La Asociación de Promotores Inmobiliarios, CROEM y distintas asociaciones y colegios profesionales afirman que la vivienda protegida se había convertido en el último refugio del sector de la construcción
05.08.10 - 13:07 -
A. PÉREZ / EFE MURCIA / La Verdad
05.08.10 - 13:07 -
A. PÉREZ / EFE MURCIA / La Verdad
La inversión de 47 millones de euros en la Región, 5.000 empleos directos y el acceso a una primera vivienda se perderán con la supresión de la ayuda pública a la adquisición de VPO según el manifiesto contrario a tal medida que esta mañana han suscrito la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Region (Apirm), Croem y otras instituciones relacionadas con el sector de la construcción.
"Los abajo firmantes quieren manifestar su frontal oposición a las medidas propuestas por el Gobierno de la Nación por las que se suprimirán las ayudas a la compra de vivienda protegida", así arranca el manifiesto, que califica de "contracíclica y totalmente desafortunada para la actual coyuntura económica" la decisión tomada por el Ministerio de Vivienda.
"Es un nuevo decretazo que se impone sin escuchar a las empresas y a los trabajadores, es un nuevo y gravísimo error a los ya incurridos en los últimos años", ha explicado Juan Hernández, presidente de Apirm. "Si la medida propuesta por el Gobierno de España se lleva a cabo, la Región dejará de percibir del Estado 47 millones de euros en ayudas y se dejarán de construir más de 2.000 viviendas", ha añadido.
Los firmantes argumentan que la ayuda estatal es un "apoyo financiero básico e imprescindible para el acceso a una vivienda". Y creen que el recorte mermará las posibilidades de adquirir un techo para "gran parte de la población". Resaltan que se trata de una "ayuda histórica" destinada a las familias con menos recursos. Por lo que califican la futura medida de "antisocial e insolidaria" que afectará a 2.000 familias, tantas como casas dejarán de construirse.
Advierten sobre la defunción del sector
"Las medidas provocarán una nueva paralización del sector y tendrán consecuencias perniciosas sobre el empleo", señala el manifiesto. Sus promotores recuerdan que por cada vivienda que se construye se generan 2,5 puestos de trabajo, por lo que serían 5.000 los empleos que no se crearán, además del efecto multiplicador en actividades y servicios accesorios de sectores como arquitectos, albañiles, carpinteros, pintores, fontaneros.
Los firmantes advierten de que la VPO se había convertido en el último refugio que mantenía actividad, por lo que esta medida puede suponer "la defunción del sector". Y recuerdan que la supresión de ayudas viene a sumarse al fin de la deducción fiscal por vivienda que entrará en vigor en 2011.
Las medidas "también causarán un efecto negativo en cuanto a la recaudación fiscal", tanto de ayuntamientos como de Comunidad Autónoma, "tan necesaria en la coyuntura actual", tal y como resalta el manifiesto. En el texto que lo acompaña se esgrime que el retorno fiscal por inversión en vivienda está en torno al 60%, por lo que de la inversión bruta de 240 millones de euros en las mencionadas 2.000 viviendas en juego el Estado recuperaría 144 millones, aunque a través de otras administraciones distintas a la subvencionadora.
Los promotores lamentan además que desde que se hizo pública la medida, el pasado 27 de julio, el sector no ha recibido más información, por lo que denuncian la incertidumbre y la inseguridad jurídica que padecen, "lo que está suponiendo que muchas de las familias que estaban en proceso de adquirir una vivienda se estén echando atrás".
Apirm ha solicitado también por carta a los tres partidos con representación parlamentaria y a los sindicatos principales que rechacen públicamente la eliminación de las ayudas a la VPO y junto con Frecom hará llegar a las empresas del sector un documento dirigido a los trabajadores con el objetivo de explicarles cómo esta medida puede generar el cierre de un elevado número de empresas y, por lo tanto, la pérdida de sus empleos.
Suscriben y han firmado el manifiesto los presidentes de Croem, Frecom, la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apirm), la Asociación de Empresarios de la Construcción de Cartagena, la patronal de Lorca, Thaderconsumo y los decanos de los colegios de Aparejadores, Ingenieros Técnicos, Ingenieros de Telecomunicaciones, Agentes de la Propiedad e Ingenieros de Caminos. El sector de la construcción murciano ha sido el primero en "alzar la voz" contra la supresión de ayudas a la VPO, según resalta el comunicado.
"Los abajo firmantes quieren manifestar su frontal oposición a las medidas propuestas por el Gobierno de la Nación por las que se suprimirán las ayudas a la compra de vivienda protegida", así arranca el manifiesto, que califica de "contracíclica y totalmente desafortunada para la actual coyuntura económica" la decisión tomada por el Ministerio de Vivienda.
"Es un nuevo decretazo que se impone sin escuchar a las empresas y a los trabajadores, es un nuevo y gravísimo error a los ya incurridos en los últimos años", ha explicado Juan Hernández, presidente de Apirm. "Si la medida propuesta por el Gobierno de España se lleva a cabo, la Región dejará de percibir del Estado 47 millones de euros en ayudas y se dejarán de construir más de 2.000 viviendas", ha añadido.
Los firmantes argumentan que la ayuda estatal es un "apoyo financiero básico e imprescindible para el acceso a una vivienda". Y creen que el recorte mermará las posibilidades de adquirir un techo para "gran parte de la población". Resaltan que se trata de una "ayuda histórica" destinada a las familias con menos recursos. Por lo que califican la futura medida de "antisocial e insolidaria" que afectará a 2.000 familias, tantas como casas dejarán de construirse.
Advierten sobre la defunción del sector
"Las medidas provocarán una nueva paralización del sector y tendrán consecuencias perniciosas sobre el empleo", señala el manifiesto. Sus promotores recuerdan que por cada vivienda que se construye se generan 2,5 puestos de trabajo, por lo que serían 5.000 los empleos que no se crearán, además del efecto multiplicador en actividades y servicios accesorios de sectores como arquitectos, albañiles, carpinteros, pintores, fontaneros.
Los firmantes advierten de que la VPO se había convertido en el último refugio que mantenía actividad, por lo que esta medida puede suponer "la defunción del sector". Y recuerdan que la supresión de ayudas viene a sumarse al fin de la deducción fiscal por vivienda que entrará en vigor en 2011.
Las medidas "también causarán un efecto negativo en cuanto a la recaudación fiscal", tanto de ayuntamientos como de Comunidad Autónoma, "tan necesaria en la coyuntura actual", tal y como resalta el manifiesto. En el texto que lo acompaña se esgrime que el retorno fiscal por inversión en vivienda está en torno al 60%, por lo que de la inversión bruta de 240 millones de euros en las mencionadas 2.000 viviendas en juego el Estado recuperaría 144 millones, aunque a través de otras administraciones distintas a la subvencionadora.
Los promotores lamentan además que desde que se hizo pública la medida, el pasado 27 de julio, el sector no ha recibido más información, por lo que denuncian la incertidumbre y la inseguridad jurídica que padecen, "lo que está suponiendo que muchas de las familias que estaban en proceso de adquirir una vivienda se estén echando atrás".
Apirm ha solicitado también por carta a los tres partidos con representación parlamentaria y a los sindicatos principales que rechacen públicamente la eliminación de las ayudas a la VPO y junto con Frecom hará llegar a las empresas del sector un documento dirigido a los trabajadores con el objetivo de explicarles cómo esta medida puede generar el cierre de un elevado número de empresas y, por lo tanto, la pérdida de sus empleos.
Suscriben y han firmado el manifiesto los presidentes de Croem, Frecom, la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apirm), la Asociación de Empresarios de la Construcción de Cartagena, la patronal de Lorca, Thaderconsumo y los decanos de los colegios de Aparejadores, Ingenieros Técnicos, Ingenieros de Telecomunicaciones, Agentes de la Propiedad e Ingenieros de Caminos. El sector de la construcción murciano ha sido el primero en "alzar la voz" contra la supresión de ayudas a la VPO, según resalta el comunicado.
