso de tarjetas de crédito y otros indicadores como su consumo eléctrico. Otras fuentes explicaron que se tendrán en cuenta también determinados «signos externos» de una riqueza que no se correspondan con los ingresos declarados, como la posesión de determinados inmuebles, yates, aviones privados o vehículos.
El próximo 1 de enero Hacienda debe recibir del sector financiero los datos de los ingresos o retiradas de efectivo por importe superior a 3.000 euros realizados por ciudadanos y empresas. La medida, anunciada a finales de 2008, entró en vigor para operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2010. El objetivo es investigar solo aquellos movimientos que, por su frecuencia y reiteración, resulten sospechosos de ocultar el uso de dinero negro.
Gastos disfrazados
El programa integral de lucha contra el fraude ya daba pistas de por dónde irán los controles. Explica que, en determinadas actividades, la evasión suele realizarse mediante «la inclusión de importantes conceptos de gastos, que pueden no ser reales o incluso, siendo reales, no ser deducibles fiscalmente, por faltar en ellos el requisito esencial de afectación a una actividad económica». Considera «frecuente» la inclusión en declaraciones tributarias de un volumen de gastos superior al real y la práctica de disfrazar consumos particulares (hostelería, alojamientos, viajes, amortización de inmuebles o vehículos) como gastos de actividades económicas.
López Carbajo desveló que, entre enero y octubre, Hacienda ingresó 8.200 millones por la lucha contra el fraude, un 25% más interanual. De ellos, 6.900 millones son fruto de actuaciones directas. Los otros 1.300 millones provienen de declaraciones extemporáneas, e incluyen los 260 millones procedentes de regularizaciones de capitales depositados en cuentas opacas del banco suizo HSBC.
