El Banco de España se inclina por llevar ante los tribunales la gestión de la CAM
La demanda, de concretarse, se dirigiría contra los equipos directivos encabezados por Roberto López y Dolores Amorós, el presidente Crespo y los consejeros de los últimos años
G. B./ La Opinión Mes y medio después de que el Banco de España, el pasado 21 de julio, decidiera intervenirCaja del Mediterráneo, poniendo fin a 135 años de historia, el supervisor se muestra cada vez más decidido a llevar a los tribunales la gestión del equipo directivo de la caja alicantina encabezado porRoberto López, primero, y durante los últimos meses por María Dolores Amorós, así como la actuación del que fue hasta la intervención
presidente de CAM, Modesto Crespo, y de los consejeros que han formado parte del máximo órgano de gobierno de la institución en los últimos años, por entender que pueden haber incurrido en irregularidades.La denuncia ante los tribunales, de llevarse finalmente a cabo como todo a día de hoy indica que ocurrirá, aleja la posibilidad de una rápida adjudicación en subasta de la caja, dada la complejidad que los interventores nombrados por el Banco de España y los auditores externos están encontrando en la revisión de las cuentas de la entidad y de algunas de sus operaciones, además del propio volumen de ésta, que no en vano llegó a ser la cuarta caja de España, con unos activos cifrados en 75.000 millones de euros y unos depósitos que sobrepasaban los 42.000.No sería ésta la primera vez que los gestores de una caja intervenida acaban en los tribunales. Así ocurrió ya en el caso de la Caja de Castilla-La Mancha, que por el momento se ha saldado con multas de variado montante y con una sanción de 150.000 euros, junto a una inhabilitación por tres años, al que fuera presidente ejecutivo de la citada entidad, Juan Ignacio Hernández Moltó.Los interventores del Banco de España en la CAM están yendo más lentos de lo que ellos mismos preveían en la revisión de su contabilidad, hasta el punto de que si al principio se habló de una rápida adjudicación de la caja al mejor postor antes de que acabara septiembre, ahora algunas fuentes dudan de que la entidad alicantina sea enajenada este año.Aunque poco ha trascendido hasta el momento de los hechos concretos en los que se basaría la denuncia del Banco de España, algunos de ellos estarían relacionados con actuaciones de la caja no sólo no autorizadas, sino expresamente vetadas, por el supervisor, y que sin embargo se llevaron a cabo. En ese sentido, el último episodio estalló la pasada semana, cuando el Banco de España revocó la decisión de la CAM de recomprar las cuotas participativas y obligó a la caja a desconvocar la asamblea que con ese fin tenía fijada para el 16 de septiembre, pero el conflicto venía desde muy atrás, porque según fuentes cercanas al supervisor, tanto la institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez como la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores habían comunicado a la cúpula de la CAM que no permitirían dicha recompra. Las mismas fuentes citan ahora como operaciones realizadas a pesar de no tener autorización y que el Banco de España consintió «a toro pasado», la compra de la entidad mexicana Crédito Inmobiliario, por la que CAM desembolsó 140 millones de euros en su día y a la que el año pasado tuvo que inyectar otros 150 millones, el 80% de su inversión empresarial de 2010.México es uno de los puntos «calientes» del balance de la CAM. Los interventores del Banco de España desplazados a Alicante no han entrado a fondo a revisar las operaciones realizadas por la entidad en los últimos años en el país azteca y Costa Rica, de la mano de Hansa Urbana, de la que posee casi un 25% de las acciones, y de otro grupo empresarial originario de Benidorm, en el que comparte sociedades con participación minoritaria. Tanto Roberto López como Amorós han negado siempre que hubieran actuado jamás a espaldas del Banco de España.
presidente de CAM, Modesto Crespo, y de los consejeros que han formado parte del máximo órgano de gobierno de la institución en los últimos años, por entender que pueden haber incurrido en irregularidades.La denuncia ante los tribunales, de llevarse finalmente a cabo como todo a día de hoy indica que ocurrirá, aleja la posibilidad de una rápida adjudicación en subasta de la caja, dada la complejidad que los interventores nombrados por el Banco de España y los auditores externos están encontrando en la revisión de las cuentas de la entidad y de algunas de sus operaciones, además del propio volumen de ésta, que no en vano llegó a ser la cuarta caja de España, con unos activos cifrados en 75.000 millones de euros y unos depósitos que sobrepasaban los 42.000.No sería ésta la primera vez que los gestores de una caja intervenida acaban en los tribunales. Así ocurrió ya en el caso de la Caja de Castilla-La Mancha, que por el momento se ha saldado con multas de variado montante y con una sanción de 150.000 euros, junto a una inhabilitación por tres años, al que fuera presidente ejecutivo de la citada entidad, Juan Ignacio Hernández Moltó.Los interventores del Banco de España en la CAM están yendo más lentos de lo que ellos mismos preveían en la revisión de su contabilidad, hasta el punto de que si al principio se habló de una rápida adjudicación de la caja al mejor postor antes de que acabara septiembre, ahora algunas fuentes dudan de que la entidad alicantina sea enajenada este año.Aunque poco ha trascendido hasta el momento de los hechos concretos en los que se basaría la denuncia del Banco de España, algunos de ellos estarían relacionados con actuaciones de la caja no sólo no autorizadas, sino expresamente vetadas, por el supervisor, y que sin embargo se llevaron a cabo. En ese sentido, el último episodio estalló la pasada semana, cuando el Banco de España revocó la decisión de la CAM de recomprar las cuotas participativas y obligó a la caja a desconvocar la asamblea que con ese fin tenía fijada para el 16 de septiembre, pero el conflicto venía desde muy atrás, porque según fuentes cercanas al supervisor, tanto la institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez como la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores habían comunicado a la cúpula de la CAM que no permitirían dicha recompra. Las mismas fuentes citan ahora como operaciones realizadas a pesar de no tener autorización y que el Banco de España consintió «a toro pasado», la compra de la entidad mexicana Crédito Inmobiliario, por la que CAM desembolsó 140 millones de euros en su día y a la que el año pasado tuvo que inyectar otros 150 millones, el 80% de su inversión empresarial de 2010.México es uno de los puntos «calientes» del balance de la CAM. Los interventores del Banco de España desplazados a Alicante no han entrado a fondo a revisar las operaciones realizadas por la entidad en los últimos años en el país azteca y Costa Rica, de la mano de Hansa Urbana, de la que posee casi un 25% de las acciones, y de otro grupo empresarial originario de Benidorm, en el que comparte sociedades con participación minoritaria. Tanto Roberto López como Amorós han negado siempre que hubieran actuado jamás a espaldas del Banco de España.
