CincoDias.comPedro Saura García - 02/03/2010
La creciente preocupación por la evolución de los niveles públicos de endeudamiento nos debe llevar a reflexionar sobre su naturaleza y su relación con el marco institucional.
En nuestro país, la intensa descentralización de competencias producida nos ha llevado a que sean las comunidades autónomas las que gestionen la mayor parte, tanto del gasto público, como de nuestro déficit estructural, de forma que, cuando hablamos de contención del gasto, de saneamiento de las cuentas públicas, de reformas de la Administración, es imprescindible tener en cuenta lo que hacen las comunidades autónomas.
La forma en que el gasto público expulsaba al sector privado del sistema económico ha cambiado. La actual movilidad de capitales parecía haber volatilizado al denominado efecto expulsión, pues un país grande como EE UU ha podido financiar su déficit con financiación exterior sin restringir, antes al contrario, la financiación de su sector privado. En el marco de la Unión Monetaria ese efecto expulsión quedaría todavía más diluido como una externalidad hacia los otros socios, y éste era el principal motivo de las limitaciones que en Maastricht se impusieron a los déficits públicos.
De algún modo, el estricto papel que antes ejercía el tipo de interés ha sido trasvasado al diferencial que paga la deuda soberana, relacionado con la calidad crediticia del emisor y sintetizado en el rating. Se podría pensar que ello implica que los sectores público y privado de cada país compiten por separado en un mercado financiero global, pero ambos sectores comparten en los mercados financieros una misma denominación de origen que hace que la percepción de su calidad crediticia esté muy relacionada. De alguna forma, aunque la crisis haya relajado los controles políticos sobre la deuda de cada país, los mercados y las agencias de rating han sustituido con presteza a la Comisión Europea.
La misma argumentación que justifica las restricciones al endeudamiento en una zona monetaria integrada serviría para nuestras comunidades autónomas. Fitch emitía hace unas semanas sus previsiones para 2010 y revisaba de estable a negativa las emisiones de Canarias, Madrid, Murcia o País Vasco. La cuestión no es lo que una agencia diga, sino la evidencia de que necesitamos coordinar la respuesta del sector público español ante la crisis. Éste era el objetivo de la Conferencia de Presidentes, y falta por ver el coste que vamos a sufrir por el oportunismo que supone que el Partido Popular no esté dispuesto a compartir esa senda y prefiera caminar sólo en busca del rédito electoral.
En España hemos pasado en treinta años de tener uno de los sectores públicos más centralistas del mundo a tener uno de los más descentralizados, a través de un proceso gradual y desarrollado por Gobiernos de distinto signo a ambos lados de la corriente descentralizadora. El proceso implica fundamentalmente al gasto público y a la capacidad reguladora y en menor medida a la impositiva. Éste es un cóctel que explica, en última instancia, la mayor estabilidad de los Gobiernos autonómicos (el doble en términos de probabilidad de permanencia respecto al Gobierno de España) y que obstaculiza nuestra capacidad de ordenar las cuentas públicas.
En esta crisis y por primera vez, las comunidades tienen que asumir un sacrificio. Gestionan la mitad del gasto público corriente, y lo han venido haciendo con tasas de crecimiento más altas, de forma que el aumento de su gasto explica un 63% del aumento total desde 2004. Esos crecimientos no son sostenibles, salvo que se opte, como en la Región de Murcia, por sacrificar un 30% de la inversión, en una escena que recuerda a Chaplin alimentando la locomotora con la estructura del propio tren. No es posible en España plantear una estrategia de salida en términos de sostenibilidad fiscal sin contar con el compromiso de los Gobiernos autonómicos. Y no es lógico esperar que ese compromiso se dé si no existen mecanismos que generen los incentivos necesarios para ello. California es el ejemplo de que no es fácil, incluso en sistemas federales muy consolidados, pero por eso mismo es el gran reto al que va ligada la consolidación de nuestro sistema autonómico.
Pedro Saura García. Profesor de la Universidad de Murcia y secretario general del PSOE en Murcia
La creciente preocupación por la evolución de los niveles públicos de endeudamiento nos debe llevar a reflexionar sobre su naturaleza y su relación con el marco institucional.
En nuestro país, la intensa descentralización de competencias producida nos ha llevado a que sean las comunidades autónomas las que gestionen la mayor parte, tanto del gasto público, como de nuestro déficit estructural, de forma que, cuando hablamos de contención del gasto, de saneamiento de las cuentas públicas, de reformas de la Administración, es imprescindible tener en cuenta lo que hacen las comunidades autónomas.
La forma en que el gasto público expulsaba al sector privado del sistema económico ha cambiado. La actual movilidad de capitales parecía haber volatilizado al denominado efecto expulsión, pues un país grande como EE UU ha podido financiar su déficit con financiación exterior sin restringir, antes al contrario, la financiación de su sector privado. En el marco de la Unión Monetaria ese efecto expulsión quedaría todavía más diluido como una externalidad hacia los otros socios, y éste era el principal motivo de las limitaciones que en Maastricht se impusieron a los déficits públicos.
De algún modo, el estricto papel que antes ejercía el tipo de interés ha sido trasvasado al diferencial que paga la deuda soberana, relacionado con la calidad crediticia del emisor y sintetizado en el rating. Se podría pensar que ello implica que los sectores público y privado de cada país compiten por separado en un mercado financiero global, pero ambos sectores comparten en los mercados financieros una misma denominación de origen que hace que la percepción de su calidad crediticia esté muy relacionada. De alguna forma, aunque la crisis haya relajado los controles políticos sobre la deuda de cada país, los mercados y las agencias de rating han sustituido con presteza a la Comisión Europea.
La misma argumentación que justifica las restricciones al endeudamiento en una zona monetaria integrada serviría para nuestras comunidades autónomas. Fitch emitía hace unas semanas sus previsiones para 2010 y revisaba de estable a negativa las emisiones de Canarias, Madrid, Murcia o País Vasco. La cuestión no es lo que una agencia diga, sino la evidencia de que necesitamos coordinar la respuesta del sector público español ante la crisis. Éste era el objetivo de la Conferencia de Presidentes, y falta por ver el coste que vamos a sufrir por el oportunismo que supone que el Partido Popular no esté dispuesto a compartir esa senda y prefiera caminar sólo en busca del rédito electoral.
En España hemos pasado en treinta años de tener uno de los sectores públicos más centralistas del mundo a tener uno de los más descentralizados, a través de un proceso gradual y desarrollado por Gobiernos de distinto signo a ambos lados de la corriente descentralizadora. El proceso implica fundamentalmente al gasto público y a la capacidad reguladora y en menor medida a la impositiva. Éste es un cóctel que explica, en última instancia, la mayor estabilidad de los Gobiernos autonómicos (el doble en términos de probabilidad de permanencia respecto al Gobierno de España) y que obstaculiza nuestra capacidad de ordenar las cuentas públicas.
En esta crisis y por primera vez, las comunidades tienen que asumir un sacrificio. Gestionan la mitad del gasto público corriente, y lo han venido haciendo con tasas de crecimiento más altas, de forma que el aumento de su gasto explica un 63% del aumento total desde 2004. Esos crecimientos no son sostenibles, salvo que se opte, como en la Región de Murcia, por sacrificar un 30% de la inversión, en una escena que recuerda a Chaplin alimentando la locomotora con la estructura del propio tren. No es posible en España plantear una estrategia de salida en términos de sostenibilidad fiscal sin contar con el compromiso de los Gobiernos autonómicos. Y no es lógico esperar que ese compromiso se dé si no existen mecanismos que generen los incentivos necesarios para ello. California es el ejemplo de que no es fácil, incluso en sistemas federales muy consolidados, pero por eso mismo es el gran reto al que va ligada la consolidación de nuestro sistema autonómico.
Pedro Saura García. Profesor de la Universidad de Murcia y secretario general del PSOE en Murcia
