Gómez Bermúdez quiere averiguar si se valió de su cargo en la Comisión de Control para conseguir los préstamos
29.08.12 - 00:57 -
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha imputado por presunta apropiación indebida y administración desleal al expresidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), el murciano Juan Ramón Avilés. El magistrado tratará de averiguar si se valió de su posición para obtener créditos en la entidad.
Gómez Bermúdez investiga a Avilés tras haber admitido una querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la que se apuntaba que podría haberse valido de su posición de influencia en la entidad para conseguir créditos de la CAM para él mismo por valor de 17 millones de euros.
La querella del FROB, adelantada por el diario 'Expansión', sostiene que Avilés habría obtenido los créditos a través de cuatro sociedades distintas y se habría hecho con dietas irregulares en una sociedad participada por la caja que habrían ascendido a 300.000 euros. Además, solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que se le imponga una fianza de 2,8 millones de euros.
El Banco de España ya había acusado en abril a Avilés de ocultar a la Comisión de Control que estaba vinculado a una sociedad, La Vereda Sucina, que atravesaba serias dificultades y que pese a ello consiguió refinanciar sus deudas con la CAM en unas condiciones favorables. Avilés tendrá que declarar ante Gómez Bermúdez el 4 de septiembre. Se trata de la segunda causa sobre la gestión de la CAM que investiga el juez, que mantiene imputados en otro procedimiento a los exdirectores generales de la entidad María Dolores Amorós y Roberto López Abad; al exdirector general de Recursos, Vicente Soriano Terol; al exdirector de Planificación y Control, Teófilo Sogorb, y al expresidente Modesto Crespo.
A todos ellos el juez les ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros a petición del FROB tras imputarles la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida. Los cinco altos ejecutivos se habrían repartido 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figuraba en la carta de despido de Amorós.
La CAM fue intervenida el 23 de julio de 2011 y se sustituyó a sus administradores. Se aprobó además una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades supuestamente cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario. En diciembre, el nuevo Banco CAM fue adquirido por Banco Sabadell después de un proceso de subasta.
