Considera irregular el permiso de obras concedido en 2002 por el ex alcalde de San Javier José Hernández para levantar los bloques, formados por 223 apartamentos La Opinión
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena ha anulado la licencia concedida en el año 2005 por parte del ayuntamiento de San Javier para la construcción de cuatro torres de apartamentos en la zona de Veneciola de La Manga del Mar Menor.
Los tribunales atienden así el recurso presentado por una comunidad de propietarios del polígono J-8 de Veneciola, afectada por las edificaciones, que denunció en el juzgado que los cuatro bloques de viviendas, que se encuentran prácticamente finalizados, "cuentan con una edificabilidad mayor de la permitida por las normas urbanísticas de San Javier e invaden terrenos del Dominio Marítimo Público", según señala la sentencia judicial.
La licencia de obras para la construcción de los cuatro edificios, que ofrecen 223 apartamentos, fue concedida en 2002 por el entonces alcalde de San Javier, el popular José Hernández, a una empresa cuyo propietario era el también ex alcalde José Ruiz Manzanares, ya fallecido. En el año 2005 la Junta de Gobierno aprobó transmitir la citada licencia de obras a otra mercantil, Asone S.L.. Entonces, los vecinos del polígono J-8 intentaron sin éxito en los juzgados impugnar la licencia, que consideran irregular por exceso de ocupación y volumen de los cuatro edificios y porque afecta a terrenos deslindados por la Demarcación de Costas del Estado.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso esta redacción, da un tirón de orejas al ayuntamiento de San Javier al considerar que no se llevó a cabo una regulación del polígono donde se construyeron los cuatro bloques antes de conceder la licencia. Además, señala que no se ha llevado a cabo la cesión al Ayuntamiento de 12.484 metros cuadrados para viales, aparcamientos y zonas verdes, como se preveía cuando se concedió el permiso de obras en el año 2002.
Los edificios ya están levantados y ahora el dilema está en si se derriban o no, aunque el juzgado de Cartagena no se ha pronunciado. Un portavoz de la comunidad de propietarios denunciante aseguró a este periódico que "la única salida posible es el derribo de los cuatro edificios, porque la licencia de obras que les concedieron no se tenía que haber otorgado nunca". Este portavoz asegura que el conflicto se hubiera evitado "si se hubieran paralizado las obras en su momento, como solicitamos".
