La consejera de Presidencia declara que no se ha planteado eliminar por completo estas ayudas, como ha propuesto CSIF
06.11.10 - 01:48 -
Recorte sí, supresión no. Esta es la respuesta del Gobierno regional a la petición realizada por el sindicato CSIF de eliminar todas las subvenciones que reciben los sindicatos para impartir cursos de formación a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.
La propuesta de CSIF, que ha desatado las críticas de UGT y CC OO, no figura en la agenda del Ejecutivo autónomo, según explicó ayer la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, María Pedro Reverte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La reducción del 20% en estas subvenciones, recogida en el proyecto de presupuestos de la Comunidad del próximo año, supondrá rebajar de 126.786 a 101.429 euros los fondos que los sindicatos con representación en la administración general (UGT, CC OO, CSIF y Sterm) reciben para cursos de formación a los funcionarios.
A juicio de María Pedro Reverte, la propuesta del eliminar por completo estas subvenciones «tendrá que ser debatida por los sindicatos en la Mesa de Formación», que es donde se formuló, al tiempo que reiteró que no es una medida que se haya planteado aplicar el Gobierno regional.
No hay duplicidad
CSIF basó su propuesta en los argumentos de austeridad y racionalidad en el gasto, ya que la Comunidad Autónoma dispone de una Escuela de Administración Pública que ofrece un amplio catálogo de cursos a los funcionarios y que podría gestionar los fondos que ahora reciben los sindicatos para formación. UGT acusó a CSIF de «hacerle el juego al Gobierno regional» con esta petición.
Al respecto, la consejera María Pedro Reverte explicó que las subvenciones que se otorgan a los sindicatos para cursos de formación a los empleados públicos son para complementar los programas que ofrece la Escuela de la Administración regional y que se coordinan conjuntamente en la Mesa de Formación, por lo que «no hay duplicidad» de cursos.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto sobre medidas de simplificación documental que suprime la obligación de aportar el DNI y otros diez documentos más en todos los trámites que realicen los ciudadanos con la Administración regional, según informó la consejera Reverte. La finalidad del decreto es reducir la carga burocrática que soporta el ciudadano y agilizar los trámites administrativos.